Felipe VI

El veto al Rey destapa la disputa en el Gobierno por el bloqueo judicial

Podemos acusa a Felipe VI de maniobrar contra el Ejecutivo en colaboración con el presidente del Supremo

Desde la izquierda, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.
Desde la izquierda, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.Andreu Dalmau / EFE

La decisión del Ejecutivo de vetar al Rey en la entrega de despachos a la 69ª promoción de jueces en Barcelona ha desencadenado una tormenta política de consecuencias imprevisibles en el Gobierno de coalición. La parte que representa Podemos acusa al Rey de maniobrar contra el Ejecutivo en colaboración con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y relacionan sus ataques al Monarca con la no renovación del Poder Judicial por el bloqueo del PP y porque el presidente Pedro Sánchez no busca ni encuentra una solución para evitar que el Gobierno de los jueces siga “en manos de la derecha”.

En Podemos creen que la anulación por el Gobierno del que forman parte de la presencia de Felipe VI en el acto del viernes en Barcelona intentaba evitar que coincidiera ese mismo día con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la posible inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, Quim Torra. Y piensan que tanto la cúpula del Poder Judicial, que ya lleva casi dos años caducada y a la que acusan de estar escorada a la derecha, como el PP pretendían rentabilizar esa coincidencia contra el Ejecutivo.

La vicepresidenta Carmen Calvo pidió este sábado “calma” a todos los actores de esta polémica para mantener la posición constitucional tras un enredo con demasiadas zonas oscuras. Pero el sector de Podemos en el Ejecutivo no quiere ya “más contemplaciones”, según fuentes de su dirección. “El presidente y su ministro de Justicia consideran que, con buenas formas, y una actitud dialogante, el PP bajará las armas y se prestará a negociar la renovación del Poder Judicial. Pero, como hemos visto, la vía de ir por las buenas no sirve de nada”, cuenta un miembro de Podemos en el Gabinete. Su apuesta es buscar otras alternativas con los socios de investidura para renovar el Consejo —algo que rechaza el PSOE porque no sumarían los 210 votos necesarios— o, en su defecto, promover leyes que permitan contrarrestar un Gobierno de los jueces de mayoría conservadora y con poder suficiente para elegir los puestos más sensibles pendientes del Tribunal Supremo.

Sobre los ataques al Rey, Podemos advierte de que van a continuar. Y explican que no han recibido ningún reproche directo del Gobierno por las acusaciones lanzadas en Twitter por Pablo Iglesias y Alberto Garzón. “Puede no parecer normal hasta ahora en España que un ministro o vicepresidente critique una actuación del Rey, algo que sí sucede en el Reino Unido y otros países, pero va a volver a pasar. Queremos ser el contrapeso, porque el Rey se pasó, se excedió de sus funciones y se ha demostrado inútil eso de decirles en privado a los del PSOE que esto no puede ser o que algo se ha hecho mal”, avisa un miembro de esa formación en el Gabinete. Los ministros de Podemos tampoco tuvieron ninguna información o aclaración en toda la semana sobre las razones reales de la ausencia del Rey en Barcelona, como la mayoría de los del PSOE.

Solo la vicepresidenta Calvo y Pedro Sánchez llevaron esa negociación con la Casa del Rey. Algunos ministros sí recibieron mensajes de la Secretaría de Estado de Comunicación cuando estalló la polémica y debían afrontar una entrevista en televisión, pero para que guardaran silencio: “Si os preguntan, contestad que no sabéis nada”. No tuvieron que mentir.

Ni siquiera había participado de la decisión el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien le preguntaron en la cadena SER por los motivos del veto y respondió: “Un paquete de razones”.

Media docena de fuentes del Gobierno y de la administración de Justicia aportan versiones contradictorias con las de otros participantes en la polémica.

La entrega de despachos a la 69ª promoción de jueces se planteó este año como un acto discreto y minoritario por culpa de la covid-19. No estaban invitadas las familias de los jueces novatos, ni la mayoría de los principales cargos judiciales, ni las autoridades catalanas. A diferencia de otros años, no se iba a celebrar en un auditorio con capacidad para 1.000 personas, sino en el salón de actos de la Escuela Judicial, situada en un edificio de la montaña que sube al Tibidabo, una zona cuya protección en caso de problemas entraña complicaciones.

“El Gobierno no alegó motivos de seguridad. Si lo hubieran hecho, al menos podríamos saber de qué se trataba. El oscurantismo dio alas a todas las teorías”, explica un vocal del Poder Judicial. Algunos de esos consejeros elegidos a propuesta del PP apuntan a que se trató de un hacia los independentistas catalanes ante la negociación de los Presupuestos. Uno de ellos sostiene que el veto solo pudo obedecer a que ERC llamó a Pedro Sánchez para exigirlo. Un portavoz oficial de ERC lo negó este sábado tajantemente a preguntas de este periódico.

Explicaciones confusas

En la organización del evento, como todos los años, el Rey dio su visto bueno a muchos detalles y fijó la fecha que le cuadraba con su agenda. En ningún momento comunicó al Consejo problemas para acudir a Barcelona. Pero el viernes de la semana pasada, la Casa del Rey no incluyó en su agenda esa actividad. Y el lunes, el Poder Judicial, que ya había cursado las invitaciones impresas con la participación del Rey, conoció que el Gobierno había vetado la presencia de Felipe VI.

