Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, rechaza haber blanqueado dinero para Sito Miñanco

Gonzalo Boye Tuset, abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, ha presentado un recurso contra el auto de procesamiento dictado por la juez María Tardón que le implica en un supuesto blanqueo de capitales vinculado a las actividades del también procesado José Ramón Prado Bugayo, alias Sito Miñanco, condenado por narcotráfico. Boye niega todas las imputaciones, considera “arbitraria y parcial” la decisión de procesarle y entiende que se ha “criminalizado” su actividad como abogado.

La juez Tardón atribuye a Boye haber intervenido en la confección de contratos falsos para recuperar casi un millón de euros, supuestamente procedentes del narcotráfico y propiedad de Sito Miñanco, que fueron intervenidos en el aeropuerto de Barajas en 2017 al también procesado en esta causa Manuel González, supuesto hombre de paja de Miñanco. Según la instructora, con esa documentación se pretendía justificar que el origen del dinero era lícito. Boye es abogado de Miñanco y de la persona a la que se le intervino el dinero, Manuel González.

Boye asegura que él no confeccionó tales contratos y afirma que ni en los registros que decretó el juzgado en su vivienda, despacho y de su teléfono móvil no se halló nada relacionado con esos contratos, y lamenta que su procesamiento se ampare en versiones contradictorias de dos testigos que le sitúan en su despacho en sendas reuniones del 8 y 14 de febrero de 2017 en las que supuestamente se decidió elaborar tales contratos, y a las que asistieron Miñanco y otras dos personas. Según explica Boye, las pruebas de geolocalización de los teléfonos de las personas que los testigos enclavan en esas reuniones acreditan que ninguno de ellos, ni él tampoco, estaban en su despacho esos días.

Boye asegura en su recurso que hay animadversión de la juez hacia él por su condición de abogado de líderes independentistas y expone que en las fechas de las citadas reuniones él estaba a “cientos de kilómetros” de Madrid. Asimismo, indica que los testigos que le implican actúan así para erigirse en colaboradores y obtener beneficios en esta y otras causas. Sus imputaciones son el resultado, sostiene Boye, del “tratamiento judicial como colaborador” que de momento le ha otorgado el juzgado a uno de ellos, aunque sus testimonios “choquen tozudamente con los datos objetivos”.

El escrito destaca que el dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas “ni se estaba blanqueando” ni era de Miñanco. Ese dinero, precisa en el recurso, era “transportado en abierto incumplimiento de las normas administrativas [no penales] que regulan la exportación de capitales”, y su destino eran unas inversiones del también procesado Manuel González, a quien se le intervino el dinero, en una empresa de su propiedad radicada en Colombia.

La juez señala que Boye cobró 10.000 euros por participar en la confección de los contratos falsos para recuperar el dinero y que así consta en anotaciones intervenidas en los registros. Señala Boye: “Que tales anotaciones permiten inferir que el abogado Boye Tuset cobró del procesado Prado Bugayo [Sito Miñanco] la cantidad de 10.000 euros, tal y como sostiene el auto de procesamiento, en sí mismo es ya una absoluta arbitrariedad; y pasar de ahí a sostener, sin más, que lo anterior corrobora las afirmaciones de los dos coimputados en el sentido de que Boye Tuset (en su condición de abogado de González y su familia), falsificó unos contratos alterando la fecha para su posterior utilización ante el SEPBLAC, resulta un silogismo delirante”.

Otro de los testigos de cargo de Boye es el también procesado en esta causa Manuel Andrés Puentes Saavedra. Este, según Boye, “obtuvo la libertad provisional, tras un año y siete meses de prisión, días después de prestar declaración incriminatoria contra mí”. Boye señala también que el juzgado “no ha informado a las autoridades colombianas de la posible participación de Puentes Saavedra “en el asesinato de otro coinvestigado, Santiago Quintero Marín”.

Boye añade: “Mi actuación se limitó a realizar las alegaciones correspondientes ante el SEPBLAC, con aportación de toda aquella documentación que le entregó Manuel González para solucionar el expediente administrativo abierto a raíz de la incautación del dinero de González en Barajas”. “Pretender criminalizar el trabajo de un abogado”, añade, “bien en función de a quién defiende o qué casos lleva es un ataque directo al derecho defensa tan preciado para cualquier sociedad democrática y Estado de derecho”.