El Gobierno nombra a una jueza de enlace con Bélgica

El Gobierno ha elegido a la fiscal Paloma Conde-Pumpido como jueza de enlace con Bélgica, para que atienda en especial las relaciones con la justicia belga y, en concreto, las cuestiones referidas a la causa del procés.

En medios del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se ha acogido de forma favorable esta decisión y se cree que una iniciativa así debió haberse tomado hace tiempo, cuando surgieron las primeras dificultades con los jueces belgas para que considerasen los planteamientos y las peticiones de la justicia española.

Un juez de enlace es una suerte de embajador de la justicia española en el extranjero. Hasta ahora los ha habido en Francia, Italia, Marruecos, Estados Unidos y Reino Unido, donde siguen estando, pero nunca en Bélgica. La función que ahora queda en manos de Paloma Conde-Pumpido –fiscal que procede de la Fiscalía Antidroga– tendrá además las mismas competencias con respecto a Luxemburgo y Países Bajos. Y ese hecho da relevancia al nombramiento de la nueva jueza, ya que Luxemburgo es la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los Países Bajos, del Tribunal de La Haya y de Eurojust, la oficina encargada de la cooperación policial y judicial para el seguimiento de las euroórdenes de detención. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, presentó este lunes a su colega belga, Vicent Van Quickenborne, a la nueva jueza de enlace, en una entrevista por vía telemática.

La fecha de incorporación efectiva de Paloma Conde-Pumpido –prima del ex fiscal general Cándido Conde Pumpido, en la actualidad magistrado del Tribunal Constitucional– no se ha establecido aún, hasta que el BOE publique el nombramiento. Además, Bélgica tiene en vigor medidas de confinamiento y cuarentena para las personas que inician estancia en el país, de modo que no son de esperar actuaciones inmediatas, derivadas de la designación, en relación con el levantamiento de la inmunidad del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su actual condición de eurodiputado, y de los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

El nombramiento de Conde-Pumpido es, más bien, una apuesta a medio y largo plazo para la mejora de las relaciones tanto con la justicia belga como con instituciones judiciales clave a escala europea. En el primero de los casos, están muy deterioradas por las sucesivas negativas de los jueces a la entrega de Puigdemont, y, más recientemente, por la denegación de la misma petición para el exconsejero Lluís Puig, que no era eurodiputado, y por tanto no se beneficiaba de la prerrogativa de la inmunidad.

Por otra parte, la designación coincide con la nueva cuestión prejudicial planteada por el juez Llarena, instructor de la causa del procés, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para evitar que los jueces belgas puedan aplicar las razones esgrimidas para no acceder a la entrega de Puig también a Puigdemont, Comín y Ponsatí, en el caso de que el Tribunal Supremo vuelva a dictar contra ellos nuevas órdenes de detención europeas.

La competencia del Supremo para juzgar el procés fue cuestionada por los jueces belgas, decisión que el juez Llarena ha estimado carente de base, en la medida en que implica una interpretación errónea e improcedente de la propia legislación española sobre las competencias de los distintos órganos judiciales del país. En febrero, el Constitucional reprochó a la justicia de Bélgica desconocer las atribuciones del alto tribunal.