El sindicato de técnicos de Hacienda pide que se investiguen los préstamos a Juan Carlos I

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), cree que la Agencia Tributaria debe investigar los préstamos que una decena de empresarios y amigos le han hecho al rey emérito para que pague los 4.395.901,96 euros de su segunda regularización fiscal. En opinión de Cruzado, “hay indicios de que no se trata realmente de créditos, sino de donaciones”.

Si las contribuciones se hubieran presentado como donaciones, habrían tenido que tributar al menos a un tipo del 40%, ya que no existe relación de parentesco entre los benefactores y el beneficiario. En cambio, al presentarse como préstamos, no tienen que pagar impuestos.

Sí existe obligación, matiza Cruzado, de presentar una declaración del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), aunque sea bonificado al 100%; y también los contratos de los créditos, que la Agencia Tributaria debe comprobar, para verificar el tipo de interés (que puede ser al 0%) o el plazo de devolución.

Las dudas de que se trate realmente de préstamos reembolsables se basan en la avanzada edad del rey (83 años) y en su escaso patrimonio declarado. Juan Carlos I perdió el año pasado la asignación de casi 200.000 euros anuales que cobraba de los Presupuestos del Estado y en su entorno aseguran que carece de fondos en el extranjero, tras haber entregado en 2012 a Corinna Larsen 65 millones de euros que le transfirió el rey de Arabia Saudí. Su único ingreso sería su pensión como capitán general de los ejércitos en la reserva.

El presidente de Gestha reconoce que, si la documentación está en regla, es muy difícil demostrar el carácter fraudulento de un crédito, ya que solo el paso del tiempo permite comprobar si se reclama su devolución, pero añade que Hacienda debe aclarar cuál es la naturaleza real de las operaciones financieras, más allá de la formal.

“Es relativamente habitual que se hagan préstamos simulados para encubrir donaciones”, agrega Cruzado, quien subraya que se trata de una forma de fraude tributario. En ese caso, al tratarse de cantidades millonarias, se superan con mucho los 120.000 euros del delito fiscal.

Esta es la segunda regularización fiscal que realiza Juan Carlos I. En diciembre pasado abonó 678.393 euros de deuda fiscal por los fondos que, entre 2016 y 2018, le suministró el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Entonces el rey emérito consiguió el dinero a través de una línea de crédito bancaria.