Sánchez descarta alternativas al estado de alarma frente a las críticas de socios y oposición

La más expresiva en su apelación al presidente del Gobierno fue la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas: “No se puede ir hoy de aquí sin decirnos qué va a hacer el 9 de mayo”. A Pedro Sánchez se lo estaban reclamando también, con palabras parecidas, no solo el PP, sino algunos de los socios del Ejecutivo, encabezados por un enérgico PNV. Pero el presidente no se movió de sus posiciones en su comparecencia de este miércoles en el Congreso: ni tiene planes para prolongar el estado de alarma, después de que expire el próximo 8 de mayo, ni cree necesaria una reforma legal urgente para dar poderes a las comunidades frente a lo que varias fuerzas políticas de todo el espectro ideológico aventuran como una situación de “inseguridad jurídica”.

¿Qué va a hacer entonces el Gobierno en los cuatro meses transcurridos entre el fin del estado de alarma y el momento en que, según sus previsiones, se alcanzará la inmunidad de grupo, a finales de agosto? Básicamente, según explicó Sánchez, “vacunar, vacunar y vacunar”. Y dejar que sean las comunidades autónomas las que decidan si hay que aplicar restricciones a la vida social. Como hasta ahora, pero sin el amparo legal del estado de alarma. El presidente está convencido de que los gobiernos autonómicos disponen de “herramientas legales” suficientes para, por ejemplo, restringir la movilidad. Y en último término, subrayó, sus decisiones estarán sometidas al control judicial. Por lo demás, Sánchez llamó a encarar la nueva situación con “unidad” política, “coordinación” entre Administraciones y “responsabilidad individual”.

El líder socialista se sometió durante más de cinco horas a otro intenso debate parlamentario a fin de dar cuenta de la gestión de la pandemia y del plan para la inversión de los multimillonarios fondos europeos. Se extendió sobre todo en esto último, con un abrumador despliegue de cifras, incluidos los 27.000 millones de euros que el Ejecutivo cree que podrá empezar a invertir en el segundo semestre del año y, con ello, dar un empujón a la economía. También con el calendario de vacunación, que Sánchez mantuvo intacto pese al cambio de planes obligado por las cautelas ante los fármacos de Astra Zeneca y Janssen. “España tiene ya un horizonte de salida”, aseguró. Sus explicaciones no lograron que, también en este asunto, las críticas se extendieran por los cuatro puntos cardinales de la Cámara. El reproche más repetido, falta de comunicación y diálogo con los grupos para intercambiar propuestas sobre el plan.

Menos interés mostró el presidente en hablar del próximo fin del estado de alarma, aunque el debate posterior le arrastró a regañadientes. Renunciar a una nueva prórroga no es una decisión definitiva, solo una “intención”, como se cuidó de definir, que dependerá de la evolución de la pandemia y de las “recomendaciones científicas”. Para ser solo un propósito, el presidente lo defendió sin fisuras contra el viento de la oposición y la marea de algunos de sus socios principales.

Hablar de estado de alarma siempre es un asunto enojoso para el PP. No hay unanimidad entre sus barones y además el partido, como le recordaron Sánchez y otros portavoces de la izquierda, ya ha probado todas las fórmulas de votación cada vez que el tema se ha sometido al refrendo del Congreso: sí, no y abstención. Así que Pablo Casado evitó entrar en la cuestión de si se debe prolongar la excepcionalidad jurídica y volvió a la carga con su idea de reformar la normativa sanitaria para dar nuevos poderes a las comunidades autónomas. Ya ha registrado una iniciativa al respecto y, según Casado, se podría sacar adelante en 15 días por la vía de urgencia.

Esa alternativa jurídica también la defendió el PNV, aunque su portavoz, Aitor Esteban, fue menos optimista sobre los plazos y abogó por ampliar mientras tanto el estado de alarma. Esteban se desempeñó con más dureza de la habitual. Dijo que la actitud de Sánchez es una “temeridad”, porque las comunidades autónomas, según él, no tienen competencias para decretar toques de queda y los tribunales tampoco han fijado una doctrina única sobre la aplicación de las restricciones. En posiciones similares se situaron Ciudadanos, PDeCAT, Compromís o PRC. Íñigo Errejón, de Más País, habló de “desorden institucional”. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, sostuvo sin rodeos lo que su paisano Esteban se había limitado a insinuar: “Están usando esto como arma para ganar unos votos en Madrid. Es insultante”.

El fragor de las elecciones madrileñas no podía quedarse sin reverberar en un debate así. Se vio en el tono airado con que arrancó el líder del PP. “¿Usted quién se cree que es?”, le soltó de entrada al presidente. Luego lo trató de “gafe” y le negó cualquier papel en la negociación de los fondos de la UE, cuyo mérito atribuyó en exclusiva al PP europeo. En la réplica a Casado, se destapó el Sánchez más irónico: “Siempre hemos tenido ahí su apoyo, su aliento... Tenemos que aprender mucho de usted. Es usted una enciclopedia”.

Pero nadie se adentró en las tormentas de la campaña madrileña con el afán de combate de Santiago Abascal. El líder de Vox había subido a la tribuna con una misteriosa cartera marrón. No la abrió hasta el final de su discurso y de allí sacó uno de los adoquines que, según él, le lanzaron durante su accidentado mitin de la pasada semana en Vallecas. Antes llamó “sinvergüenza” e “individuo peligroso” al secretario general del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago. Y habló de “enfrentamiento civil”, aunque para afirmar que no es su partido quien lo alienta.