Las políticas de Ayuso elevan el malestar en otras regiones por los privilegios de Madrid

El descontrol de la pandemia bajo la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con Madrid convertida en el epicentro europeo de la covid, ha reabierto debates latentes como la descompensación del modelo territorial. Su resistencia a cumplir con las recomendaciones del Gobierno para contener al virus, su visión de España y su intención de bajar impuestos al mismo tiempo que reclama más recursos irritan en otras autonomías. Barones del PP y del PSOE reclaman soluciones contra la concentración de riqueza e infraestructuras y la política fiscal de la capital.

El centralismo del que Ayuso hizo gala hace una semana en su encuentro con Pedro Sánchez —"Madrid es España dentro de España, ¿Qué es Madrid si no es España?"— aumentó el malestar creciente con la locomotora económica del país que se extiende por el resto de territorios. “Madrid es enormemente abierta, acogedora y permeable. Nadie se siente extraño en Madrid. Pero no hay que confundir Madrid con el PP de Madrid”, subraya Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, una de las comunidades más afectadas, para bien y para mal, de las decisiones que se toman en la Puerta del Sol.

Frente a las acusaciones de madrileñofobia del Ejecutivo de Ayuso a los críticos con su gestión, la sensación que va impregnando en otras comunidades —más allá de Cataluña—, según los presidentes autonómicos consultados, es que el país mira demasiado a lo que sucede dentro de la M-30. Y se olvida del resto. Entretanto, el efecto capitalidad ha convertido a Madrid en una “una gran aspiradora”, en palabras del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia en detrimento del desarrollo del resto del país. El barón del PSOE lo ha llamado “el procés invisible”. Y no es el único que lo señala. Madrid se está convirtiendo en un nuevo foco de malestar territorial. Mientras, la comunidad se jactaba este domingo de haber recibido 3.852,5 millones de euros, el 83% de toda la inversión extranjera en España en el segundo trimestre. La siguiente fue Cataluña, con 538 millones (11,6%).

El músculo económico de Madrid no le ha valido para contener la pandemia. Hasta el lunes pasado, cuando entraron en vigor las restricciones en 37 áreas, que se amplían este lunes a otras ocho áreas de salud, Madrid fue una de las autonomías con las medidas más laxas. La consecuencia es que la evolución del virus inquieta al resto de autonomías, incluidas las del PP. “Madrid tiene que tomar más medidas, y más generales y más restrictivas”, afirma un presidente autonómico del PP, que asiste “estupefacto” al último enfrentamiento entre las autoridades madrileñas y el Gobierno central. Este barón cree, a diferencia del líder de su partido, Pablo Casado, que Ayuso “debería haber actuado antes”.

Los presidentes autonómicos consultados descartan pedir en estos momentos un cierre de Madrid para evitar que el virus siga extendiéndose por todo el país. La restricción de la movilidad en lo más álgido de la pandemia se cumplió con la declaración del estado de alarma. “La influencia de Madrid sobre el resto es importante, pero ya hay transmisión comunitaria en todo el territorio nacional”, señala otro presidente autonómico del PP. Los barones de este partido cargan las tintas contra el Gobierno de Sánchez por “dejación de funciones”.

En paralelo a la covid, otro problema estructural se ha abierto paso. La vertebración centralista de España y el dopaje de Madrid por ser la capital se ha potenciado tras la crisis catalana —muchas empresas han trasladado su sede social desde Barcelona—, aumentando la desigualdad con las demás autonomías. Según un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, financiado por la Generalitat, la capital representa solo el 1,6% del territorio español, pero hasta el 19,2% de su PIB.

El informe recoge otros datos reveladores de las ventajas de que disfruta Madrid por ser la capital: el 60% de las licitaciones del sector público estatal se hacen a empresas con sede social en la región y el 29% de los empleados públicos del Estado se localizan en la capital, esto es, 150.000 funcionarios que con sus familias suman unas 400.000 personas. Además, la ciudad concentra el 21% de las ocupaciones cualificadas de España; su porcentaje de población con estudios universitarios es del 41%, 10 puntos más que la media española; y la renta per cápita de la comunidad se sitúa un 36% por encima del promedio nacional y un 16% del europeo.

