Vox recurre el cambio de nombre del municipio de Guadiana del Caudillo

A Antonio Pozo no le gustó nada que su pueblo, Guadiana, dejase de honrar al Caudillo en su apellido. El exalcalde popular y actual líder de Vox en esta localidad pacense de 2.500 habitantes luchó cuanto pudo por mantener las referencias al dictador en la toponimia, e incluso llegó a perder una subvención de 168.000 euros por incumplir la ley de memoria histórica. Su empeño la valió el título de caballero de la Fundación Francisco Franco. Ahora que Guadiana se había librado de su pasado más oscuro, Pozo vuelve a la carga: ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la modificación del nombre del ayuntamiento. A la espera de la decisión judicial, Guadiana ha dejado a Llanos del Caudillo (Ciudad Real) como el único municipio con referencias a la dictadura.

La localidad extremeña, situada 30 kilómetros al este de Badajoz, eliminó a finales de enero su alusión a Franco, que permanecía en el topónimo desde que el tirano inauguró la colonia a principios de los años cincuenta. La votación en el pleno municipal contó con los seis votos favorables del PSOE, que gobierna desde mayo de 2019, cuando ganó las elecciones con una promesa muy simple: cumplir la ley, en este caso, de memoria histórica. Al otro lado, los cinco concejales de Vox, encabezados por Pozo, se opusieron al cambio de denominación.

Ahora, el propio Pozo y José Andrés Gámez han presentado, en nombre del partido ultraderechista, el recurso para revocar la decisión. Guadiana es el único topónimo de la localidad desde que el acuerdo plenario fue publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de Extremadura (DOE), previa validación del Consejo de Gobierno de la región.

Según Efe, los ediles de Vox argumentan en el recurso que Guadiana “no ha incumplido nunca la infame ley de memoria histórica”, por lo que “serán los tribunales quienes juzguen si el acuerdo que se impugna es conforme a derecho o no”. Pero lo primero no se ajusta a la realidad. Más allá del cambio de nombre, que no está tipificado explícitamente en el texto legal de 2007, lo cierto es que el artículo 15 de la norma aprobada durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero deja claro que las Administraciones tienen la obligación de retirar “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Pozo se negó cuando era alcalde, y perdió por ello una subvención de la Diputación de Badajoz.

La negativa del político a cerrar las heridas de la dictadura le costó el bastón de mando, después de la intensa actividad de la asociación Guadiana Despierta, que logró movilizar al pueblo a favor de la nueva denominación —pese a que la mayoría se había opuesto en una consulta celebrada en 2012— y de la recuperación de la memoria histórica. El pasado 9 de octubre, los operarios municipales retiraron un escudo preconstitucional y una placa franquista de la fachada del Ayuntamiento. El anterior regidor la había protegido con un cristal blindado, pero no pudo hacer nada para evitar que el nuevo Consistorio cumpliese la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El proceso legal le costó 20.000 euros a las arcas municipales, que fueron a parar al bufete madrileño del sobrino del golpista Jaime Milans del Bosch.

Esta vez, el caballero franquista ha vuelto a elegir a la familia del general que quiso acabar con la democracia para librar su particular batalla por la memoria de la dictadura.