El Gobierno reta al PP a pedir en las Cortes prorrogar el estado de alarma

El Gobierno mantiene su posición. Ni cambiará el plan de vacunación, que se mantiene pese a los problemas con AstraZeneca, ni renuncia a su idea de no prorrogar el estado de alarma el 9 de mayo. El Ejecutivo cree que el PP está haciendo “juego político” con este asunto. Miembros del Gobierno consultados señalan que si los populares realmente quieren una prórroga, aunque sea breve, como está planteando el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lo que deberían hacer es pedirla en el Congreso y ofrecer sus votos.

El Ejecutivo no tiene intenciones de prorrogar más tiempo el estado de alarma en España salvo que los datos de la pandemia se disparen en las tres próximas semanas. De hecho se decidió regular una prórroga muy larga, de seis meses, con la intención, si era posible, de no agotarla.

El Gobierno recuerda que el PP rechazó varias veces los decretos del estado de alarma durante la pandemia y que en el debate para aprobar la última prórroga, la actual, se abstuvo. Sánchez ha sufrido muchas veces para lograr los apoyos necesarios para aprobar las distintas prórrogas y la nueva, de producirse, llegaría en un momento especialmente delicado para cualquier negociación, en plena campaña de las elecciones madrileñas y con ERC aún pendiente de sacar adelante la investidura de Pere Aragonès.

El Ejecutivo no tiene ningún incentivo político para someterse de nuevo a la presión que supone buscar esos apoyos parlamentarios. Pero es que además, desde el punto de vista del control de la pandemia, La Moncloa cree que con el ritmo de vacunación previsto, con todos los mayores de 80 años con la pauta completa a mediados de mayo, debería bastar con los instrumentos jurídicos que tienen las autonomías. Las normas vigentes les permiten tomar decisiones muy drásticas, como cerrar todo el comercio y la restauración —Cataluña lo hizo sin estado de alarma—.

Lo que no se podrá hacer sin estado de alarma, según el criterio jurídico que se maneja en La Moncloa, es el toque de queda, que limita un derecho fundamental. Los toques de queda decaerán, pues, ese día 9 de mayo, aunque se pueden compensar con el cierre de hostelería o salas de ocio nocturno a la hora que establezcan los distintos gobiernos autonómicos.

Por todas estas razones, el Gobierno tiene la intención de no entrar al debate que está planteando el PP. Además, los presidentes autonómicos socialistas parecen cómodos con la posibilidad de que no se prorrogue el estado de alarma, y en el Gobierno creen que las dudas expresadas por algunos dirigentes regionales del PP se irán disipando en las próximas semanas.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, defiende la posibilidad de prorrogar hasta la segunda semana de junio el estado de alarma siempre que la incidencia de contagios por 100.000 habitantes siga “tan alta como ahora”.

El estado de alarma permite a los gobiernos autonómicos limitar la libertad de movimientos de sus ciudadanos, fijar el horario del toque de queda o establecer confinamientos perimetrales en aquellas zonas donde la incidencia del coronavirus sea más alta.

En cualquier caso, si los datos de contagios y ocupación hospitalaria empeoraran mucho, el Gobierno se reserva la posibilidad de recuperar la idea de la prórroga y someter un nuevo decreto a la aprobación en el Congreso de los Diputados. El presidente no la descartó por completo, aunque dijo que La Moncloa trabaja para que la prórroga no sea necesaria y eso es lo que se va a intentar en las próximas semanas.

La ocupación hospitalaria y el número de contagios son muy inferiores hoy a los registrados el 29 de octubre pasado cuando se aprobó el decreto que prolongaba durante seis meses el estado de alarma en España.

Antes de que el presidente Pedro Sánchez informase en conferencia de prensa de su intención de no prorrogar el estado de alarma, la número tres del PP, Ana Beltrán, y la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, evitaron aclarar la postura de su partido ante esa posibilidad. Desde el inicio de la pandemia, el PP ha utilizado todos los votos posibles —sí, no y abstención— y su líder, Pablo Casado, se ha referido a menudo al estado de alarma como un “estado de excepción encubierto”.

Plan alternativo

Tanto la dirección nacional del Partido Popular como los gobiernos autonómicos populares reclaman hace tiempo un plan jurídico alternativo, que pasa, sobre todo, por la modificación del artículo 3 de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, para limitar las entradas y salidas de zonas afectadas por el virus y controlar el movimiento de personas. El Gobierno rechaza esta idea.

Sin embargo, el Consejo de Estado acaba de dar un espaldarazo al argumentario del PP sobre una legislación específica para estos casos al incluir, en el informe sobre el recurso de anticonstitucionalidad de la ley de salud gallega, el siguiente párrafo: “El análisis de la cuestión debatida permite al Consejo de Estado sugerir que el contenido de la Ley Orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte mayor detalle y concreción, en orden a proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo grave para la salud pública”.

Casado tiene difícil llevar al Congreso una petición de prórroga del estado de alarma sin demoler todas sus declaraciones de los próximos meses. Y los barones, aunque también reclaman ese plan b jurídico, estarían más amparados con una prórroga del estado de alarma.

Los presidentes autonómicos consultados por este diario advierten de que la situación “puede cambiar radicalmente” de aquí a un mes, cuando concluya el estado de alarma, como señala, por ejemplo, el andaluz, Juan Manuel Moreno; consideran el levantamiento “precipitado”, en palabras del murciano, Fernando López Miras, y creen que el fin del estado de alarma les aboca a dar “un doble salto mortal” y a que las restricciones que impongan a partir de ese momento puedan ser anuladas en los tribunales de justicia, como señala el mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo.