LA SENTENCIA DEL PROCÉS

Las prisiones catalanas acuerdan por unanimidad la semilibertad para todos los presos del ‘procés’

La Generalitat decidirá, en un máximo de dos meses, si ratifica la decisión de las Juntas de Tratamiento

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición, en una imagen del pasado 3 de marzo, en su primera salida de prisión para ejercer de docente en la Universidad de Vic.
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición, en una imagen del pasado 3 de marzo, en su primera salida de prisión para ejercer de docente en la Universidad de Vic.Susanna Sáez / EFE

Los nueve políticos presos tras el juicio del procés son considerados aptos para recibir el tercer grado penitenciario, lo que les permitiría, por ejemplo, solo tener que ir a dormir a la cárcel o a un centro especializado y pasar el fin de semana con sus familias. Las Juntas de Tratamiento de las tres prisiones donde cumplen condena por delitos de sedición y malversación elevaron este jueves un informe con esa conclusión al departamento de Justicia de la Generalitat, que ahora tiene dos meses para ratificarlo o no. Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que recurrirán la decisión, con lo cual muy posiblemente será el Tribunal Supremo, que les condenó, el que tenga la última palabra sobre su paso a la semilibertad.

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”El tercer grado no exime de la pena, es una forma más de cumplir con la pena”, explicó el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, encargado de informar de la decisión de las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Wad Ras. El reglamento establece que, a todos los presos, cada seis meses, se les debe evaluar su grado. El 11 de diciembre, tras un debate muy intenso, se les otorgó el segundo grado a todos y la nueva revisión se tenía que hacer antes del día 9. Calderó explicó que la decisión de dar luz verde a la semilibertad se tomó por unanimidad.

El anuncio mo es el punto final para una flexibilización del régimen penitenciario del exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los líderes de las entidades independentistas Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium). Las decisiones de las juntas tienen que ser validadas por el Servicio de Clasificación del departamento de Justicia. Calderó recordó que, si bien este órgano tiene dos meses para tomar una decisión, este plazo no se suele agotar. En todo caso descartó que los nueve presos puedan salir de manera “inminente”.


Fuentes de la Fiscalía aseguraron este jueves que, si se produce esa ratificación del tercer grado, el ministerio público la recurrirá. Consideran que la semilibertad de los líderes secesionistas es “un fraude”, por lo que intentará frenarla. Primero, ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Y si este no la revoca, ante el Tribunal Supremo, que tiene la última palabra por ser el que juzgó y sentenció a Oriol Junqueras y sus compañeros y los envió a la cárcel con penas que oscilan entre nueve y 13 años de cárcel por el proceso que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia en el Parlament del día 27.

La Fiscalía sostiene, además, que su recurso suspendería la ejecución del cambio de grado, por lo que los presos tendrían que seguir en el régimen actual hasta que el Supremo se pronuncie. Sin embargo, la Generalitat y otras fuentes jurídicas defienden que los políticos presos accederán al tercer grado de forma inmediata una vez se pronuncie el Servicio de Clasificación. Si el Supremo le diera la razón a la Fiscalía los nueve líderes independentistas volverían al segundo grado.

Calderó no se quiso referir a la posibilidad de que la Fiscalía recurra e hizo un alegato en defensa del personal de Justicia y de las prisiones catalanas. “Son funcionarios, son independientes y no obedecen a ninguna causa política”, dijo el secretario, si bien aceptó que sus decisiones tienen “consecuencias políticas”. Con todo, dejó claro que si todo dependiera del Govern “nunca habrían estado en la cárcel”. El alto cargo de la Generalitat explicó, además, que esos órganos se habían reunido a la misma hora para proteger su trabajo de “interferencias”. Los partidos independentistas han denunciado supuestas presiones del Supremo a las Juntas de Tratamiento para evitar la salida de estos nueve reclusos.

Desde hace tres meses, los condenados por el procés disfrutan de un régimen flexible de cumplimiento de las penas, en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Este les permite salir de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado. El grado tres les dará otras ventajas: podrían estar en centros abiertos o pisos especiales de la Generalitat. El tercer grado implica, además, la posibilidad de disfrutar de un máximo de 48 días de permiso ordinario al año, distribuidos en dos semestres. Como máximo, siete días seguidos por permiso. Los políticos presos han estado ya dos años y medio en prisión.

La Fiscalía ya ha recurrido en todos los casos la aplicación del artículo 100.2 a los nueve condenados por considerarlo que era un tercer grado encubierto, pero, también en todos los casos, los Juzgados de Vigilancia penitenciaria han avalado la decisión de la Generalitat.

El entorno de los líderes presos recibió la noticia con cierta contención. “Un paso más, pero seguimos siendo presos políticos”, tuiteó el equipo de Junqueras. Ciudadanos cargó contra la decisión: “Al parecer, dar golpes a la democracia sale barato en Cataluña”, escribió en esa misma red social la líder del partido Lorena Roldán, que pedirá la comparecencia en el Parlament de la consejera de Justicia, Ester Capella.


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