La Fiscalía quita trabas a las pesquisas argentinas sobre el franquismo

En septiembre del año 2016, la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, se dirigió al fiscal jefe de la Comunidad de Madrid indicándole que, con carácter general, se pronunciara en contra del cumplimiento de comisiones rogatorias solicitadas por la justicia argentina en la causa abierta en Buenos Aires contra los crímenes de la dictadura franquista. La actual fiscal general, Dolores Delgado, ha decidido dejar sin efecto de manera expresa esta orden, que entorpecía las investigaciones que lleva adelante en el país americano la juez María Servini.

En una nota interna, la fiscal general sostiene que “es responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, autonómica y local, así como a los nuevos paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional”. Por ese motivo, Dolores Delgado argumenta que mantener esa interpretación de Madrigal podría suponer una “cortapisa” a la investigación.

El contexto actual, desarrolla Delgado, no es el mismo que cuando Madrigal redactó aquella carta, ya que “ha evolucionado la cooperación internacional y la perspectiva nacional”. “La realidad es que las acciones de políticas públicas en favor del reconocimiento de la memoria histórica son significativamente diferentes, no solo de manera simbólica, sino desde el punto de vista legislativo y práctico”, dice. Delgado pone como ejemplo de este cambio la creación de una Dirección General de Memoria Histórica —que ahora tiene rango de secretaría de Estado— o varias iniciativas autonómicas para la búsqueda de desaparecidos del franquismo.

Los familiares de los represaliados acudieron a la justicia argentina en 2010, después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fuera acusado de prevaricación —finalmente fue absuelto— precisamente por abrir una causa contra los crímenes del franquismo. Desde entonces se han sumado cientos de víctimas, tanto de la Guerra Civil como de la dictadura. El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa declarará el próximo 3 de septiembre ante la juez argentina que lleva el caso, María Servini de Cubría, que quiere interrogarle por varias muertes que fueron resultado de disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas entre 1976 y 1978.