El juez que investiga la caja b del PP pide toda la documentación que la trama Kitchen robó a Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado este miércoles un auto en el que pide a su compañero el magistrado Manuel García-Castellón parte de la abundante documentación recopilada por este durante la investigación del caso Kitchen, sobre el espionaje ilegal en 2013 a Luis Bárcenas. Pedraz quiere incorporarla a la pieza que mantiene abierta por la caja b del PP dentro del macrosumario del caso Gürtel. En concreto, el juez reclama declaraciones judiciales de algunos de los principales implicados y grabaciones intervenidas al comisario José Manuel Villarejo, pero sobre todo aquella documentación que la trama policial sustrajo al extesorero durante aquel operativo ilegal y que ahora ha podido ser recuperada.

Pedraz, que ha asumido la investigación de los últimos flecos del caso Gürtel tras la marcha del anterior titular del juzgado, José de la Mata, busca con ello documentar nuevos nexos de los pagos reflejados en los llamados papeles de Bárcenas con la adjudicación de contratos públicos por parte de Administraciones gobernadas por el PP y, con ello, el delito de cohecho. Esta línea de investigación, descartada hace un lustro por la dificultad para demostrar la supuesta relación entre los pagos al partido y las adjudicaciones, fue reabierta por la Policía el pasado septiembre gracias, precisamente, a la información recabada durante otra causa por corrupción, el caso Lezo, en el que el principal implicado es el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Dentro de esta línea, Pedraz ya ordenó el pasado diciembre indagar en 23 adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de José María Aznar por valor de casi 600 millones de euros.

Ahora, el juez reclama, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, “las partes o fragmentos de las declaraciones efectuadas en sede judicial” como imputados por los comisarios Enrique García Castaño —que colabora con la justicia y ha admitido el robo de esa documentación— y Villarejo en las que ambos se refieren a los documentos que guardaba Bárcenas. También el testimonio de Sergio Ríos, el exchófer del extesorero convertido en confidente policial, quien facilitó información sobre dónde podía ocultar Bárcenas los documentos comprometedores para el PP que la trama policial quería sustraerle. Además, el magistrado pide el contenido del volcado de los dos teléfonos móviles de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, que García Castaño confesó haber realizado, y que fue posteriormente entregado al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado en el caso Kitchen. El magistrado destaca que la información contenida en ambos dispositivos fue facilitada por este policía en una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional.

En su auto, el juez del caso Gürtel también pide testimonio de aquellos mensajes que el ex número dos de Interior intercambió con el entonces ministro Jorge Fernández Díaz, y que protocolizó en dos actas notariales, en los que se “verifique la existencia de información sobre la localización de documentos, o mención a su existencia, que hubieran estado en poder o a disposición de Luis Bárcenas”. Además, reclama algunas de las grabaciones que realizaba Villarejo, y que le fueron intervenidas cuando fue detenido en 2017. Entre ellas, los audios de sus conversaciones con García Castaño y el empresario Adrián de la Joya, en las que se “revelen la existencia de documentos que guardaba, o tenía a su disposición” el extesorero del PP.

El magistrado también quiere incorporar a la causa aquellos informes o expedientes que Villarejo tuviera sobre las empresas Constructora Hispánica SA y Licuas SA así como de los presidentes de ambas, Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpéceres. Estas dos sociedades figuran como supuestos donantes de dinero en la caja b del PP que recogen los papeles de Bárcenas. García Pozuelo, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I, confesó durante la vista que pagó al cabecilla de aquella trama, Francisco Correa, a cambio de obras en Castilla y León. El empresario aparecía en nueve ocasiones en los papeles de Bárcenas entre 1998 y 2006 con aportaciones de entre 12.000 y 60.000 euros, que suman más de 258.000. Por su parte, Molpéceres figuraba como supuesto donante de 60.000 euros a la caja b del PP.

Además, Pedraz pide copia de las llamadas “notas informativas” (documentos internos policiales que Villarejo entregaba a sus superiores) en los que el comisario ahora jubilado revelaba la existencia de documentos ocultos de Bárcenas, así como una copia de los documentos pertenecientes al extesorero del PP que hubieran sido localizados en los domicilios de Francisco Martínez y el chófer Sergio Ríos “o la información que ayude a su localización”, así como toda aquella que se encontrara en poder de otros implicados en la trama “tanto en papel como digitales [...] y que consten en su forma original o bien hayan sido volcados a otros dispositivos informáticos adquiridos durante el transcurso de las actuaciones”.