Jueces para la Democracia califica de “violación arbitraria” el acceso policial a un piso turístico para impedir fiestas ilegales

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JPD) ha defendido este viernes la inviolabilidad del domicilio, diez días después de conocerse que la policía se ampara en una orden interna para entrar sin autorización judicial. Las imágenes de policías que derribaban la puerta de una vivienda de la calle Lagasca de Madrid, el 21 de marzo, generaron la polémica. A través de un comunicado, la asociación de tendencia progresista ha calificado de “injerencia o violación arbitraria” el acceso policial a un piso turístico “sin satisfacer las exigencias constitucionales” para impedir el desarrollo de fiestas ilegales. Además, ha recordado que el estado de alarma y la situación generada por la pandemia de covid-19 “no justifican la supresión” de las “garantías básicas”.

La asociación hace hincapié en el carácter de derecho fundamental que tiene la inviolabilidad del domicilio, ya que “con él se pretende salvaguardar un ámbito reservado de la vida de las personas excluyéndolo del conocimiento de los demás”. Además, JPD recuerda que “el domicilio constitucionalmente protegido es todo aquel en el que la persona desarrolla un ámbito de privacidad”, sin importar el tipo de título jurídico que habilite su uso. Por tanto, según la asociación, “un piso turístico o una habitación de hotel pueden constituir domicilio” y no estaría justificado la entrada de la policía a estos sin orden judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó el pasado 31 de marzo el acceso policial al piso de calle Lagasca amparándose en que “en estas circunstancias actuales, muchos inmuebles se utilizan única y exclusivamente para realizar fiestas ilegales, no para vivir ni para realizar la intimidad propia”.

En su contundente nota, Juezas y Jueces para la Democracia destaca que sin la inviolabilidad del domicilio los ciudadanos carecen de lugar en el que refugiarse. “Nuestra dignidad se disuelve”, asegura la asociación, que compara la situación actual con la realidad reflejada en novelas distópicas como Nosotros (1924), del escritor ruso Evgueni Zamiatin, de la que dice describe “una sociedad en la que los ciudadanos vivían en edificios construidos con un cristal que cancelaba cualquier atisbo de intimidad”. Además, el comunicado recuerda que esa situación provocaba que los ciudadanos estuvieran a la “mirada de los guardianes” encargados de velar por “la sumisión y obediencia acríticas de las normas establecidas”.

También compara JPD la excepcionalidad derivada del estado de alarma con la novela 1984 (1948), de George Orwell, de la que dice que refleja cómo “una sociedad transparente acaba siendo una sociedad de siervos”. La asociación recuerda que el acceso al domicilio requiere “del consentimiento del morador, de la existencia de una autorización judicial o de la comisión de un delito flagrante”. Además, recalca que la inviolabilidad domiciliaria solo puede suspenderse bajo el estado de excepción o de sitio, y no así con el estado de alarma.

La actuación policial que generó la polémica quedó recogida en un vídeo en el que se ve a una joven negarse a abrir la puerta los agentes si estos no le enseñaban una orden judicial. Tras un intercambio de palabras, los policías abrieron la puerta con un ariete. Las 14 personas que se encontraban en su interior fueron propuestas para sanción por incumplir las medidas sanitarias contra la pandemia. De ellas, nueve fueron detenidas por supuesta desobediencia grave. Tanto en el atestado del incidente del 21 de marzo, como en el de otro similar, de un día después, los agentes alegaron que entraron sin orden judicial amparados por la ley de seguridad ciudadana y una orden interna emitida días antes por Interior para aplicar las medidas acordadas por Sanidad y las comunidades para frenar la covid-19. Diversos juristas tildaron la actuación de “desproporcionada”.