El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

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El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". "No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". "Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.