La Fiscalía de Málaga pide el ingreso en prisión del dueño de la finca donde murió Julen

La Fiscalía de Málaga y la familia de Julen Roselló, el niño de dos años que murió al caer en un pozo en la localidad de Totalán en enero de 2019, han solicitado el ingreso en prisión “inmediato” de David Serrano, el dueño de la finca en la que ocurrieron los hechos. En enero de este año, Serrano fue condenado a un año de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave y a indemnizar a cada uno de los padres con casi 90.000 euros. Realizó un primer ingreso de 25.000 euros y, desde entonces, solo ha pagado dos mensualidades de 50 euros cada una, razón por lo que las partes han pedido su entrada en la prisión. La sentencia también incluía el pago de 663.982,45 euros a la Junta de Andalucía por el gasto realizado durante los trabajos de rescate. El juzgado aún no ha respondido la petición de las acusaciones.

La acusación particular, ejercida por los padres de Julen, así como el Fiscal, han remitido sendos escritos al juzgado número 9 de Málaga para realizar su petición. El primer gesto ha sido de Fiscalía. En el documento entregado, considera que el condenado “no ha cumplido las condiciones por las que se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena”, es decir, el pago de 50 euros al mes. Una “cuantía mínima” de la que solo ha abonado dos mensualidades. Por ello, la acusación pública sostiene que el beneficio de la suspensión de la condena debe ser revocado y solicita que el ingreso “inmediato” de Serrano en prisión “para el cumplimiento de la pena suspendida”.

Una vez los padres han tenido conocimiento de este escrito, la abogada de la familia, Antonia Barba, ha insistido en la petición de la entrada en prisión del propietario de los terrenos de Totalán por el “incumplimiento grave y reiterado” de las condiciones por las que se suspendió la condena. También confirma que sus representados solo han recibido el pago de dos mensualidades, a razón de 50 euros cada una. “Una cuantía mínima que fue aceptada por mis patrocinados como prueba de buena fe”, dice la representante legal. Serrano necesitaría 3.100 meses y más de 258 años para completar la indemnización con esas mensualidades.

Antonio Flores, letrado que ejerce la defensa de David Serrano, ha explicado que el despacho ha facilitado el dinero de la deuda a su cliente y ha realizado ya el ingreso del dinero retrasado. “Todo arreglado”, han explicado desde el despacho, donde también han subrayado que Serrano ya pagó 25.000 euros —que le prestó un cliente del bufete— y que se encuentra en el desempleo, lo que dificulta más la realización de los pagos mensuales, “aunque sean solo de 50 euros”. Los tribunales también embargaron la parcela de Totalán donde murió Julen, pero su valor solo servía para pagar una pequeña parte de la compensación a la familia y la administración pública.

Acuerdo entre las partes

El pasado 21 de enero, el caso Julen se resolvió apenas unos minutos antes del inicio del juicio en el que David Serrano se enfrentaba a entre tres y seis años y medio de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. El juez titular del Juzgado de lo Penal 9 de Málaga, Ignacio Navas, aceptó entonces el acuerdo que la familia del menor y Serrano habían llegado un día antes, que incluía una pena de solo un año de prisión por la existencia de dos atenuantes. El primero, que ya había realizado una reparación parcial de la indemnización al ingresar 25.000 euros de los casi 180.000 que debe pagar a los progenitores. El segundo, que había reconocido los hechos. “Quiero pedir perdón a los padres por el daño ocasionado. En ningún momento quise que al niño le pasara nada”, aseguró Serrano. “He pedido disculpas de corazón. Me he quitado un peso muy grande de encima, aunque siempre lo llevaré a la espalda”, añadió al quedar en libertad.

Todas las partes aceptaron la suspensión de la condena y, sin antecedentes penales, Serrano no entro en prisión. “No considero que sea usted una persona peligrosa o que vaya a cometer delitos en el futuro. El hecho de que entre en prisión no será preciso para que cambie cualquier tipo de conducta. Así que se va a considerar el beneficio de la suspensión”, subrayó entonces el juez, que puso como condición que no cometiera ningún delito hasta enero de 2022, comunicara cualquier cambio de domicilio, se presentara ante el juzgado cada seis meses y, si encontraba trabajo, lo notificar para aumentar la cuota de la indemnización.

El 13 de enero de 2019, Julen Roselló cayó por un agujero de unos 25 centímetros de diámetro y un centenar de metros de profundidad. Comenzó entonces un operativo de rescate que duró trece días y en el que participaron más de 300 personas de diversas profesiones. Su cuerpo sin vida fue hallado en la madrugada del sábado a poco más de 70 metros de profundidad. Días después, la autopsia reveló que el pequeño falleció pocos minutos después de la caída y por los golpes sufridos durante la misma. “La causa fundamental de la muerte fue por precipitación”, concluía la investigación. El juzgado resolverá en los próximos días la situación y determinará si David Serrano debe finalmente entrar en prisión o no.