Juan Carlos I asume que debe dar un paso al lado y distanciarse de Zarzuela

Juan Carlos I ha asumido que debe dar un paso al lado para salvaguardar a la Monarquía de la investigación abierta sobre sus cuentas en paraísos fiscales y sopesa un alejamiento físico de la Zarzuela, pero no la renuncia al título honorífico de rey, según fuentes de su entorno. El padre del Rey está al tanto de las informaciones que se publican cada día sobre sus negocios privados y es consciente del daño que hacen a la institución, pero aún no hay consenso entre Felipe VI, el Gobierno y Juan Carlos I sobre la fórmula y el momento oportunos para blindar a la corona de las responsabilidades personales de este último.

Fuentes gubernamentales aseguran que la Casa del Rey se inclina por la renuncia voluntaria de Juan Carlos I al título de rey emérito como la fórmula legal más limpia y sencilla: bastaría con derogar o modificar el decreto de 13 de junio de 2014 sobre títulos y honores de la familia real que, seis días antes de la proclamación de Felipe VI, otorgó a sus padres el título honorífico y vitalicio de reyes, con honores análogos a los príncipes de Asturias y precedencia protocolaria tras las hijas de los Reyes. Además, como ya hizo tras su llegada al trono, cuando excluyó a sus hermanas y cuñados, Felipe VI podría recortar la composición de la familia real para dejarla reducida a su esposa e hijas. Una fórmula que, como efecto colateral, castigaría injustamente a la reina Sofía.

El problema es que, según quienes le conocen, Juan Carlos I no se plantea renunciar voluntariamente al título honorífico de rey, la única dignidad que conserva una vez que su hijo le retiró el 15 de marzo la asignación que recibía de los fondos públicos. En estas condiciones, la decisión resulta traumática, pues Felipe VI debería despojarle del título contra su voluntad, como hizo con su hermana Cristina, a la que en junio de 2015 retiró el ducado de Palma de Mallorca tras negarse a renunciar a sus derechos dinásticos.

Otra cuestión es el momento adecuado para tomar una decisión. Inicialmente La Zarzuela era partidaria de esperar a que se produjera alguna acción judicial, la presentación de una querella por parte de la Fiscalía ante el Supremo o la citación de Juan Carlos I como investigado, antes de dar cualquier paso. Anticiparse, se argumentaba, suponía presuponer su culpabilidad y agotar las posibles respuestas para momentos ulteriores. Otra cosa, alegaban fuentes próximas a la Casa del Rey, es que hubiera que hacer algo incluso si la causa terminaba archivándose. A estas alturas ha quedado claro que Juan Carlos I cometió irregularidades y que la inmunidad de la jefatura del Estado podría librarle de sanciones penales, pero no de asumir su propia responsabilidad ante la sociedad.

En los últimos días, sin embargo, el Gobierno ha multiplicado las declaraciones instando a Felipe VI a que adopte medidas de distanciamiento con su padre. Este viernes, la vicepresidenta primera Carmen Calvo insistió en que el futuro de Juan Carlos I “compete a la casa real” y agregó que “el Gobierno no otorga el título de rey, sino que asume constitucionalmente que nuestra jefatura del Estado tiene forma de Monarquía parlamentaria”. Fuentes de La Moncloa creen que el goteo de noticias sobre la fortuna de Juan Carlos I ha vuelto la situación insostenible y que Felipe VI no puede posponer indefinidamente una decisión sin que la Monarquía sufra un desgaste.

Tampoco está claro que la retirada del título de rey emérito fuera suficiente para evitar que el escándalo contamine a la corona. La Casa del Rey y el Gobierno estudian otras medidas, como su alejamiento físico de la familia real, una posibilidad que está sopesando él mismo, según quienes le conocen.

Juan Carlos I ocupa una vivienda dentro del propio Palacio de la Zarzuela, igual que la reina Sofía, mientras que los Reyes viven en el llamado Pabellón del Príncipe, donde Felipe VI se instaló cuando aún era heredero. Sacar a don Juan Carlos del palacio y reubicarlo en alguno de los pabellones disponibles en el propio complejo de la Zarzuela sería la fórmula más sencilla y discreta, aunque difícilmente la opinión pública lo vería como un cambio cualitativo. También podría mudarse a alguna de las residencias de Patrimonio Nacional, aunque ello conllevaría mayores gastos, incluida la seguridad de su nuevo domicilio.

La opción más drástica es su salida al extranjero. En más de una ocasión Juan Carlos I dijo en el pasado que nunca se marcharía de España; recordando que él nació en Roma (Italia), donde murió su abuelo, Alfonso XIII. Quienes le han frecuentado últimamente sostienen, sin embargo, que puede ser necesario para evitar el deterioro psíquico del padre del Rey, sometido al bombardeo diario de noticias que le ponen en la picota.

El problema es que su marcha se podría interpretar como una fuga, aunque proclamara solemnemente que estaría en todo momento a disposición de la justicia. Incluso si se tratara de una salida temporal y voluntaria fuera de España, sería muy difícil evitar que algunos la interpretasen como un “exilio”.

Quienes conocen a Juan Carlos I creen que este se alejará de una manera progresiva, intentando desaparecer de la escena pública. Portavoces de la Casa del Rey aseguran “no tener constancia” de cuáles son los planes o intenciones del Rey emérito.