El único acusado por el ‘caso Julen’ evita la prisión

Apenas 30 minutos ha durado el juicio por el caso Julen. El juez titular del juzgado de lo Penal 9 de Málaga, Ignacio Navas, ha dictado sentencia. Incluye un año de prisión para David Serrano, dueño de la finca donde estaba el pozo por el que cayó el menor. También el pago de una indemnización de casi 180.000 euros a Victoria García y José Roselló, los padres del menor. Y otros 663.982,45 euros a la Junta de Andalucía. Son los términos que habían acordado este lunes las partes y que ha aceptado este martes el acusado, serio en todo momento, reconociéndose culpable del accidente que acabó con la vida del pequeño. Dolido pero aliviado, su padre ha dicho: “Satisfecho nunca me voy a poder quedar”.

La condena considera probado un delito de homicidio por imprudencia grave, pero el ministerio fiscal y la acusación particular —ejercida por los padres— han aceptado rebajar la pena hasta un año de prisión por la existencia de dos atenuantes principales. El primero, que Serrano ya ha hecho una “reparación parcial” de la indemnización, ingresando el lunes 25.000 de los casi 180.000 euros de la cantidad que debe pagar a los progenitores —el resto se hará en cuotas de 50 euros al mes—. El segundo es el reconocimiento tardío de los hechos. “Quiero pedir perdón a los padres por el daño ocasionado. En ningún momento quise que al niño le pasara nada”, ha declarado Serrano. Las partes también se han comprometido a no presentar recurso a la condena.

El acusado evita así la cárcel, porque carece de antecedentes penales y todas las partes han aceptado la suspensión de la condena. El juez, eso sí, ha puesto varias condiciones. Por un lado, no cometer delitos en un periodo de dos años —hasta el 20 de enero de 2022—, comunicar cualquier cambio de domicilio, presentarse ante el juzgado cada seis meses y, en el caso de que encuentre trabajo o ingresos, también lo traslade al juzgado para modificar la cuota mensual para el pago de la indemnización. “No considero que sea usted una persona peligrosa o que vaya a cometer delitos en el futuro. El hecho de que entre en prisión no será preciso para que cambie cualquier tipo de conducta. Así que se va a considerar el beneficio de la suspensión”, ha subrayado el juez.

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“He pedido disculpas de corazón. Me he quitado un peso muy grande de encima, aunque siempre lo llevaré a la espalda”, ha comentado Serrano tras conocer la condena. Sus abogados han estado intentando llegar a un acuerdo durante los últimos meses, pero este solo ha sido posible en la recta final, cuando ambas partes han acercado posturas. “Mejor un mal acuerdo que un buen pleito”, explicaban los letrados, que celebraban que de esta forma que el acusado evitase la cárcel. La abogada de los padres, Antonia Barba, también afirmó que el acuerdo evita igualmente más sufrimiento a los padres durante el juicio. Fue una conversación de tres horas mantenida entre José Roselló y David Serrano el pasado jueves la que cerró el pacto. La buena sintonía entre los padres y el acusado se comprobaba minutos antes del inicio del juicio, cuando mantenían una conversación e incluso entraban juntos a la sala 4 de la Audiencia Provincial de Málaga.

El propietario de la finca se ha comprometido a aumentar las cuotas mensuales para el pago de la indemnización en caso de que mejore su situación económica. Sus abogados reconocen que difícilmente podrá afrontar los casi 850.000 euros que suman las cantidades a pagar a los padres y la Junta de Andalucía. “Ni en varias vidas podrá pagarlo”, decía el letrado Antonio Flores, que ha aclarado que los 25.000 euros que Serrano ya ha abonado han sido donados por un empresario que prefiere estar en el anonimato, pero “quería evitar que la justicia cometiera una injusticia”. En el otoño pasado Serrano se declaró insolvente, aseguró que no tiene ningún ingreso fijo, ni propiedades y en los últimos tres años había trabajado apenas 69 días. La juez que ha instruido el caso, Elena Sancho Mallorquín, embargó los terrenos de Totalán, cuyo valor es solo una pequeña parte de las indemnizaciones.

David Serrano se enfrentaba a entre tres y tres años y medio de prisión, que son las penas que inicialmente habían solicitado la Fiscalía y la acusación particular. Se le acusaba de homicidio por imprudencia grave. Entre otras cuestiones, por no haber avisado a los padres de Julen de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño y porque el sondeo, que había sido realizado de manera ilegal, no estaba debidamente tapado. Para negar su responsabilidad, la defensa culpó primero a Antonio Sánchez, el pocero, por no haber llevado a cabo las medidas de seguridad tras hacer el sondeo. Más tarde, al operativo de rescate, publicando un informe que achacaba la muerte del niño a un golpe de la piqueta utilizada por los bomberos, hechos que la autopsia definitiva descartó. También acusaron a los padres de no haber estado atentos a su hijo.

Julen cayó al pozo minutos antes de las dos de la tarde del 13 de enero de 2019. El agujero tenía 25 centímetros de ancho y 110 metros de profundidad. Comenzó entonces un operativo de rescate que se extendió durante 13 días con la participación de más de 300 profesionales de diferentes disciplinas, desde agentes de la Guardia Civil a ingenieros y que costaron 700.000 euros. Finalmente, miembros de la Brigada de Salvamento Minero encontraron el cuerpo sin vida del pequeño en la madrugada del sábado 26 de enero a unos 70 metros de profundidad. La autopsia reflejó que el niño murió por los golpes sufridos durante la caída al vacío.