Una agenda para la España de hoy

La segunda oleada del coronavirus pone a prueba la sanidad y educación y el empleo de las ayudas de la UE

Un sanitario le toma la temperatura a una persona en el dispositivo para realizar PCR aleatorias en el barrio madrileño de Puente de Vallecas.
Un sanitario le toma la temperatura a una persona en el dispositivo para realizar PCR aleatorias en el barrio madrileño de Puente de Vallecas.David Obach (Europa Press)

Empieza un nuevo curso político en España marcado por la llamada segunda oleada de la covid-19. Expertos de Agenda Pública analizan para EL PAÍS las distintas áreas que serán claves durante los próximos meses y cómo se deben establecer para responder ante la pandemia.

1. Economía ¿Qué hacer con las ayudas europeas?

Lidia Brun, economista e investigadora en macroeconomía y desigualdad en la Universidad Libre de Bruselas

El Fondo de Recuperación es una oportunidad para que España siente las bases de un nuevo modelo de crecimiento que permita superar las deficiencias de su estructura productiva. Hay que aprovechar que la regulación en materia de ayudas de Estado se ha relajado para impulsar una política industrial que debería tener tres ingredientes: productividad, sostenibilidad y modernización. España tiene un problema endémico de baja productividad que el mercado solo no soluciona. Mucho se debe a la dependencia de sectores como turismo, restauración y servicios de consumo finalista. Es necesario diversificar hacia sectores productivos intermedios que puedan integrarse en las cadenas de valor globales, creando mecanismos de acompañamiento público al desarrollo industrial y de potenciamiento de sinergias entre centros de investigación, capacitación técnica e innovación empresarial. Pero también hay que aprovechar mejor las potencialidades de sectores en los que España tiene ventaja comparativa y que ahora tienen un valor añadido insuficiente, como el sector energético, el agrícola o el de la construcción. España debería cubrir sus necesidades energéticas al 100% a través de renovables, reduciendo su coste para una industria que necesita ser más competitiva, aprovechar el know-how en construcción para llevar a cabo una política de renovación sostenible de edificios e infraestructura, y el agrícola para integrar procesos productivos en una economía circular. Finalmente, es necesaria una modernización del sector público que lo haga más ágil y flexible, capaz de gastar bien el dinero que recibe y no deje fondos sin ejecutar.

José Moisés Martín, economista

Las inversiones y reformas que prepare España para su aprobación deben ir dirigidas a dos prioridades: productividad y sostenibilidad. En términos de productividad, España debe incrementar notablemente el nivel de digitalización de las pequeñas y medianas empresas, mejorar el capital humano y la cualificación de los trabajadores, incrementar las inversiones en innovación empresarial y la adquisición de capital inmaterial como una mejor gestión empresarial, mejor reputación de marcas y empresas, y mayor acceso a mercados internacionales.

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En materia de sostenibilidad, debemos asegurar el despliegue de tecnologías limpias de última generación, favorecer la eficiencia energética en edificios y empresas, mejorar la gestión del agua y el territorio, y acelerar nuestra capacidad de producción de vehículos eléctricos, instalando las infraestructuras necesarias para la viabilidad del modelo en nuestras carreteras y ciudades.

Para ello, es imprescindible establecer un plan de inversiones audaz, técnicamente muy bien elaborado, y ajeno a los vaivenes de las lógicas de reparto político o territorial. Asegurar la capacidad de absorción no será problema si se realiza una correcta identificación de los proyectos y se mantiene una estructura suficiente de implementación y gestión de los mismos. El Gobierno tiene que armarse política y técnicamente para ser capaz no solo de elegir buenos proyectos, sino, lo que es más importante, ser capaz rechazar los malos.

2. Educación: ¿volver a las aulas?

Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona

La vuelta presencial es imprescindible, tanto en Primaria como en Secundaria. Un trimestre de educación “en línea” ha evidenciado cuán lejos está el sistema educativo de la digitalización y ha agravado significativamente las desigualdades sociales de aprendizaje. Lo más grave es que no estemos hablando de cómo recuperar lo perdido, sino de cómo evitar mayores pérdidas y mayores desigualdades.

Creo que las claves para la vuelta deben pasar por directrices comunes de salud pública (más claras de lo que han sido hasta ahora) con la necesaria flexibilidad para adaptarlas a los distintos entornos. Se ha perdido un tiempo precioso para preparar espacios alternativos y poder reducir ratios. Los recursos no son por supuesto ilimitados, pero deben ser suficientes para que los centros escolares puedan innovar en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, no solo mediante la flexibilización de espacios, sino también de tiempos. Seis meses después deberíamos estar centrados en lo importante y no en lo urgente.

