Una dudosa alarma sobre los okupas

Hay un auge de noticias de okupas, pero en medio de una gran confusión. Un ejemplo es el caso de Santovenia de Pisuerga, en las afueras de Valladolid, que ha aparecido en informativos como un pueblo con docenas de pisos ocupados y los vecinos en pie de guerra. La realidad es otra. Explica Alberto Chamorro, portavoz de la plataforma vecinal: “Aquí empezaron a ocupar pisos hace ocho años, con la crisis. En mi bloque, de 61, había 24 ocupados, pero no eran de nadie. Nunca hubo problemas, eran unos vecinos más, familias, pagaban la comunidad, iban a las reuniones… Al final la promotora llegó a un acuerdo con ellos de alquiler social”. Otra cosa es que hace dos años un grupo de familias y clanes “conflictivos”, según los vecinos, ocupó cuatro pisos de bancos y empezaron a crear problemas. “Los bancos, salvo uno, no han hecho nada. Bankia ni se presentó al juicio del suyo, y no puedes hacer nada, ellos son los propietarios”. Tras varias manifestaciones, queda una casa ocupada, pero este verano ha habido nuevos intentos. “Si no nos hubiéramos movilizado y salido en la tele nadie nos habría hecho caso”, resume.

Sobre esta cuestión se amontonan bulos y paradojas. ¿Hay datos de que el problema se haya agudizado estos meses? No, sobre todo porque apenas hay datos. ¿Se puede echar a alguien que se mete en tu casa? Es inmediato, contestan los jueces. ¿Son posibles esos casos que salen en la tele de alguien que vuelve a casa y se encuentra gente dentro? Son muy raros, aunque se presenten como habituales. La realidad es que la inmensa mayoría de ocupaciones son de pisos vacíos de bancos y entidades jurídicas, donde la justicia sí tarda más, pero que no crean alarma social salvo si son ocupantes conflictivos. De hecho, la proposición de ley del PP de julio en lo que se centra es en facilitar el desalojo en esos casos. Porque lo otro, echar a un okupa de la casa habitual o de una segunda residencia ya es inmediato con una ley de desalojo exprés de 2018, aprobada precisamente por PP y Ciudadanos, que dejaron fuera del texto los pisos vacíos de los bancos.

Se maneja una sola fuente del problema, una estadística del Ministerio de Interior. Dice que en el primer semestre de 2020 hubo 7.450 denuncias de ocupación, frente a 7.093 del mismo periodo anterior. Un ligero aumento de 357 más en toda España. El dato que se repite es: hay 41 denuncias al día. Pero 2019 fue igual, 40 al día. Es más, por comunidades, la cifra ha bajado o se mantiene en todas, salvo en cinco. En resumen, no se ha disparado con la pandemia. Sí es un problema que crece desde hace años, bajo Gobiernos de distinto signo. En todo caso el salto más relevante se produjo en 2018, pero no se produjo ningún debate. Por otro lado, desde la proclamación del estado de alarma están prohibidos los desahucios por impago de alquiler, nadie ha perdido su casa aún por esta crisis.

El siguiente foco de malentendidos es si es difícil o no echar a alguien que se mete en tu piso. Responde el juez Adolfo Carretero, magistrado titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid: “Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida, que yo recuerde, un caso de ocupación de vivienda de un particular, todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar. Si el dueño presenta el título de propiedad, es en el acto, desalojo cautelar y en el juicio ya se verá”. Pero también depende del juez que te toque y algunos son más garantistas. Una paradoja es que cuanto más conservador es un juez, más desmiente las tesis de los partidos conservadores, porque son estos magistrados precisamente a quienes menos les tiembla la mano para ordenar desalojos cautelares.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria, perpleja por el revuelo, ha hecho un sondeo en juzgados de toda España, cuenta su portavoz, Jorge Fernández Vaquero: “Todos nos dicen que la legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar, no existe ningún desamparo. Eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente nunca lo he visto, es excepcional. No tiene sentido, es que los propios okupas buscan casas abandonadas donde tengan menos problemas, por eso van a casas vacías de bancos. Eso tiene menores efectos penales, porque es usurpación, no allanamiento, y además viven más tranquilos”. Esa distinción es clave. Entrar en una vivienda es allanamiento de morada, hasta dos años de cárcel. En un piso vacío de un banco o un fondo buitre, es usurpación, máximo seis meses.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018 hubo 285 condenas por allanamiento de morada en España, y eso que el dato incluye todos los delitos, no solo la ocupación. Es una cifra estable desde 2013 (315 casos), con un pico en 2016 (357 casos). La usurpación sí es claramente mayor y se confirma como el verdadero foco del problema: 6.028 casos en 2018. Ha aumentado notablemente desde 2013, cuando hubo 1.669 condenas. Pero, por otro lado, la Fiscalía General del Estado señala en su última memoria de 2019: “Como veníamos anunciando en la memoria pasada, si bien se llegó a manifestar como conducta en aumento, asociándose a la situación de crisis económica, este año se puede confirmar, por segundo ejercicio consecutivo, un marcado retroceso (…) Con ello se puede constatar la consolidación de un cambio de la tendencia”.