Por no hablar de la fiscalidad. La intención de Ayuso de bajar el tramo autonómico del IRPF, que anunció en el reciente debate del estado de la región, encrespó a otros territorios. Sobre todo cuando la presidenta se quejó, tras la reunión bilateral con Pedro Sánchez, de no tener los recursos necesarios contra la pandemia.

Madrid es la comunidad más beneficiada por el fondo autonómico, del que ha obtenido 1.787 millones de los 8.000 repartidos desde julio. “En este país no pueden existir semiparaísos fiscales, no puede haber comunidades que por su capacidad recaudatoria practiquen una política agresiva de dumping fiscal [competencia desleal entre territorios]”, se queja el socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, partidario de “una armonización de mínimos” de los impuestos autonómicos.

Tras Cataluña, ahora es Madrid la que tensiona las costuras del modelo territorial. “El problema no es España, sino qué España”, destaca Puig, artífice de la llamada de atención sobre la capital. El socialista defiende que se abra este debate ahora para evitar que España salga de la pandemia a distintas velocidades. Hay alternativas si se mira a Europa, como imitar el ejemplo de Alemania, con un elevado número de agencias estatales, el banco central, tribunales federales y algunos ministerios ubicados fuera de la capital. “¡Pero si la sede central del Instituto Español de Oceanografía está en Madrid, que no tiene mar!”, se indigna.

“Los gobernantes de Madrid creen que es mérito propio y no es así”

La política fiscal madrileña no es nueva: fue Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad entre 2003 y 2012, la gran impulsora de lo que Alfredo Pérez Rubalcaba calificó como “thatcherismo cañí, sin complejos y sin escrúpulos, de Las Vistillas”. Sus sucesores, incluida Isabel Díaz Ayuso, han sido continuistas. En la conferencia de presidentes de 2017 ya hubo quejas porque Madrid fuera la única autonomía que bonifica al 100% el patrimonio, el impuesto que grava la riqueza. Y el de sucesiones y donaciones, con una bonificación del 99%, se ha eliminado en la práctica. Por ambos beneficios fiscales a las grandes fortunas Madrid deja de ingresar 4.100 millones de euros anuales, según el estudio valenciano, y después reclama más fondos estatales para hacer frente a la pandemia.

Emiliano García-Page subraya cómo Castilla-La Mancha y otras autonomías vecinas a Madrid comparten un mismo problema: algunas de las rentas más altas de estos territorios se empadronan en el kilómetro cero en el ocaso de sus vidas para no pagar donaciones y sucesiones. “Tenemos gente que se convierte en madrileña para morirse y no pagar impuestos”, comparten en los gabinetes de los Ejecutivos de las comunidades limítrofes. Y no solo en las gobernadas por presidentes socialistas.

Extremadura tiene abiertos pleitos importantes para intentar demostrar que algunas rentas altas que alegan que residen seis meses al año en Madrid, para pagar así menos impuestos, en realidad no lo hacen. Su presidente, Guillermo Fernández Vara (PSOE), insta a un nuevo modelo de financiación —el vigente está obsoleto desde 2014— para equilibrar el reparto de la riqueza y de la población y corregir las descompensaciones. “La estructura del Estado es absolutamente radial, se ve en la red de carreteras, en la de ferrocarriles… Todos los caminos conducen a Madrid porque todo está en Madrid. Haría falta mucha voluntad política para cambiarlo”, reflexiona. En las comunidades del PP coinciden en que urge la reforma del sistema de financiación autonómica, pero también defienden el derecho de las comunidades a rebajar impuestos o bien piden que se armonicen todas a la baja.

Fernández Vara también hace hincapié en la concentración del sector público, de las principales corporaciones de España, los principales bancos y rentas más altas. “Los gobernantes de Madrid creen que es mérito propio y no es así”, subraya. “Ahora mismo, la mayor industria de Madrid es la capitalidad”, apostilla García-Page.