La libertad exprés se les escapa a los presos secesionistas

Los nueve presos del procés han visto alejarse en las últimas semanas sus opciones de terminar el año en libertad. Afrontaron diciembre con tres vías abiertas a la excarcelación exprés: el tercer grado que les concedió en verano la Generalitat y sobre el que debía decidir el Tribunal Supremo; la reforma del delito de sedición que el Gobierno había fijado para antes de final de año; y la tramitación de los indultos que el Ejecutivo se propuso acelerar. Pero las tres puertas se han ido cerrando a medida que transcurría el mes; los presos pasarán la Navidad entre rejas, con la excepción de los permisos penitenciarios que puedan disfrutar los cuatro que han cumplido ya un cuarto de la condena: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y Josep Rull.

El indulto, el camino más directo a la libertad que tiene los presos es, a la vez, el más embarrado. Es potestad exclusiva del Gobierno, pero requiere un informe previo del Tribunal Supremo que no va a llegar antes de final de año y que no es seguro que esté listo para la otra fecha que se habían marcado los independentistas en su calendario: las elecciones autonómicas catalanas previstas el 14 de febrero. La sala que juzgó y condenó por sedición a los líderes del procés está ya estudiando el caso, pero para redactar su dictamen debe recabar la opinión de la Fiscalía y la de la Abogacía del Estado (como perjudicada en el proceso por el delito de malversación). La del ministerio público, que rechaza los indultos, llegó el pasado martes y ya anuncia la presión a la que va a tener que hacer frente el Gobierno de Pedro Sánchez para decidir sobre ellos.

Los cuatro fiscales que participaron en el juicio consideran que no hay ninguna “razón admisible en derecho” para perdonar las penas (de entre 9 y 13 años de cárcel) de los nueve presos e insinúan que los indultos, si se conceden, estarán vinculados a “acuerdos políticos”. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, preguntado este miércoles por la cuestión, rechazó valorar los escritos de la Fiscalía y se limitó a afirmar que su ministerio “hizo lo que tenía que hacer, que es poner en marcha los indultos de conformidad con la ley”. Añadió Campo que “se ha cumplido un trámite procesal”, en referencia a la tramitación de las solicitudes de indulto que llegaron a Justicia.

Menos de puntillas pasó Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y juez de carrera que, al ser preguntado en una entrevista en Cadena SER por la opinión del ministerio público, afirmó: “A mí los informes dentro del ámbito del poder judicial me gusta que sean técnico-jurídicos. Los de la Fiscalía también”.

Los dictámenes de la Fiscalía, aunque contundentes, no son determinantes para los que elabore el Supremo, igual que la opinión del tribunal no vincula al Ejecutivo, que puede otorgar los indultos en contra de la opinión de la sala que juzgó y condenó a los líderes independentistas. Pero el tribunal sí que marca por ahora los tiempos, porque sin su informe el Ejecutivo no puede aprobar ni denegar ninguna medida de gracia. Una vez recabada la opinión de la Fiscalía, el tribunal prevé pedir la de la Abogacía del Estado después de Navidad, por lo que la decisión final de la Sala de lo Penal se demorará todavía varias semanas.

A la espera de los indultos, el Gobierno tiene sobre la mesa la reforma del delito de sedición. El Ejecutivo anunció su intención de presentar antes de que acabara el año el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal en el que se redefinirá el delito por el que se condenó a Oriol Junqueras y los otros ocho presos del procés. Según lo avanzado por el Ejecutivo, el cambio implicará una rebaja a la mitad de las penas —ahora, entre 8 y 15 años de cárcel—, lo que supondría una reducción de la condena impuesta a líderes secesionistas.

Sánchez, sin embargo, ha echado en las últimas semanas el freno a esta reforma, lo que le ha ocasionado tensiones con sus socios de Unidas Podemos, que piden que se acelere. El último enfrentamiento se vivió en la comisión de Justicia del Congreso el pasado lunes, cuando Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos y líder de En Comú Podem, reprochó al ministro Campo que haya “incumplido su promesa”. “Cada día que pasa es un día más de injusticia”, sostuvo Asens, al que Campo pidió “paciencia”. “Es una reforma de gran calado que requiere calma y consenso”, justificó el ministro.

A la espera de una excarcelación propiciada por el Gobierno por la vía del indulto o de la rebaja de condena, los nueve presos llegaron a disfrutar hasta el pasado verano de varias semanas de una semilibertad otorgada por la Generalitat. Primero, mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permitía salidas diarias de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar a familiares; y después, a través de la concesión del tercer grado, que les facultaba para ir solo a dormir a la prisión de lunes a jueves. Pero el Supremo revocó hace unas semanas ambas medidas al considerar “injustificable” el 100.2 y “prematura” la concesión del tercer grado. Los líderes independentistas pueden volver a solicitar ambas opciones, pero el tribunal que les condenó seguirá teniendo la última palabra.