Josu Ternera niega las acusaciones en su primera cita con la justicia española tras su arresto en Francia

La primera comparecencia del exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, ante la justicia española desde su arresto en mayo de 2019 en Francia se ha saldado este miércoles con la lectura por parte del antiguo jefe etarra de sendos textos en los que niega su implicación en dos de las causas por las que España reclama su entrega. Desde el Tribunal de París, ciudad en la que permanece en libertad vigilada bajo control telemático, Ternera ha sido informado por videoconferencia por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de los autos en los que se le procesa por un atentado de 1980 en Vitoria que costó la vida a Luis María Hergueta, directivo de la empresa Michelin, y por la financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas, locales a los que acuden simpatizantes de la izquierda abertzale radical. Por la última de estas causas, las autoridades galas ya han autorizado de manera definitiva su entrega, aunque esta no será efectiva hasta que Urrutikoetxea, de 70 años, sea juzgado y, en el caso de ser condenado, cumpla allí la pena por los delitos que se le acusan al otro lado de la frontera.

Durante las dos declaraciones indagatorias que han acompañado a este trámite judicial —una por cada causa—, Ternera ha rechazado contestar a las preguntas del juez, la Fiscalía y las acusaciones para, a continuación, leer sendos textos que tenía preparados en español y francés. En el caso del asesinato del directivo de Michelin, Urrutikoetxea ha asegurado que aquel atentado no lo cometió ETA-militar, sino otra de las ramas de la organización terrorista que a comienzo de los años ochenta estaba operativa, la llamada ETA político-militar o ETA p-m, y que, por tanto, él no tuvo ninguna participación en él, ya que no estaba encuadrado en esta última, según detallan fuentes jurídicas presentes en el acto. En este sentido, el exdirigente etarra ha asegurado que el sumario recoge un informe policial que adjudica dicho atentado a ETA p-m y que, de hecho, esta organización terrorista incluso lo reivindicó en una de sus publicaciones internas.

‘Herriko tabernas’

En el caso de la financiación de la banda armada a través de las herriko tabernas, Ternera ha asegurado no recordar haber participado en las cuatro reuniones en las que la investigación policial le sitúan, según el auto de procesamiento dictado en 2015 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En estos encuentros, celebrados entre mayo de 2000 y marzo de 2001, Ternera y otros dirigentes de Batasuna acordaron supuestamente vías de financiación para el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), una amalgama de organizaciones que era controladas por ETA. Por estos hechos, el Tribunal Supremo, condenó, en 2015, a otros 20 dirigentes de Batasuna a penas de hasta un año y tres meses de prisión por un delito de colaboración con organización terrorista. El alto tribunal también ratificó entonces el decomiso de 107 herrikos, para su subasta “en beneficio del Estado”. Este comenzó a ejecutarse el pasado abril, en pleno estado de alarma por la pandemia.

Este miércoles, Urrutikoetxea ha asegurado que no recordaba haber participado en las reuniones de las que se le acusa y ha recordado que en aquellos meses era miembro del Parlamento vasco por Euskal Herritarrok, la marca electoral de la izquierda abertzale, y en su condición de cargo electo mantuvo numerosas reuniones con representantes de la sociedad civil, sindicatos y otras asociaciones en locales de estos o de su propio partido. Ternera ha negado también que entonces estuviera integrado en ETA y ha achacado la apertura de aquella causa al intento de los tribunales españoles de “criminalizar la política”. Urrutikoetxea terminó huyendo y pasando a la clandestinidad 20 meses después de la última de esas reuniones, en noviembre de 2002, después de que el Tribunal Supremo le citara a declarar por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza que costó la vida a 11 personas, seis de ellas niños, en 1987, otra de las causas por la que ahora España reclama a Francia su entrega.

Desde aquella huida, y durante 17 años, el exdirigente etarra permaneció en paradero desconocido hasta que el 16 de mayo de 2019 agentes de la Guardia Civil y la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) francesa lo arrestaron cuando iba a entrar en un centro médico de la localidad alpina francesa de Sallanches para tratarse de un cáncer que sufre. En prisión provisional desde entonces, el 30 de julio del año pasado la justicia francesa le concedió la libertad vigilada. Desde esa fecha, Ternera vive en un apartamento de París que puede abandonar varias horas al día bajo el control de una pulsera de control telemático. Urrutikoetxea tiene dos causas pendientes con la justicia francesa por las que ya fue condenado cuando estaba en la clandestinidad, pero cuyo juicio el dirigente etarra ha solicitado repetir. En una, se le impuso una pena de ocho años de prisión. Está previsto que las nuevas vistas se celebren en la primera mitad de 2021.

Tras su arresto en 2019, la Audiencia Nacional reactivó dos euroórdenes y otras tantas demandas de extradición —el instrumento jurídico utilizado antes de la creación de las euroórdenes en 1993— contra el histórico dirigente etarra. Además de por la financiación de ETA y el crimen del directivo de Michelín, la justicia española reclama a Ternera por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. También le reclamaba para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad en un sumario en la que también están encausados otros exjefes de ETA como Garikoitz Aspiazu, Txeroki; Mikel Carrera, Ata, y Ángel Iriondo, Gurbitz. De las cuatro causas, el Tribunal Supremo francés ya ha acordado la entrega por las de la financiación de ETA y el atentado de Zaragoza, y debe aún resolver el recurso presentado por Ternera contra la decisión de hacerlo también por el atentado mortal de 1980. La justicia francesa rechazó en julio la petición para la causa por crímenes de lesa humanidad al estimar que ese delito no existe en el código penal galo.