JUAN CARLOS I

La Fiscalía investiga si Juan Carlos I usó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas que no son suyas

Parte de los gastos los abonó supuestamente el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito

El Rey Juan Carlos, el pasado febrero.
El Rey Juan Carlos, el pasado febrero.Europa Press

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de unas tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias de las que no son titulares. Anticorrupción llevaba esta investigación de forma secreta desde finales de 2019, pero la fiscal general, Dolores Delgado, ordenó este martes remitirla a la Fiscalía del Supremo, tribunal ante el que está aforado el rey emérito y que desde junio pasado investiga su implicación en otro caso: el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca. Fuentes fiscales vincularon parte de los gastos de don Juan Carlos con cuentas del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito.

Es la segunda vez en menos de cuatro meses que la Fiscalía General del Estado anuncia oficialmente la existencia de una investigación en torno a Juan Carlos I. Y como en la vez anterior, en junio pasado, las diligencias se hacen públicas meses después de iniciarse y coincidiendo con el momento en el que la fiscal general ha ordenado que se remitan desde Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo, que es el tribunal competente para investigar al rey emérito.

En la anterior ocasión, la investigación se mantuvo secreta hasta que la Fiscalía la difundió unos días después de que Delgado decretara su traslado al Supremo. Esta vez, sin embargo, el ministerio público anunció este martes la existencia de las diligencias horas después de que eldiario.es publicara que Anticorrupción investiga a Juan Carlos I y a varios familiares por el uso de tarjetas de crédito vinculadas a unas cuentas de las que no son titulares ninguno de ellos. En la misma nota, el departamento que dirige Delgado anunció que está investigando la filtración periodística.

La nota difundida por el ministerio público no concreta el contenido de la investigación ni si afecta a otros miembros de la familia del Rey, pero sí que “involucra” al rey emérito. Fuentes fiscales confirmaron que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga desde finales de 2019 los movimientos de varias tarjetas supuestamente utilizadas por don Juan Carlos y otros familiares, entre los que no están, según estas fuentes, los actuales Reyes. Tampoco la reina Sofía, aunque Anticorrupción había pedido a entidades bancarias información sobre gastos pagados por la reina emérita que aún no ha llegado.

Según la información publicada por eldiario.es, los gastos de las tarjetas que se investigan se abonaban desde una cuenta de la que ni el rey emérito ni su familia son titulares. Fuentes fiscales vincularon los gastos de don Juan Carlos con cuentas del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey emérito. Los investigadores sospechan que el empresario le donó este dinero, pero Juan Carlos I no lo declaró a Hacienda. La cantidad defraudada en algunos ejercicios supera, según estas fuentes, los 120.000 euros, el importe a partir del cual se considera delito fiscal, penado con hasta cinco años de cárcel.

Los movimientos de esas tarjetas corresponden, supuestamente, a los años 2016, 2017 y 2018, por lo que son posteriores a la fecha de abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, cuando el hasta entonces Rey dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Fuentes fiscales señalan que, en el transcurso de las diligencias llevadas a cabo hasta ahora, Anticorrupción ha interrogado a distintas personas y se han hecho numerosas consultas a bancos sobre un gran número de transacciones realizadas con las tarjetas bajo sospecha.

La investigación la llevaba hasta ahora Anticorrupción, pero la fiscal general dictó este martes un decreto en el que insta a que el expediente se remita de forma “inmediata” a la Fiscalía del Supremo “para que continúe las actuaciones hasta su conclusión”. Las diligencias las asume ahora el fiscal de sala jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, delegado de delitos económicos, que desde junio está al frente de la investigación por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca.

Campos tiene ya muy avanzada la primera investigación y, según fuentes fiscales, tiene previsto emitir en las próximas semanas el informe con sus conclusiones. En esa causa, los fiscales han tratado de determinar si hay indicios de que el rey emérito cometió algún delito tras su abdicación, ya que el supuesto pago de comisiones se produjo en 2008, cuando todavía ocupaba el trono y era inimputable. Los tribunales españoles interpretan que el rey emérito solo puede ser investigado ahora por los hechos que haya cometido desde que dejó la jefatura del Estado, lo que impide indagar en el origen del dinero aunque haya movimientos sospechosos posteriores a la fecha de abdicación.

Varios interrogados

La investigación que se ha hecho pública ahora, sin embargo, abarca presuntamente tres años (2016, 2017 y 2018) en los que el anterior Monarca ya había perdido la inviolabilidad, por lo que el fiscal Campos puede indagar y recabar toda la información que considere necesaria. Anticorrupción, según fuentes fiscales, ya ha interrogado a varias personas relacionadas con esta causa, aunque estas fuentes no concretan si se trata de familiares de don Juan Carlos que presuntamente también han utilizado las tarjetas de crédito bajo sospecha u otras personas que hayan podido aportar información relevante.

El contenido de esos interrogatorios pasará ahora a la Fiscalía del Supremo, que, no obstante, aunque es la competente para investigar a don Juan Carlos, no puede citarle a declarar porque, al tratarse de un aforado, los fiscales tienen vetado este paso. Por tanto, el ministerio público se ceñirá a recabar las pruebas documentales y, si considera que existen indicios de delito, tendría que presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Supremo.

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