Un alto magistrado progresista defiende la decisión del Gobierno: “Se celebra un acto minoritario en la Escuela Judicial, no en el auditorio como otros años. Se ha prohibido a las familias asistir, la mayor parte del Consejo no va, los presidentes de los tribunales de justicia no van, las autoridades políticas catalanas, que era de alguna manera lo que justificaba la presencia del Rey, tampoco van a ir. Desde el punto de vista protocolario le haces un feo al Rey yendo a un acto en el que prácticamente no habrá representación institucional de esa comunidad”.

Las razones de seguridad también tenían su sustento. La Escuela Judicial está en medio del Tibidabo, en una zona complicada para maniobrar y de fácil bloqueo. El magistrado progresista añade: “No es solo un problema de seguridad para el Rey, es un problema de orden público”. El dispositivo de seguridad se mantuvo al máximo nivel, como algunos de los presentes no habían visto nunca.

Desde el Gobierno se asegura que se hicieron gestiones con Lesmes para aplazar el evento, algo que desde el Consejo se desmiente. Un relevante miembro de la carrera judicial apostilla: “Pretender llevar al Rey a Barcelona precisamente a un acto con problemas de seguridad y orden público, y justo cuando va a salir la sentencia de Torra es una temeridad y muestra el absoluto desconocimiento de la situación política por parte de quién convoca. El propio Lesmes se ha movido con el tribunal para que la sentencia no saliera hasta el lunes para que no les fastidiaran el acto”.

Razones de seguridad

Desde el sector de Podemos en el Gobierno se insiste en ese argumento: “Justificar el veto en lo de los problemas de seguridad no tiene sentido, pero sí la inoportunidad política del acto”. Varios ministros apuntan a que en el Gabinete tenían la seguridad de que la sentencia contra Torra se iba a dar a conocer precisamente el viernes y su resultado podría servir a la derecha, política, mediática y judicial, para interpretarla como “una derrota contra los intentos dialogantes del Gobierno sobre el conflicto catalán”.

Todo esto del Rey”, señala un vocal del Poder Judicial, “me suena a un intento de arreglarlo después buscando razones que no se dieron en un primer momento. Si hubiera venido Felipe VI no habría pasado nada. La situación política en Cataluña no es la de hace un año, cuando por indicación del Gobierno y en vísperas del comienzo del juicio contra los líderes independentistas, sí cambiamos y celebramos el acto en Madrid. Se han metido en un jardín innecesario. Si no puedes explicar algo, mejor no lo hagas. Comprendo que la situación es espantosa, que estamos sin presupuesto, pero es que los jueces no somos moneda de cambio. Al Rey hay que invitarle. Es un acto importante”.

Los que estuvieron el viernes en Barcelona cuentan que Lesmes atendió solícito la llamada del Rey, en medio de la foto de familia con los nuevos jueces, y se la comunicó a los mismos unos minutos después “con aires triunfantes” y “porque así se lo había pedido el monarca”. Varios testigos de esa charla coinciden en la versión que escucharon a Lesmes: “Me pide el Rey que os comunique que le habría gustado estar aquí”. Pero agregan que entendieron que la frase era “pura cortesía, sin ningún contenido de reproche al Gobierno”. Una interpretación que más tarde confirmó oficialmente la Casa del Rey. Un magistrado moderado que conoce a Lesmes considera que esa confidencia fue una frivolidad que metió al Rey en serios problemas y provocó la reacción airada de los ministros de Podemos.

El precedente de La Almudena

El conflicto interno en el Gobierno de coalición sobre la situación judicial se extiende a la valoración del papel del actual rey Felipe VI. El PSOE defiende públicamente la Monarquía constitucional como un todo. En Unidas Podemos mantienen una buena relación personal con el Monarca, pero no política. Creen que tomó partido con la llamada el viernes durante el acto judicial en Barcelona a Carlos Lesmes y señalan que no ha sido un detalle aislado. Como apuntó en un tuit el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuestionan que el Rey pueda estar “maniobrando” políticamente contra el Ejecutivo y sobre todo contra la inclusión en él de Podemos. Recuerdan algunos otros incidentes que no les parecen anecdóticos.

Alguno de los ministros de Podemos apunta que, durante todos los meses que llevan en el Gobierno, no han acudido como “ministros de jornada” a acompañar a los monarcas en ninguno de sus diversos actos institucionales, como siempre está obligado algún componente del Ejecutivo. Y rememoran ahora la discusión interna y con la Casa del Rey que se produjo con motivo de la organización por parte de la Iglesia católica, el 6 de julio en la catedral de La Almudena, del funeral a las víctimas de la covid-19. El Ejecutivo ya había avisado de que preparaba un funeral de Estado, laico, el 16 de julio, en el patio de armas del Palacio Real, pero la iglesia insistió en el suyo. Del Gobierno solo se presentó la vicepresidenta Carmen Calvo. Esa situación sirvió para que muchos medios subrayaran que el Monarca había estado allí frente a la ausencia del presidente. La Iglesia incluso presionó para que acudieran más ministros, hasta de Podemos. La discusión en el seno del Gobierno se trasladó tras aquel funeral católico a la Casa Real.

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