Marga León, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona

La discusión en torno al comienzo del curso escolar ha llegado indiscutiblemente tarde en nuestro país y todo apunta a que pronto estaremos en el escenario de “un desastre por detrás”. No abrir, y sobre todo, volver a cerrar, no debería de ser una opción después de más de medio año de centros cerrados y con las evidencias que ya tenemos sobre la más que deficiente alternativa a la presencialidad entre los meses de marzo a junio. Las medidas acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación para la apertura segura de los centros educativos quizá tranquilice a quienes reclamaban un protocolo homogéneo de actuación. Pero con recursos claramente insuficientes, condiciones estructurales deficitarias en las escuelas públicas y la propia evolución de la Pandemia, este acuerdo de mínimos difícilmente ofrece las garantías necesarias. Así las cosas una pregunta fundamental es cómo vamos a reaccionar colectivamente cuando los positivos en las escuelas empiecen a asaltar los telediarios.

3. Sanidad ¿está el sistema preparado para una segunda ola de contagios?

Javier Padilla, médico

Desde que la covid-19 comenzó a causar estragos en España, se han introducido modificaciones en el sistema sanitario que hacen que nuestra situación de cara a sucesivas olas epidémicas sea distinta. Por un lado, el número de personas dedicadas al rastreo de contactos y, en general, a las labores de vigilancia epidemiológica, es mayor que en marzo aunque siga siendo insuficiente; además, los sistemas de información sobre los que el personal de salud pública basa sus actuaciones se han ido fortaleciendo y caminando hacia una mayor integración a nivel del conjunto del Estado. Otro de los aspectos positivos es la proliferación de planes de contingencia que facilitarán la reconversión de diferentes áreas de hospitalización convencional en áreas de críticos en el caso de ser preciso nuevamente.

En el lado negativo, la Atención Primaria apenas se ha reforzado y, por las dinámicas propias de la epidemia en nuestro país, parece estar recibiendo ahora el mayor impacto, siendo un nivel asistencial que atraviesa una triple crisis: la estructural (por su déficit presupuestario desde hace décadas), la estacional (por la coincidencia con el periodo vacacional sin personal de refuerzo) y la coyuntural (derivada del agotamiento de sus profesionales tras la primera ola y por el aumento de demanda debida a patologías postergadas por los meses del confinamiento).

Probablemente, el sistema podrá contener mejor las próximas oleadas, pero seguirá sin ser un sistema resiliente con capacidad de prestar la atención habitual a la par que atiende a lo extraordinario, y eso repercutirá en que mucha gente tenga que poner en espera su atención sanitaria, exponiéndose a un empeoramiento de su salud.

Eloísa del Pino, científica titular del CSIC

Los gestores del Sistema Nacional de Salud han aprendido durante la primera ola de la covid-19 pero no pueden confiarse. Ahora son conscientes de los recursos (medicamentos, instrumental, personal) que necesitan para atender una segunda ola. Conocen mejor las grandes dificultades de gestión que implica garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de los centros sanitarios durante una pandemia. Más importante, han reparado en que es imprescindible apoyar a los dispositivos pertenecientes a otros sistemas, como el de servicios sociales (residencias, por ejemplo) y el educativo, para que puedan desarrollar su imprescindible actividad con seguridad. Probablemente esta coordinación intersectorial tan compleja sea el reto clave al que se han enfrentado los gestores sanitarios en esta crisis.

El otoño se presenta con la total certidumbre de que los problemas de salud se agravarán. Está por demostrarse que la situación epidemiológica mejore y, aunque lo hiciera, la coincidencia con la gripe puede desbordar al SNS si no se organiza bien. Además, si algo está claro, es que las necesidades en salud de la ciudadanía se han incrementado mucho: los problemas que se dejaron de atender se han agravado y han aparecido otros derivados o no de este virus. La salud física y emocional de las personas que viven en peores condiciones y de los mayores encerrados y solos se ha deteriorado. No queda más remedio que invertir en salud. No hacerlo sería una negligencia imperdonable por parte de los gobiernos, lastraría la economía y profundizaría la brecha social.

4. Digitalización ¿la crisis sanitaria ha permitido avanzar en el proceso de digitalización?

Mónica Melle, profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid

La covid-19 ha acelerado la transformación digital, al alterar el modo de trabajo de las empresas. Durante los meses de confinamiento la tecnología permitió continuar con el trabajo, la escuela, el ocio y el consumo. Según el Banco de España (2020), el 80 % de las empresas optaron por el teletrabajo durante el estado de alarma. Cuando antes de esta pandemia tan solo un 7,5% de empleados teletrabajaban en España.

Según el índice DESI (Índice de la Sociedad y Economía Digital), que elabora la Comisión Europea, a partir de 37 indicadores relacionados con cinco dimensiones sobre conectividad, capital humano, uso de servicios de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales, en el año 2020 España mantiene la misma posición que tenía en 2019 (11ª posición en el ranking) ligeramente por encima de la media comunitaria

Nuestro país sigue destacando en servicios públicos digitales, donde además ha mejorado su posición pasando del cuarto puesto de la clasificación al segundo. Mantiene su buena posición en la dimensión de conectividad (posición 5). En el uso de servicios de Internet también se sitúa por encima de la media de la UE, ocupando la posición 11 y mejorando dos posiciones respecto del año anterior. Pero aún se sitúa por debajo de la media de la UE en los indicadores de integración de la tecnología digital (donde pierde una posición, pasando de la 12 a la 13), y capital humano (donde mejora de la posición 17 a la 16).

