España y el Reino Unido negocian un acuerdo de cooperación militar tras el Brexit

España y el Reino Unido están negociando un convenio en materia de seguridad y defensa como pieza fundamental de la nueva etapa de cooperación que se quiere abrir una vez consumado el Brexit, el pasado día 1. Dicho acuerdo, según fuentes diplomáticas españolas, incluirá la lucha contra el yihadismo, la ciberdefensa o las misiones militares conjuntas; pero también “medidas de confianza” sobre la base británica de Gibraltar, fuente de continuos roces entre los dos países.

El Reino Unido es, junto con Francia, la principal potencia militar europea, poseedora de una fuerza nuclear propia y de un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero, por decisión de Londres, el acuerdo de retirada de la UE sellado el pasado 24 de diciembre no incluye ningún capítulo sobre política exterior y defensa, lo que deja un amplio campo para la cooperación bilateral.

Descartado, al menos por el momento, el foro europeo (donde el Reino Unido nunca fue un socio muy activo, sino más bien al contrario), la cooperación militar con Londres se limita ahora al marco de la Alianza Atlántica, a la que ambos países pertenecen. En el terreno bilateral, los acuerdos militares con Londres son escasísimos: un canje de notas de 1985 sobre cooperación en material y equipos de Defensa y un acuerdo sobre intercambio de información clasificada de 2015.

La realidad, sin embargo, desborda con mucho ese escueto marco legal: la compañía británica BAE Systems es socio clave del avión de combate Eurofighter, el mayor programa de armamento en el que participa España; y Rolls-Royce es, mientras no materialice su propósito de desprenderse de ella, dueña de ITP, principal empresa española de motores.

El objetivo es firmar un ambicioso acuerdo que comprenda todos los campos de cooperación en materia de defensa: la lucha contra el yihadismo, la ciberdefensa o la realización de misiones militares conjuntas.

Un acuerdo de este tipo con el Reino Unido no puede, sin embargo, ignorar la existencia de la base militar de Gibraltar. La presencia de esta base en el sur de España ha sido objeto de continuos roces en el pasado, el más importante de ellos cuando el submarino nuclear Tireless atracó en la colonia británica durante un año, entre mayo de 2000 y mayo de 2001, para ser reparado de una grave avería, lo que provocó gran inquietud en la zona y fuertes tensiones diplomáticas.

España mantiene restricciones a la base británica, de forma que los buques que atracan en la misma no pueden hacerlo, inmediatamente antes o después, en ningún puerto español. Salvo emergencia, tampoco se permite el paso por el espacio aéreo español de los aviones militares que van a Gibraltar.

El alcalde de La Línea de la Concepción valora el acuerdo sobre Gibraltar

España recibe a través de la OTAN información de los submarinos británicos que se dirigen a Gibraltar, pero no existe comunicación directa entre los respectivos ministerios de Defensa.

El objetivo es que el futuro acuerdo incluya “medidas de confianza” respecto al uso de la base de Gibraltar que “eviten los roces que se han dado regularmente en el pasado”, según fuentes diplomáticas españolas. Todo ello en el marco del nuevo clima que genera el acuerdo alcanzado el pasado día 31 entre los Gobiernos de Londres y Madrid (con el visto bueno de las autoridades gibraltareñas) para que el Peñón se incorpore al espacio europeo sin fronteras Schengen y España se haga cargo, con apoyo de la agencia Frontex, de controlar la entrada a través del puerto y aeropuerto de la colonia.

La versión más favorable

El pacto sobre Gibraltar, que supondrá el derribo de la Verja que la separa de España, se plasmará en un tratado entre la UE y el Reino Unido que debe estar listo en un plazo de seis meses. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, han ofrecido en los últimos días versiones aparentemente contradictorias sobre su contenido.

Mientras González Laya declaró el pasado sábado en EL PAÍS que “la responsabilidad del control [de la frontera de Gibraltar] estará en manos españolas, en el puerto y el aeropuerto”; Picardo dijo el domingo en este mismo diario que “España no estará en el aeropuerto ni en el puerto”.

En realidad, ambos dicen lo cierto, aunque cada uno pone el acento en lo que más le favorece. Los viajeros que lleguen a Gibraltar por vía aérea o marítima se encontrarán con un primer control de la policía gibraltareña y un segundo, de la agencia europea Frontex. Los aduaneros europeos recibirán instrucciones de los policías españoles, los únicos que tienen acceso a la base de datos de Schengen, quienes no estarán físicamente en el aeropuerto ni en el puerto sino en un nuevo edificio dentro de Gibraltar. Sin el visto bueno “remoto”, en expresión de Picardo, de los policías españoles nadie podrá entrar a Gibraltar y circular libremente por los 26 países del espacio europeo sin fronteras.

El futuro tratado no solo incluirá el control fronterizo. España y el Reino Unido suscribieron cuatro memorandos sobre Gibraltar (medioambiente, tabaco, cooperación policial y aduanera y derechos de los ciudadanos) cuya vigencia, salvo el último, acababa el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, ambas partes están satisfechas de su aplicación y han decidido incluirlos, reforzados, en el nuevo tratado, prorrogando los memorandos por seis meses para dar tiempo a que culmine su elaboración. Se evita así que cuestiones clave en esta zona, como la colaboración policial y judicial en la lucha contra el narcotráfico o el blanqueo de capitales se quede sin paraguas legal.

“Creo que eso le dará longevidad. Vamos a crear una relación que perdure de forma real y permanente”, asegura Picardo, quien califica de “tratado de prosperidad compartida” el futuro acuerdo.

También el problema del contrabando de tabaco, que en el pasado ha enturbiado las relaciones, parece encauzado. González Laya reconoce que “el diferencial del precio del tabaco [a ambos lados de la Verja] se ha reducido significativamente este año”, lo que desincentiva el contrabando. También Picardo subraya que “la diferencia de precio ahora es menor que antes” (aunque sigue siendo en el Peñón en torno al 30% más barato que en España), lo que ha hecho caer el tráfico ilícito por la frontera terrestre o por mar, y pide que “se respete [el comercio legal], como ocurre entre España y Francia”.

Además, España y el Reino Unido han suscrito un tratado fiscal sobre Gibraltar que prevé el intercambio de información y la adopción de medidas para evitar que residentes en España fijen su domicilio fiscal en la colonia para eludir impuestos. La panoplia de acuerdos para suplir el Brexit se completa, por ahora, con un tratado que concede a los ciudadanos británicos en España el derecho de sufragio, activo y pasivo, en las elecciones municipales. Y viceversa.