PSOE y Podemos aceleran más en el Congreso la reforma del Poder Judicial para presionar al PP

Los socios del Gobierno piden habilitar enero para tramitar con urgencia la ley que impida más nombramientos judiciales en funciones

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (derecha), en el Congreso con el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (derecha), en el Congreso con el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL (Europa Press)

PSOE y Unidas Podemos no aflojan la presión sobre el PP para renovar el Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva dos años con el mandato prorrogado. Los dos socios del Ejecutivo reclamaron este lunes a la presidenta del Congreso que habilite enero para tramitar con urgencia la reforma que limita las competencias del Poder Judicial de manera que no pueda nombrar cargos cuando tiene, como ocurre ahora, el mandato caducado. Podemos amenaza, además, con activar la ley que permite la renovación con mayoría absoluta y no por tres quintos.

El jueves pasado el Consejo General del Poder Judicial celebró uno de los plenos más tensos que se recuerdan de su mandato, que comenzó en 2013 para cinco años y que lleva ya dos años fuera de plazo. Los vocales del Consejo se fracturaron ante su valoración de la proposición de ley, impulsada de urgencia por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para limitar cuanto antes las competencias de ese órgano si tiene el mandato caducado. Vocales del Consejo, de la actual mayoría conservadora pero no solo ellos, cuestionan la constitucionalidad de ese proyecto y reclaman ser consultados ante semejante reforma. PP, Vox y Ciudadanos han criticado la iniciativa legal por considerarla una “injerencia” en uno de los tres poderes del Estado.

PSOE y Unidas Podemos, sin embargo, entienden que el Consejo General del Poder Judicial actual ya no representa a la mayoría progresista que respalda al Gobierno salido de las urnas hace un año y que, por tanto, ese órgano debería abstenerse de realizar nombramientos tan importantes de cargos judiciales vacantes en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o en los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas.

”No nos dejan otra opción”

Tanto en la dirección del PSOE como la de Unidas Podemos se rechaza que ambos partidos tengan la intención de poner en marcha en enero la reforma legal de mayor calado, a la que de momento han renunciado y sigue congelada, sobre el método de elección de los vocales del Consejo, que haría irrelevante ya un bloqueo por parte del PP pues permitiría nombrarlos con mayoría absoluta (176 votos) y no de tres quintos (210 escaños). El partido de Pablo Iglesias no descarta por ahora, como una amenaza política latente, que al final haya que actuar en ese sentido si los populares siguen exigiendo que Podemos no entre en ningún caso en la ecuación de salida de este atolladero.

“Nos parece que el PP no deja otra opción que modificar ese sistema de elección para restaurar el cumplimiento de la Constitución y empezar a recuperar el prestigio perdido por ese órgano, que sigue haciendo nombramientos vitalicios sin la legitimidad que se requiere para ello, porque el planteamiento del PP es que no lo va a renovar hasta que nosotros no existamos. Lo cual es antidemocrático y fuera de toda la realidad, porque implicaría que no se renovaría nunca hasta que no haya unas elecciones generales que gane Pablo Casado”, indicaron a EL PAÍS fuentes de la dirección de Podemos.

En medio de ese debate, y mientras el PSOE afronta otra etapa de negociación con el PP para proceder a la renovación por la vía del pacto, los dos partidos del Gobierno presentaron este lunes un escrito a la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, para que se habilite el mes de enero de manera que puedan trabajar en el Congreso las comisiones y órganos correspondientes y resuelvan la reforma de esa ley orgánica lo más rápido posible.

El objetivo es que a finales de febrero la reforma ya pudiera entrar en vigor. Enero suele ser inhábil para el trabajo parlamentario ordinario, pero en esta ocasión ya no lo sería, fundamentalmente por el desarrollo de esos trabajos, aunque también se aprovecharía para impulsar otros asuntos pendientes, como definir las tareas de la comisión de investigación del caso Kitchen de espionaje en el Ministerio del Interior durante los Gobiernos del PP o los exámenes parlamentarios de los 94 candidatos que se presentaron en su día para presidir el ente RTVE.

