Desavenencias en el oasis político valenciano

Desde que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anticipó las últimas elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales de 2019, la relación entre el socialista y su número dos, la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, se ha ido deteriorando. El oasis político valenciano, ejemplo de estabilidad y consenso, ya no lo es tanto. Hasta el punto de que ese empeoramiento se aprecia no solo en el trato gélido entre los dos políticos, sino que se ha trasladado a otros ámbitos. Antes, los matices o desacuerdos se resolvían y pactaban dentro del Ejecutivo, a ser posible con discreción. Ahora, las desavenencias son cada vez más difíciles de ocultar. Esa falta de complicidad ha quedado al descubierto esta semana a cuenta del presupuesto de la vicepresidenta y de las medidas para hacer frente a la segunda oleada del coronavirus.

Las tensiones en el Gobierno del Botànic por los Presupuestos no son nuevas, pero las diferencias solían resolverse antes de su aprobación en la reunión del Gobierno. Este escenario cambió el pasado viernes. El consejero de Hacienda, el socialista Vicent Soler, pidió a la vicepresidenta y consejera de Políticas Inclusivas que recortase sus cuentas para adecuarse al marco presupuestario y Oltra apuró y envió in extremis [a las ocho de la mañana del día en que se aprobaban] una propuesta diferente a la que Hacienda hizo pública en su web a primera hora de la tarde, tras aprobarla el Gobierno valenciano. La distribución de partidas era diferente y, según el departamento de Oltra, faltaban 21 millones que Hacienda le comprometió verbalmente.

Hacienda aceptó enviar una corrección de errores al Parlamento el lunes siguiente. Pero cuatro días después de su aprobación, la corrección seguía sin hacerse y Oltra, que tenía que defender las cuentas de su departamento en las Cortes Valencianas, advirtió públicamente que los números con los que trabajaban los diputados no eran los buenos. El Presupuesto más expansivo de la Generalitat, nutrido con transferencias extra del Gobierno español por la covid y fondos europeos, quedó eclipsado por lo que pareció una bronca entre socios. Hacienda envió finalmente al Parlamento autonómico la corrección el miércoles y se comprometió por escrito a proporcionar a Oltra los 21 millones. Todo quedó arreglado, pero la desconfianza entre socios era evidente.

Las diferencias no quedan ahí. El acercamiento de los socialistas a Ciudadanos en la Comunidad Valenciana —rubricaron el plan de reconstrucción y ahora negocian con Puig el proyecto de ley de Presupuestos de 2021—, se entiende a duras penas en círculos de sus socios de Gobierno, Compromís, y de Unides Podem. Estos, por poner un ejemplo, proponen una revisión fiscal difícilmente compatible con una formación partidaria de las rebajas fiscales.

Y lo último que les separa. Oltra reclama desde hace semanas medidas más duras, cierre de hostelería incluido, para frenar la segunda ola de la covid, mientras Puig ha optado por restringir las interacciones sociales, pero manteniendo abiertos bares y restaurantes. La vicepresidenta volvió a insistir el viernes tras la reunión del Gobierno valenciano y, por la noche, lo reiteró en la televisión valenciana À Punt. Allí reconoció que la relación con sus socios era “mejorable” y pidió “que se escuche más a Compromís a la hora de tomar decisiones”.

La respuesta a Oltra no llegó de boca de Ximo Puig, sino del portavoz parlamentario socialista, Manolo Mata. El sábado, el diputado trazó una línea entre Oltra y el partido al que representa: la relación con Compromís es “excelente”, dijo, aunque Oltra “pueda ver las cosas de otra manera”. Y redujo la postura de la vicepresidenta sobre las medidas contra la covid a una opinión más. Un tuit en la cuenta oficial de Compromís le recordó poco después que “Mónica Oltra es portavoz de Compromís y vicepresidenta del Consell”. Y añadió: “Puedes opinar plenamente sin deslegitimar la posición de quien habla en nuestro nombre y más con decisiones no consensuadas. Lealtad no es sumisión”.