Delgado atribuye a la Fiscalía que “aflore” el dinero negro del rey emérito

La fiscal general del Estado atribuyó este martes a la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el rey emérito que este haya decidido presentar dos regularizaciones de fondos sin declarar ante la Hacienda española. “Gracias a esta investigación”, afirmó Dolores Delgado ante la Comisión de Justicia del Congreso, se ha permitido que “aflore una cantidad importante e incluso inimaginable” de dinero negro. Según Delgado, esas regularizaciones “seguramente” van a aportar “más datos” que facilitarán “nuevas investigaciones y comprobaciones” sobre el anterior jefe del Estado.

La fiscal general salió así al paso, durante su comparecencia en el Congreso, de las críticas de portavoces de grupos de la izquierda y nacionalistas, que achacaban a la Fiscalía del Supremo pasividad en la investigación abierta el pasado junio sobre el patrimonio de Juan Carlos I. La máxima representante del ministerio público alegó que la Fiscalía “no ha dejado de trabajar” sobre el caso en ningún momento, aunque “al ritmo que ha permitido la cooperación internacional”. Delgado adujo también que las indagaciones deben respetar “las garantías constitucionales del investigado” y desarrollarse “con absoluta reserva, aun a riesgo de que se hable de inacción”. Justamente en el momento de rebatir esas críticas fue cuando Delgado defendió que las declaraciones voluntarias de Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria constituyen una consecuencia directa de la actuación del equipo “altamente cualificado” de la Fiscalía del Tribunal Supremo que se ocupa del caso.

Era previsible que a Delgado le esperara un chaparrón en la Comisión de Justicia del Congreso y ni siquiera la larguísima intervención inicial de la fiscal general, de más de dos horas y repleta de datos para explicar las memorias de su departamento de 2018 y 2019, logró aplacarlo. Menos del PSOE, a Delgado la acribillaron a críticas desde todo el espectro político, incluido el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, cuyo diputado Enrique Santiago fue uno de los que le reprochó con más claridad la “falta de acción” de la Fiscalía en los escándalos del rey emérito, además de la “permisividad” del ministerio público ante las manifestaciones de grupos neonazis. Las críticas del portavoz de UP no evitaron que la derecha acusase a Delgado de no actuar contra esa formación y que el parlamentario del PP Luis Santamaría la tildase de “la más leal servidora del señor Sánchez y del señorío de Galapagar”.

A Delgado, en realidad, la acusaron a la vez de una cosa y de la contraria, según de donde venían los ataques. Los independentistas la crucificaron por las acciones de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament y contra el tercer grado penitenciario de los condenados por el procés, y la derecha por haber consentido que estos participasen en la campaña de las últimas elecciones catalanas. EH Bildu le echó en cara que no se indaguen las denuncias de torturas de presos de ETA, mientras que Vox le recriminaba no perseguir los homenajes a miembros de la banda excarcelados y el PP, no esclarecer los más de 300 crímenes de la organización terrorista sin resolver desde hace años

En su furor contra Delgado, el popular Santamaría llegó a dar veracidad al bulo de un falso “anuncio de boda” entre un miembro de la Fiscalía Anticorrupción y una abogada de Podemos. Y aseguró que su partido no participará en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promovida por el Ministerio de Justicia mientras Delgado permanezca en el cargo. Javier Ortega Smith, de Vox, exigió actuaciones para ilegalizar a toda clase de grupos, desde los que “facilitan la inmigración ilegal”, a los que promueven la ocupación de viviendas o los disturbios callejeros. Además de tachar al Gobierno de “criminal”, Ortega Smith replicó con estas palabras a la intervención inicial de Delgado, en la que la fiscal había criticado con mucha vehemencia a los grupos que niegan la violencia machista: “No hay ideología de género, lo que hay son chiringuitos feminazis”.

Frente a los reproches por su pasado como ministra de Justicia y diputada del PSOE, en los que se extendió también Ciudadanos, Delgado subrayó que en la mayoría de los países europeos es el Gobierno quien designa a los fiscales del Estado. Pese a eso, se mostró partidaria de algún tipo de reforma legal para que la propia carrera fiscal y la “sociedad civil” participen en la elaboración de una lista de candidatos previa entre la que debería elegir el Ejecutivo. No fue la única reforma que propugnó. La fiscal general también es partidaria de rebajar las penas por los delitos de odio, con el fin de que algunos se salden con multas o la imposición de trabajos comunitarios en lugar de condenas de cárcel.