Análisis
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La soterrada pugna judicial por investigar al rey emérito

El Supremo se inclina por ceder a la Audiencia Nacional la investigación salvo que la Fiscalía aporte datos "novedosos"

Juan Carlos I, en enero pasado.
Juan Carlos I, en enero pasado.José Oliva / Europa Press

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se inclina por no aceptar ninguna denuncia o querella contra el rey Juan Carlos I que provenga directamente del fiscal de Sala del Supremo Juan Ignacio Campos salvo que la misma contenga datos “absolutamente novedosos” y ajenos por completo a las pesquisas que inició en 2018 un juzgado de la Audiencia Nacional. Así lo señalan fuentes jurídicas que consideran que el titular de ese juzgado, Manuel García-Castellón, debería ser el magistrado que agote la investigación.

Campos es el fiscal a quien la fiscal general del Estado Dolores Delgado ha encomendado la investigación de este asunto al estar aforado Juan Carlos I. Pero, pese a lo anunciado por la Fiscalía General, los citados medios jurídicos no ven probable que surjan hechos nuevos diferentes de los ya abordados en su día por el juzgado de García-Castellón que permitan dirigirse directamente al alto tribunal.

En el marco del macrosumario que afecta al comisario jubilado José Manuel Villarejo, el juez García-Castellón acaba de reabrir una parte de la denominada pieza Carol, que contiene unas grabaciones hechas en Londres en 2015 por Villarejo a Corinna Larsen, en la que esta atribuye cobro de comisiones y otros presuntos delitos a Juan Carlos I. La parte reabierta se ciñe a un supuesto encargo de Larsen a Villarejo y no al resto de los supuestos delitos que se desprenden de esta grabación y que afectan al rey emérito.

La Fiscalía General del Estado retiró la investigación a los fiscales de Anticorrupción y encomendó las pesquisas que estos venían realizando a Campos, un fiscal de la Sala de lo Penal del Supremo, al entender que el investigado, el rey emérito, es aforado ante el alto tribunal y solo este podía investigarle. Y, también, avanzó que una vez que Campos concluyese la investigación interpondría, si veía indicios delictivos, una querella directamente ante el Tribunal Supremo. Pero legalmente, no es ese el cauce, según el parecer de fuentes jurídicas.

Así que podría ser el juez García-Castellón quien investigue todo este asunto y quien en el transcurso de las pesquisas decida si hay indicios delictivos contra Juan Carlos I y, en su caso, decida si eleva o no ante el Supremo una exposición razonada de hechos para que (entonces sí) sea el alto tribunal el que prosiga con las pesquisas y nombre un juez instructor entre sus miembros. La reapertura de la pieza Carol por García-Castellón podría ser un guiño del magistrado sobre a quién considera que compete investigar el caso.

La tesis más extendida en el Supremo es que Campos tendrá que comunicarse directamente con el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional para que sea este quien agote la investigación que el juzgado sobreseyó provisionalmente en 2018 por falta de pruebas pero que esta misma semana ha reabierto parcialmente.

“No se ha hecho nada aún en el juzgado”, señalan fuentes de la Audiencia Nacional. “No ha habido una investigación previa. Hay que empezar por los cimientos, y por construir un caso. Si Campos presenta una querella, la única opción que le queda a la Sala Segunda del Tribunal Supremo es devolverla porque preguntarán dónde está la investigación. Sobre esto hay abundante doctrina asentada en el Tribunal Supremo”.

Pero en la Fiscalía Anticorrupción se opina lo contrario. Defienden la potestad de la Fiscalía del Tribunal Supremo para abrir unas diligencias de investigación en este caso. Al menos (como se ha hecho) mientras el juzgado mantuvo cerrado el caso. Y señalan que, bajo esa facultad, la Fiscalía puede investigar al rey emérito y adoptar toda clase de iniciativas, detenciones y comisiones rogatorias salvo las que atañen a los derechos fundamentales del investigado, es decir, registros o intervenciones telefónicas. “Campos es plenamente competente”, afirman a este medio fuentes fiscales.

El juez García-Castellón ha mantenido un estrecho contacto con el fiscal suizo Yves Bertossa, que es el que ha destapado este caso e investigado a Larsen por un delito agravado de blanqueo de capitales. García-Castellón se reunió con Bertossa en Madrid el pasado mes de octubre y le devolvió la visita desplazándose a Ginebra. El juez envió al fiscal suizo las cintas grabadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo a Larsen y recibió de Bertossa una comisión rogatoria, publicada por este diario, en la que este explicaba con todo lujo de detalles los principales hallazgos de su investigación, datos con los que pensaba reabrir la pieza Carol sobre el rey emérito.

En esta pieza se investigaron las afirmaciones de Corinna Larsen sobre don Juan Carlos I, supuestas cuentas en Suiza y un presunto cobro de comisiones. El caso fue archivado provisionalmente por su juzgado en septiembre de 2018 con el apoyo de los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, quienes, no obstante, anunciaron que esa Fiscalía abriría diligencias por un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales en las obras del AVE a La Meca. Esas nuevas diligencias, incoadas por el fiscal Luis Pastor, son las que se han remitido recientemente a la Fiscalía del Supremo.

El juez de la Audiencia Nacional estaba pendiente de recibir las declaraciones de los investigados en Suiza, pero Bertossa finalmente las remitió directamente a la Fiscalía del Tribunal Supremo. La explicación que ha dado el fiscal suizo es que le pidieron que las enviara al fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. Un jarro de agua fría para el juzgado Central 6, donde el magistrado y los funcionarios vieron como el caso pasaba a ser competencia del alto tribunal. Compete ahora al Supremo decidir si la investigación vuelve a la Audiencia Nacional.

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