El Constitucional decidirá sobre el ‘procés’ sin sus expertos en derecho penal

La renuncia de dos magistrados del Constitucional a participar en las sentencias del procés, tras ser recusados por las defensas, ha supuesto una complicación sobrevenida que deja en el aire la respuesta del tribunal sobre aspectos clave de los recursos de los líderes independentistas. Sobre todo, en tres cuestiones: la inmunidad que adquirió Junqueras como eurodiputado, y si esta situación debió implicar la paralización del juicio y consiguientemente de la sentencia del Supremo; la supuesta vulneración de derechos fundamentales de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, al frente de la movilización social durante el procés, pero sin cargo público; y la inviolabilidad de Carme Forcadell en su anterior condición de presidenta del Parlament.

En el último año ha venido trabajando en el Constitucional una comisión de letrados dedicada al estudio de los recursos sobre los hechos del procés. Esta comisión estaba dirigida por los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde Pumpido, los dos que han terminado absteniéndose. Ahora, el grupo de letrados ha quedado descabezado cuando están pendientes de redactarse los borradores definitivos de las sentencias en que se abordarán asuntos cruciales de las impugnaciones.

La comisión, en todo caso, no se queda sin coordinación, ya que sigue al frente, como hasta ahora, el secretario general adjunto del Constitucional, Juan Carlos Duque. En principio, los dos magistrados que se han apartado de los casos del procés no van a ser sustituidos por otros miembros del tribunal, pero Conde Pumpido y Narváez eran los dos únicos especialistas en derecho penal con que cuenta el tribunal entre sus magistrados. El primero fue fiscal del Estado y magistrado de la Sala Penal del Supremo y el segundo jefe de la Fiscalía ante el propio Constitucional, entre otros puestos.

La abstención de estos dos magistrados supone, por tanto, que los recursos presentados por los condenados por el procés —con excepción de los correspondientes a Meritxell Borràs y Carles Mundó, que ya han sido rechazados—, serán abordados y resueltos por un tribunal sin presencia de especialistas en derecho penal.

Y esta situación genera ciertas incertidumbres. En primer lugar, sobre la posibilidad de que ahora —cuando ya se han apartado para favorecer la confianza en el tribunal— se impugnen anteriores resoluciones en las que sí participaron. Y en segundo término, sobre los eventuales efectos de la abstención de dichos especialistas en penal en las decisiones del Constitucional.