PSOE y Unidas Podemos negocian los impuestos a grandes empresas y rentas altas para cerrar los Presupuestos

Mientras todos los cuarteles generales de los partidos están concentrados en los discursos que harán sus líderes en la moción de censura de Vox, que se debatirá entre el miércoles y el jueves, hay dos equipos que trabajan de forma discreta en un asunto clave para consolidar la legislatura y garantizar la estabilidad del Gobierno tal vez para varios años: los Presupuestos. Los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos, dirigidos por María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, están ultimando el acuerdo que abrirá paso a la negociación con los demás grupos, que ya ha comenzado con contactos informales. El PSOE sigue con la puerta abierta al pacto con Ciudadanos, que considera estratégico, pero se consolida cada vez más la idea de que las Cuentas se sacarán con la mayoría de la investidura.

Salvo que descarrile la negociación, desde ambos sectores del Gobierno dan por hecho que el acuerdo se cerrará esta semana y se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima. Y poco antes, posiblemente el lunes, lo presentarán Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en un acto que forma parte del acuerdo. Pero aún queda negociación. Asuntos políticamente delicados como los impuestos a las grandes empresas, a las rentas altas y a los grandes patrimonios, el salario de los funcionarios y cuestiones sociales importantes como el salario mínimo, las pensiones no contributivas o el IPREM (un índice que se usa para la concesión de ayudas en sectores muy necesitados) marcan la recta final.

Unidas Podemos ha colocado además un elemento clave para ellos en la negociación, aunque no esté dentro de los Presupuestos: el grupo de Iglesias exige un compromiso claro de fechas para aprobar normas que regulen el precio del alquiler, una promesa estrella largamente retrasada y que según sus cálculos podría ayudar a sumar a ERC al acuerdo, aunque sin duda también complicaría la negociación del PSOE con Ciudadanos.

El PSOE ha convencido a Unidas Podemos de que la gran reforma fiscal debe quedar para más adelante, pero el grupo de Pablo Iglesias presiona para lograr algunos hitos en cuestiones fiscales que afecten a las empresas más potentes y las rentas y patrimonios más altos. Sobre la mesa está una discusión clásica entre los economistas: centrarse en los impuestos indirectos, más regresivos –todas las rentas pagan el mismo tipo– pero con mucha capacidad de recaudación, como el IVA, que es lo que indicaría el plan presupuestario que se ha enviado a Bruselas y que en este momento parece la posición del PSOE; o bien, apretar más en los directos, como el IRPF, con un claro peso redistributivo –paga un tipo más alto el que más ingresa–, como quiere Unidas Podemos. En el documento enviado a Bruselas, se fija un “impacto de medidas en el ámbito de la imposición directa” de 550 millones de euros en 2021 frente a 1.509 de la imposición indirecta, lo que deja claro dónde se pone el acento.

Al final, según fuentes de las dos partes, se está fraguando un acuerdo en un punto intermedio en el que sí habrá retoques en el IRPF para las rentas más altas, sobre todo a partir de 130.000 euros anuales, como aparecía en el acuerdo de Gobierno que firmaron los dos grupos, pero más suaves de lo que pretendía la formación de Iglesias, que también reclama subir la imposición a las rentas del capital. Unidas Podemos asegura que lo que está pidiendo ahora es una subida del tipo de las rentas del trabajo y del capital a partir de 200.000 euros anuales, algo que limitaría mucho el número de afectados.

El PSOE insiste mucho durante las negociaciones en que las verdaderas rentas altas no están en el IRPF porque se escapan por otras vías, a través de sociedades patrimoniales. Y ahí aparece otro problema. Ambos grupos están de acuerdo en que el Impuesto de Patrimonio recauda muy poco para lo que podría, pero es muy complicado reformarlo porque está transferido a las autonomías y varias contemplan generosas bonificaciones (Madrid directamente no lo cobra), como sucede también con el tributo a las donaciones.

La ministra Montero ha planteado en la mesa de negociación que estas reformas para fijar unos mínimos y cambiar estos impuestos deben hacerse más adelante, en el marco de la reforma del sistema de financiación. Así, si las autonomías reclaman más dinero, deberán comprometerse en esa negociación a cobrar los impuestos que tienen cedidos. Donde hay más batalla de fondo es en el Impuesto de Sociedades. PSOE y Unidas Podemos pactaron ya en 2019, en los Presupuestos que tumbó ERC, fijar un mínimo del 15% en el tipo efectivo que pagan las grandes empresas. Una decisión de calado, porque muchas de las grandes multinacionales españolas están muy por debajo del 10% en el tipo efectivo gracias a todo tipo de exenciones. En esta negociación, y dada la difícil situación de la economía, y por tanto de muchas empresas, ese 15% se ha caído de la mesa. Aun así, en estas horas se negocia compensar ese incumplimiento del acuerdo de Gobierno con reducciones importantes en las exenciones que tiene Sociedades, y que según varios miembros del Ejecutivo lo han convertido en un queso lleno de agujeros.

Este tipo de cuestiones dominarán las últimas reuniones de esta semana mientras el foco estará puesto en la moción de censura. Y a partir de este acuerdo se abrirían los demás. El Gobierno necesita el compromiso de varios grupos, entre ellos ERC o Ciudadanos –uno de los dos o incluso ambos, el ideal de La Moncloa– de que no presentarán enmienda a la totalidad cuando se registren las Cuentas en el Congreso.

El sistema de votación de esta ley, la más importante del año, es particular. Las enmiendas a la totalidad se votan todas juntas. Así, aunque sean por motivos diferentes, suman sus votos del PP a Vox y hasta ERC, y si llegan a la mayoría los Presupuestos se devuelven. Es lo que pasó en 2019. Ahora bastaría con que ERC o Ciudadanos no lo hiciera y las cuentas pasarían el primer trámite. A partir de ahí, quedan varios meses de negociación de enmiendas hasta la aprobación final, teóricamente en enero, ya con retraso sobre lo que prevé la norma, lo que forzará a prorrogar una vez más las Cuentas de Cristóbal Montoro de 2018. Aunque solo sea por unas semanas.