La crisis de Madrid abre grietas en el PP y complica los pactos con Ciudadanos

Tras el amago de rebelión del miércoles ante las restricciones por coronavirus, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado aclararon este jueves que las acatarán -aunque las recurrirán ante los tribunales-, pero su postura de enfrentamiento total al Ministerio de Sanidad ha colocado en una situación compleja al resto de barones autonómicos del partido. Mientras la dirección nacional asegura que el Gobierno “pone la ideología por delante de la salud” con criterios “sin base científica”, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, los apoya “por responsabilidad y coherencia”. Al igual que otros presidentes autonómicos, llevaba meses reclamándolos. La crisis de Madrid ha enturbiado además las relaciones del PP con su socio de Gobierno, Ciudadanos, tanto en esa comunidad como en Andalucía.

La gestión de Isabel Díaz Ayuso y su enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad por las medidas contra el coronavirus han envuelto al PP en una cadena de contradicciones que sus portavoces (nacionales, autonómicos y municipales) tratan de capear.

José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP desde agosto, esgrimió este jueves como argumento contra los criterios pactados en el Consejo Interterritorial de Salud el hecho de que “todas las comunidades del PSOE han sido unánimes en la aceptación”. Eso, en su opinión, “demuestra que hay comunidades que se han guiado por el interés de sus ciudadanos y otras que se han guiado por un criterio político impartido desde la sede de Ferraz”. Sin embargo, Castilla y León, presidida por el PP, votó a favor de esos criterios. “Lo respetamos y estamos seguros de que lo han hecho porque creen que es la medida más adecuada en relación con la situación de Castilla y León”, defendió Almeida. Esa comunidad presenta mejores datos que Madrid.

El portavoz popular negó que el voto a favor de Castilla y León tuviera que ver, como sostuvo Casado el miércoles, con que su consejera de Sanidad es de Ciudadanos. El propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, lo desmintió al asegurar que apoyó esos criterios “por coherencia” —los reclama desde mayo—, por “responsabilidad” y porque cree que es lo mejor tanto para su comunidad como para el conjunto de España. De hecho, su Gobierno ha pedido medidas “a mayores”, como que para limitar los movimientos en un territorio se tenga en cuenta la ocupación hospitalaria en planta y no solo en UCI.

Mientras, para criticar esos parámetros, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo en esRadio: “El PSOE ha puesto la ideología por encima de la salud y de la economía. Lo llevan haciendo desde el 8 de marzo”. Obviaba que un compañero de partido y de ideología apoyó los criterios y que la manifestación feminista del 8-M no tiene nada que ver con los contagios de la segunda oleada del coronavirus en Madrid. También Casado se refirió a la pandemia en términos de batalla política: “El Gobierno juega a que se quemen las autonomías, pero quienes se están quemando son ellos (...). A lo mejor, lo que hace Salvador Illa [ministro de Sanidad] es atacar al PP para ser candidato en Cataluña”.

Tras oponerse a las últimas prórrogas del estado de alarma, con el mando único del Ministerio de Sanidad, el PP apoyó el pasado junio el decreto de la llamada nueva normalidad. Este establece que “corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas” responder ante “situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública” mediante la “activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias”. Tras regresar el grueso de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas, como solicitaba el PP, ese partido acusó al Ejecutivo de haberlas abandonado a su suerte. “Las competencias de una epidemia son exclusivas del Gobierno central”, repite Casado desde hace semanas. Este jueves, sin embargo, acusó al Ejecutivo de “entrar como elefante en cacharrería” con criterios, dijo, “sin base científica”. En la misma línea se pronunció García Egea: “Los epidemiólogos, que son los que saben, se oponen a este plan”. Más de una docena de expertos consultados por este diario en las últimas dos semanas coinciden no solo en que hay que tomar medidas, sino en que estas llegan tarde.

Diferencia de tono

Esa cadena de contradicciones ha puesto en un papel difícil a los barones autonómicos del partido que llevaban meses solicitando reglas homogéneas y mayor coordinación con el Gobierno. También ha afectado a la relación con su socio autonómico, Ciudadanos. Otras comunidades populares que votaron en contra de los criterios presentan un tono muy distinto del de Génova y Díaz Ayuso. El Gobierno regional madrileño lleva las medidas a los tribunales y en la dirección nacional sugieren que Illa pretende intervenir en Madrid para ganar puntos para una posible candidatura electoral nada menos que en Cataluña. Por su parte, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicó que su comunidad votó en contra para ser “más certeros” y porque cree que debe haber más de tres criterios. “Hay tiempo para un acuerdo más amplio y lo vamos a intentar”, dijo. Andalucía no recurrirá las instrucciones del ministerio. Alberto Núñez Feijóo también declaró que si alguna localidad gallega llega a esos parámetros, las acatará.

Mientras en Madrid, que amagó con rebelarse ante las restricciones, el cruce de reproches entre el PP y Ciudadanos es público y constante. “Yo apuesto por hablar, no por ir a los tribunales. Es mi obligación moral”, criticó el vicepresidente Ignacio Aguado a Ayuso. En Castilla y León, que las apoya, hay una sintonía total entre ambos partidos.