El fondo de recuperación europeo prevé movilizar inversión pública y privada para financiar este proceso de digitalización.

Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Países con muy diverso grado de digitalización o con importantes diferencias en implantación del teletrabajo han tenido similares caídas productivas y al contrario. Esto puede tener sentido en este momento, pues parece evidente que los principales factores que explican un diferente comportamiento económico son el cierre económico, principalmente de actividades comerciales y de la hostelería, y en segundo lugar y a cierta distancia la caída del turismo.

Esto no significa que la digitalización no sea importante y no vaya a resultar relevante durante esta crisis.

De hecho, en el programa que se abre ahora de reformas y de inversiones financiado y apoyado por el Next Generation EU una de las apuestas más importantes que se hará es la digitalización. Además, no cabe duda que existe una brecha digital respecto al resto de países europeos. Y tampoco cabe duda que es necesario cerrar la brecha digital en otras dimensiones, como son el laboral, además de educativo y social, dado que es evidente que unos ciudadanos digitalizados, son unos ciudadanos que pueden acceder mejor a contenidos a través de las redes online, serán ciudadanos más resilientes laboralmente, y que por ello sufrirán menos consecuencias negativas ante posibles como los experimentados, o bien otros similares.

5. Derecho: ¿cuenta la gestión de la excepcionalidad con un buen diseño normativo en España?

Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

La experiencia de la gestión del estado de alarma arroja un balance no plenamente satisfactorio. La ley orgánica reguladora de los estados excepcionales, aprobada en los albores del Estado autonómico (1981), ha puesto en evidencia un claro desfase con respecto a las exigencias derivadas de la descentralización territorial del poder político existente en España. La decisión de atribuir el “mando único” al Ministerio de Sanidad, si bien se justificó acertadamente como expresión de la necesidad de concentrar la capacidad de definir una línea de actuación común para todo el territorio, no logró soslayar la realidad de un ministerio que, más allá de la facultad de coordinación, carece de competencias sustanciales, cuya titularidad recae en las autonomías. Es cierto que se han articulado mecanismos de colaboración orientados a “devolver” progresivamente el protagonismo perdido a las Comunidades (la “cogobernanza”), pero no lo es menos que su impulso y desarrollo han dependido de la voluntad del Gobierno central. En este sentido, la pandemia ha vuelto a recordarnos la clamorosa ausencia de un foro institucional que permita la participación autonómica efectiva en la definición del interés general y en la defensa de sus competencias.

En el actual contexto de “nueva normalidad”, la gestión autonómica de los rebrotes está discurriendo primordialmente al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública, que permite “adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos”, así como de “las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”. Sobre esta base, se están limitando libertades y derechos fundamentales de amplios colectivos de ciudadanos al margen de las exigencias constitucionales, dejando la última palabra a la ratificación de los jueces de lo contencioso-administrativo y generando con ello una indudable alteración de la seguridad jurídica.

Elisenda Malaret, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona

El ordenamiento jurídico español cuenta, desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, con un marco legal suficiente para que las administraciones públicas competentes (también las de las Comunidades Autónomas) puedan adoptar las medidas necesarias y adecuadas para afrontar la actual situación de emergencia de salud pública. Un diseño normativo completado por la legislación sectorial de salud pública que apodera específicamente a las distintas administraciones públicas. Quizás estas autorizaciones legales parezcan demasiado indeterminadas, sin embargo, no cabe predicar de estos preceptos legales su inconstitucionalidad por ausencia de precisión o delimitación exacta de la actividad administrativa, pues esto es lo propio de las situaciones de excepcionalidad y emergencia, para las que no es posible predeterminar de manera abstracta y previa el tipo concreto de potestades administrativas que se ejercerán ante cada supuesto de hecho delimitado de manera precisa. En este contexto de débil programación ex ante, cobra especial significación el control judicial de la administración. Si ante los posibles peligros y riesgos para la salud pública, las leyes solo pueden contener cláusulas generales de intervención administrativa que posibiliten actuaciones diferentes en atención al riesgo o peligro concreto (que puede ser muy distinto según los territorios), la efectividad de la protección de los derechos y libertades constitucionales estriba en un denso e intenso escrutinio judicial (que excepcionalmente en este ámbito es previo), que se debe desarrollar aplicando el test de proporcionalidad en su significado más intenso, examinando la necesidad, adecuación y proporcionalidad de las medidas adoptadas. Si bien, ante situaciones de incertidumbre científica o técnica, en contextos de significativa complejidad como sucede en el supuesto de la pandemia originada por la covid-19, a fin de delimitar efectivamente la intervención administrativa, el juez deberá tomar en consideración la justificación de las medidas concretas, estas deberán fundarse en informes técnicos rigurosos. Los tribunales, en su función de tutela de los derechos son también garantes de la experticia administrativa y de la calidad de las decisiones gubernativas.



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