Eso no quiere decir que con la nueva crisis económica no pueda volver a repuntar pero, de nuevo, no son casas de particulares. En todo caso Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP, subraya que en su opinión es un error pensar que si la casa es de un banco el delito es menos grave, además de que en ocasiones sus ocupantes crean problemas de convivencia: “Todo lo que sea asegurar el concepto de propiedad y el derecho de propiedad es positivo, no deberíamos incluir prejuicios ideológicos en este debate. Es como si el hurto fuera menos grave si es a alguien con más medios”. Su propuesta va en esa línea, endurecer el delito de usurpación y asegurar la expulsión en todos los casos. Admite que las ocupaciones de pisos de particulares son una minoría. Fuentes de la Policía Nacional estiman que han aumentado las ocupaciones por encargo o para alquilar la vivienda después, así como las que llevan a cabo delincuentes para dedicarla a narcotráfico y prostitución.

Uno de los pocos estudios sobre viviendas ocupadas es del Instituto Cerdà, que en 2017 calculó que eran 87.500 en toda España, dentro de los 3,4 millones de viviendas vacías que hay en España, según el último cálculo del INE en 2011. En 2018 elevó la cifra a 100.000. Su autor, Miguel Hernández, está asombrado del repentino interés mediático por el asunto. En agosto empezaron a llegarle alertas al móvil de que se citaba su estudio: “Si antes de vacaciones me hubieran preguntado si había novedades o motivos para este revuelo te habría dicho que no”. ¿Sus conclusiones del problema? “Prácticamente todos los pisos ocupados son de entidades. La mayoría de los ocupantes son familias vulnerables, por motivos socioeconómicos, y no son conflictivos. En la mayor parte de los casos se resuelve con acuerdos con los bancos. La ocupación es algo negativo para el propietario pero también para el que ocupa, con continua ansiedad, problemas de suministro, precariedad, se suele aceptar una solución”. Espera que la polémica creada sirva al menos para pensar el futuro como sociedad sobre el problema de la vivienda.

Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cree que la actual alarma no está justificada: “Creo que con la pandemia se ha retomado la idea del derecho a la vivienda y que se debe garantizar, un caldo de cultivo que ha despertado una reacción de intereses políticos y económicos, porque puede haber cambios en la materia. Por ejemplo, el pacto del Gobierno prevé una ley de vivienda a nivel estatal, que nunca se ha hecho. Porque el problema de fondo, del que no se habla, es la dificultad de acceso a la vivienda”.

En los casos conflictivos, para Ciudadanos, que también ha presentado una proposición de ley, el problema es que el desalojo rápido depende del juez. “En España hasta una tienda de campaña puede ser morada, según el Constitucional, y también donde está un okupa, y los jueces no hacen nada. Lo importante es que la decisión no dependa del juez, sino del criterio policial”, razona Edmundo Bal, autor del texto. Señala como ejemplar la instrucción del fiscal jefe de Baleares a las fuerzas de seguridad para expulsar a okupas ante un delito flagrante, “con eso la policía ya puede actuar”. Iniciativas similares están surgiendo en otras fiscalías. Para los casos en que los bancos se desentiendan de sus casas vacías, Ciudadanos propone que se legitime a las comunidades de propietarios para iniciar la acción de desahucio.

Abogados especializados también afirman que muchas veces no es tan fácil echar a un okupa de un piso particular. “La policía solo lo echa si es flagrante y hay vecinos como testigos, no es suficiente el título de propiedad, la clave es pillarlos in fraganti, actuar rápido”, explica Josep Maria Güell, de Hábitat Abogados, despacho de Barcelona del sector inmobiliario. Si no, hay que presentar una demanda y, según el juzgado que toque “para echarlos pueden ser siete meses en Barcelona, o año y medio en Sabadell”. En este caso el problema es la sobrecarga de los juzgados y su falta de medios. Güell opina que está cambiando el perfil, que ahora hay “más jóvenes que piensan que el sistema me lo permite y el sistema ya me sacará, que no es tan grave”. Pide que se apliquen las medidas cautelares cuando hay indicios claros, como el título de propiedad o, al igual que el colegio de abogados de Barcelona esta semana, un desalojo en 48 horas si los ocupantes no consiguen probar con algún papel que mantienen un vínculo con el inmueble. Hábitat tiene este año 10 casos de ocupaciones de pisos particulares, los mismos del año pasado. Güell subraya que en su experiencia sí son “frecuentes”. Cataluña es, con diferencia, la comunidad más afectada, con más de 6.688 denuncias el año pasado, frente a las 1.441 de la Comunidad de Madrid, por ejemplo,