La previsión del PSOE y Podemos es que, si se acota bien esa reforma y la comisión trabaja en enero, para febrero ese cambio sustancial podría estar en marcha y se prohibirían los nombramientos que el Consejo tenga previsto hacer fuera del mandato. En ese punto no hay divergencias entre los socialistas y la formación que lidera Iglesias.

Donde hay más discrepancias públicas y notorias entre la estrategia más pactista del PSOE y los intentos de demarraje de Podemos es sobre el cambio más profundo en la ley del Poder Judicial, sobre el método de elección de ese Consejo. En octubre ambos partidos registraron una propuesta de ley que cambiaba el sistema actual de elección de los 12 vocales que deben aprobar el Congreso y el Senado con una mayoría de tres quintos de la Cámara (210 escaños de 350) para que fuera solo por mayoría absoluta (176 votos). El presidente, Pedro Sánchez, frenó esa idea durante el debate de la moción de censura presentada por Vox y le ofreció al líder de la oposición, Pablo Casado, entablar otra negociación in extremis. Hace 10 días Sánchez llamó a Casado tras dos meses de incomunicación entre ambos y mantuvieron una conversación de 45 minutos sobre ese asunto en exclusiva. No se avanzó nada.

Ante ese persistente bloqueo del PP, Unidas Podemos lleva semanas advirtiendo de que se ha cansado de esperar en vano. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha intentado convencer al presidente y a algunos de sus compañeros de Gabinete y del PSOE más descreídos de que existe una oportunidad para el acuerdo con el PP, pero ahora ya sería después de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero. En público, sin embargo, Casado y casi todos los dirigentes del PP mantienen las mismas condiciones para negociar una salida al atasco de los cargos institucionales que las expresadas desde el verano, y que se resumen en que ni Unidas Podemos ni personas de su entorno pueden tener cabida en la negociación del futuro Consejo del Poder Judicial.

Los negociadores de ambos bandos —Juan Carlos Campo por el Gobierno y Enrique López por el PP— pactaron un reparto de los 20 vocales que incluía un cupo de 10 propuestos por cada uno, con un presidente más próximo al sector progresista, y con aspirantes de perfiles contrastados e independientes. Pero esa negociación no se ha llegado a cuadrar en nombres y el PP no se fía de que dentro del bloque progresista el PSOE no acabe incluyendo jueces o expertos cercanos a Podemos.

En Podemos tampoco se fían de la eterna negociación en marcha entre los representantes del bipartidismo que ha gobernado el país estos 42 años de democracia y marcado el ritmo de muchas de sus instituciones. Quieren cambios de fondo en el ámbito judicial, sobre todo ante el curso político y de juicios que se avecina en 2021. Algunos de ellos que afectan a casos de corrupción muy trascendentes para el PP o a resoluciones de relevancia, como por ejemplo sobre los indultos a los políticos presos por sus condenas en el proceso independentista en Cataluña.

Último filtro

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y la ley Celaá de Educación pasarán esta semana su último filtro para ser ratificados en el pleno que comienza, y podría acabar, este martes en el Senado. Las cuentas públicas entrarían así en vigor el 1 de enero, sin necesidad de ninguna prórroga, y habrían resuelto sus trámites parlamentarios en un tiempo récord de apenas dos meses. Todo depende de lo que dure el debate de las 3.873 enmiendas parciales que lleguen vivas al pleno y de los votos particulares, pero desde el Ejecutivo se apuesta porque la discusión será rápida, porque la comisión del Senado ya no aceptó el jueves ninguna enmienda. El Ejecutivo cuenta con apoyos políticos suficientes para superar sin problemas ese escollo en la Cámara alta y que el proyecto no sea modificado en nada y no tenga por tanto que volver por el Congreso. Algo similar ocurre con la ley de educación, porque su comisión en el Senado rechazó el viernes las 649 enmiendas de los distintos grupos.

Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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