El juzgado de vigilancia penitenciaria suspende la semilibertad de cinco líderes del ‘procés'

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha ordenado la suspensión del tercer grado de cinco presos del procés. La decisión responde a la medida cautelar pedida esta misma mañana por la Fiscalía de Barcelona, que ha recurrido la semilibertad concedida a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los presos tienen tres días para recurrir el escrito del ministerio público, pero mientras el juzgado resuelve definitivamente si mantiene o revoca la semilibertad de los líderes independentistas estos dejarán de disfrutar del régimen abierto. La revocación de la semilibertad de los presos es inmediata, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que previsiblemente ya no podrán gozar de ella mañana.

Antes de que la Generalitat les concediera el tercer grado, el pasado 14 de julio, los presos del procés ya salían a diario de prisión gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que les permitía abandonar la cárcel de lunes a viernes para trabajar, hacer voluntariado o cuidad de familiares. Pero la posibilidad de volver ahora a este régimen se ha complicado para los líderes independentistas después de que el Tribunal Supremo revocara el pasado jueves el 100.2 de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y acordara que es a él, como tribunal que juzgó y condenó a los presos del procés, a quien le corresponde la última palabra sobre la aplicación de este artículo. El ministerio público ha impugnado los permisos concedidos por esta vía a los nueve presos y la Audiencia de Barcelona ya ha enviado al alto tribunal los casos de Forn, Sànchez y Cuixart y prevé remitir el resto para que el Supremo decida si los revoca o los mantiene. Además, la Sala que preside Manuel Marchena estableció que el recurso de la Fiscalía ante la aplicación del 100.2 implica la suspensión de este régimen por lo que los presos, en principio, no podrían volver a disfrutar del mismo una vez que se les ha anulado el tercer grado.

Fuentes del Departamento de Justicia de la Generalitat consideran que los cinco presos a los que el juez ha suspendido cautelarmente la semilibertad tendrán que regresar al segundo grado, que solo permite solicitar un máximo de 36 días de permiso al año siempre que se haya cumplido un cuarto de la condena (requisito que ahora solo superan Forn, Sànchez y Cuixart). La Fiscalía aún no se ha opuesto formalmente al tercer grado de Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull, pero las fuentes consultadas señalan que se está estudiando. Por otro lado, el tribunal de Vigilancia Penitenciaria que le corresponde a Carme Forcadell no se ha pronunciado aún sobre el caso de la expresidenta del Parlament, cuyo tercer grado sí ha sido recurrido por la Fiscalía.

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“No, la ley no prevé la venganza como respuesta. ¿Este es el diálogo que ofrece España?”, ha denunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las redes sociales tras conocer la decisión. Por su parte, El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la suspensión del tercer grado demuestra que el Estado tiene miedo de ellos: “Volvemos a constatar que nos tienen mucho miedo y por eso nos quieren cerrados. Para incidir en la política y en la sociedad catalana”.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha recurrido este martes ante el juez de vigilancia penitenciaria el tercer grado de seis de los nueve presos del procés, concedido por la Generalitat el pasado 14 de julio, y ha pedido que se suspenda inmediatamente el régimen de semilibertad por el que solo van a dormir a prisión de lunes a jueves. Los afectados son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, así como el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El ministerio público pide al juzgado de vigilancia penitenciaria que la suspensión de su semilibertad sea inmediata, ya que considera que las sucesivas medidas de flexibilización del régimen penitenciario buscan “vaciar de contenido la pena” de la sentencia del Tribunal Supremo. El fiscal no reclama, por ahora, lo mismo para los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep Rull.

En todos los casos, la Fiscalía afirma que la concesión del tercer grado a los presos busca “no tanto la rehabilitación”, sino “única y exclusivamente alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”. Y para ello insiste en que no han recibido un tratamiento en prisión “acorde con la tipología delictiva” que les permita hacer “una verdadera asunción” de los delitos por los que han sido condenados. También discute que se haya otorgado antes incluso de que algunos de ellos hayan cumplido una cuarta parte de la misma, a pesar de la gravedad de los delitos, por lo que “no se cumplen los fines retributivos y de prevención general y especial de las penas” para otorgarles la semilibertad.

En los casos de Junqueras, Romeva, Cuixart y Sánchez, la Fiscalía menciona entrevistas en TV3, Catalunya Ràdio y El Mundo que demuestran que no ha habido “ninguna evolución” en los líderes del procés. “Mis compromisos los cumplí y estoy orgulloso de lo que hice”, destaca el ministerio público que dijo Junqueras en TV3. Y le reprocha su definición como “persona demócrata” que “actuó porque había un mandato superior del Parlamento de Cataluña y un consenso social”. “Lo democrático no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta convirtiendo su voluntad en ley, sino acatar las leyes y si no se comparten, el procurar cambiarlas por los cauces legales”, rebate la Fiscalía. Y subraya así el “riesgo de reincidencia” de Junqueras.

En el recurso contra el tercer grado de Sànchez, argumenta que el interno “falta a la verdad” cuando dice que “a día de hoy el activismo no lo contempla como factible”. Se refiere a la presidencia de la formación Crida Nacional, del que insiste que tiene finalidades políticas. También mantiene que el exdiputado y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana debe “seguir trabajando” en la asunción del delito, algo que asegura solo se puede hacer en segundo grado, dentro de prisión. También argumenta que no hay “ninguna evolución” en Romeva, que declaró en TV3: “Estoy en prisión pero no soy un delincuente, sino que defiendo valores y principios que son universales”.

En el caso de Cuixart, el ministerio público concluye que el tratamiento penitenciario aplicado a este, incluida la concesión del tercer grado, no ha tenido ningún efecto real en él. Y recuerda tanto la última palabra durante el juicio en el Supremo, cuando dijo que la “ley superior es la ley de su conciencia”, como diferentes declaraciones en medios de comunicación. “El interno sigue considerando que los hechos por los que ha sido condenado no son constitutivos de delito”, subraya la Fiscalía.

En los diversos recursos, el ministerio público entiende que todos los líderes del procés son personas integradas en la sociedad, que ya lo estaban antes. Pero esgrime que la finalidad de la pena impuesta debe tener también un “carácter retributivo” que “descansa, por un lado, en la culpabilidad, y por otro, en la experimentación como algo merecido por el penado y por la sociedad, así como la prevención especial y general”. Sin que se pueda transmitir a la sociedad que “puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley”.

El Supremo impuso en octubre del año pasado penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve dirigentes independentistas catalanes condenados por sedición. El alto tribunal descartó el delito de rebelión, el más grave de cuantos pedía la Fiscalía. El Supremo consideró probado que durante el otoño de 2017 se registraron en Cataluña “indiscutibles episodios de violencia” pero creyó que estos no bastaban para condenar a los líderes independentistas por rebelión.

Las juntas de tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos acordaron el pasado 14 de julio aplicarles la modalidad de régimen abierto. Los políticos condenados duermen cuatro días en prisión —un mínimo de ocho horas— y pasan la noche de tres días por semana en casa. Según la normativa, en el tiempo fuera de la cárcel, los internos en tercer grado pueden trabajar y tener una participación plena y responsable en la vida familiar.