Delgado pone bajo sospecha a la Fiscalía Anticorrupción

El decreto firmado este martes por la fiscal general del Estado para dejar la nueva investigación en torno a Juan Carlos I en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo no es la única orden dictada en la última semana por Dolores Delgado sobre las diligencias que afectan al rey emérito. El pasado jueves, cinco días antes de trasladar las pesquisas al alto tribunal, Delgado remitió el expediente del caso a la Inspección Fiscal para que indague una “supuesta fuga de información”. Esta investigación, según fuentes fiscales, se centrará en conocer si ha habido una filtración de datos desde el ministerio público.

El digital elDiario.es adelantó este martes la investigación sobre las tarjetas de crédito presuntamente usadas por el anterior monarca y varios de sus familiares. Delgado abrió las diligencias el 29 de octubre, lo que da a entender que la fiscal general supo ya entonces que había trascendido información al exterior.

La nota pública difundida por el organismo que dirige Dolores Delgado pone bajo sospecha a la Fiscalía Anticorrupción, en cuyas manos estaba hasta ahora toda la documentación del caso. La decisión de trasladar el expediente a la Inspección Fiscal se “hizo necesaria”, según la Fiscalía General, “tras el informe remitido por el Fiscal Jefe Anticorrupción [Alejandro Luzón]” y “constatada la identidad de algunos de los extremos publicados con el contenido de las Diligencias de Investigación nº 12/2019 de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”, las relativas al supuesto uso por parte del rey emérito de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes que no están a su nombre.

El objeto inicial de la investigación interna es “comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes”. “Con su resultado se acordará lo procedente. Asimismo, los hechos se han comunicado al Delegado de Protección de Datos de la FGE a los oportunos efectos”, añade la Fiscalía.

Delgado tenía conocimiento desde hace meses, por escrito y verbalmente, de la nueva investigación que implica a Juan Carlos I, pero no ha sido hasta ahora cuando el caso se ha enviado al Supremo. También conoció la investigación su antecesora en el cargo, María José Segarra, que estaba al frente de la Fiscalía General cuando se abrieron las diligencias sobre Juan Carlos I. La información les llegó a ambas en virtud del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que establece que los fiscales pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos “que por su importancia o trascendencia deba conocer”. Uno de los informes enviados a Delgado incluía la petición de una prórroga para seguir investigando el caso, solicitada por Anticorrupción para sortear el plazo máximo para este tipo de diligencias. Esa prórroga, según fuentes fiscales, se concedió.

Los informes enviados a Delgado, según fuentes fiscales, aportaban información muy somera, distinta a la publicada por elDiario.es, que incluye algunos detalles que no constan en la investigación de Anticorrupción.