La fiesta de Urquijo hace agua

El presidente del tribunal dice que pase el siguiente testigo y aparece un señor de mediana edad, traje a medida, pañuelo negro con lunares blancos en el bolsillo delantero de la americana, cabello gris peinado con laca y secador y unas hechuras de galán maduro que hacen juego con la voz profunda que surge desde detrás de la mascarilla.

—Don Javier Oñate, no tengo su segundo apellido.

—Pina, con pe de Pamplona.

Las videoconferencias son prácticas, y puede que más seguras en tiempos de covid, pero nada comparable a ver al testigo de cuerpo entero. Es el penúltimo de una jornada que se presenta gris. De los seis citados, tres son a propuesta de los abogados defensores de Gonzalo Urquijo, el arquitecto que se encargó de la reforma de la sede del PP. Los otros tres son un empresario que aparece en los papeles de Luis Bárcenas como donante habitual de la caja b, el galán maduro —que resulta ser el empresario que suministró el mobiliario nuevo de la sede de Génova 13— y un antiguo empleado del PP que se encargaba de los asuntos audiovisuales.

La sala está tan vacía como siempre. La única novedad es que ha regresado al banquillo el arquitecto Urquijo. Al dueño de Unifica le gusta supervisar las declaraciones de quienes trabajan o trabajaron a su cargo, y hoy les toca el turno a dos asesores fiscales y una abogada mercantilista.

—El día que se publicaron los papeles de Bárcenas —cuenta la abogada Mercedes Bravo— me llamó Gonzalo bastante alterado y me dijo, oye, aparece mi nombre en la prensa. Se trajo al despacho un montonazo de documentación y estuvimos reunidos tres horas.

El interrogatorio de los abogados de Urquijo a los colaboradores de Urquijo es una coreografía perfecta. Los dos asesores fiscales se esfuerzan en dejar claro que ellos nunca vieron nada raro. Que no hay gato encerrado en las cuentas declaradas por la empresa de arquitectura, a pesar de que sus dueños, el citado Urquijo y Belén García, ocultaban una millonada en países tan habituales en las crónicas sobre corrupción como Suiza o Luxemburgo. El caso es que la credibilidad de los testigos de la defensa hace agua en cuanto toma la palabra la abogada del Estado Rosa María Seoane.

—¿Usted solo tenía conocimiento de la documentación que le facilitaba Urquijo?

—Correcto.

Los asesores admiten ante Seoane que ni veían las facturas, ni controlaban que coincidieran las fechas de estas con las entregas de las obras. “No entraba en ello. Eso es una labor de auditoría”, admite uno. Tampoco sabían nada los asesores fiscales de esas fortunas que sus clientes ocultaban en el extranjero y que regularizaron en 2012, con el permiso del exministro Cristóbal Montoro. Uno de ellos se excusa: “No me dijeron nada y yo, por prudencia, tampoco pregunté”.

—¿Y en la documentación aparecía algún indicio de esa renta oculta?— vuelve a la carga la abogada del Estado.

—No.

La jornada se inaugura con el testimonio de otro de los empresarios que aparece como donante en los papeles de Bárcenas. Adolfo Sánchez García admite que solía ir por la sede del PP, pero no en su calidad de vicepresidente de Aerco, una asociación de constructoras de obra pública, sino como presidente de la Federación Española de la Tartamudez. Niega, en esa línea que se ha puesto tan de moda en el juicio, que él sea el “Adolfo Sánchez” que apuntó el extesorero como donante de 88.500 euros. Insiste en que siempre se acercó a la sede del PP, como también a la del PSOE, para reclamar ayuda a los tartamudos.

—O sea —le echa un cable un abogado defensor— que usted al PP siempre fue a pedir y nunca a dar...

—¡Y tanto!