Los partidos independentistas vascos y catalanes piden al Congreso investigar a Felipe González por los GAL

Cinco grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados, los formados por partidos independentistas vascos, catalanes y el BNG, han registrado este jueves una propuesta a la Mesa de la Cámara para reclamar una comisión de investigación que indague sobre las presuntas implicaciones y responsabilidades de los Gobiernos del expresidente socialista Felipe González en la trama de los GAL. Podemos se desmarcó de la iniciativa y, pese a las presiones internas, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, avanzó que no tendría mucho sentido investigar ahora sobre esa cuestión cuando “todo el mundo sabe lo qué pasó”. Pero Podemos aún no ha tomado una decisión definitiva. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron una trama parapolicial que practicó entre 1983 y 1987 lo que se consideró y sentenció como terrorismo de Estado contra ETA con implicaciones en altos cargos del Ministerio del Interior de aquella época.

La propuesta la firmaron y registraron este jueves ante la Mesa del Congreso los portavoces de partidos que arroparon con sus votos primero la moción de censura que llevó al socialista Pedro Sánchez a La Moncloa y luego su investidura tras las elecciones del pasado noviembre. Entre los firmantes está el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el del PNV, Aitor Esteban, y los de JuntsxCAT, Laura Borràs, EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, la CUP, Mireia Vehí, y el BNG, Néstor Rego.

En su escrito, esos grupos se hacen eco de unos recientes informes desclasificados por la CIA, publicados por el diario La Razón y redactados en 1984 bajo el título de “España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental”. En los documentos se apunta directamente a los Gobiernos de Felipe González por su implicación del montaje de esa guerra sucia contra ETA. Los GAL llegaron a perpetrar “27 asesinatos, decenas de heridos, secuestros, extorsiones y torturas”, según recuerdan ahora los proponentes.

Los partidos firmantes reclaman que la decisión sobre si el Congreso debe crear esa comisión la tendría que decidir el pleno de la Cámara baja tras su aceptación y tramitación por la Mesa, que la comisión debería trabajar durante seis meses prorrogables para llegar a sus conclusiones y que para llegar a ese punto se tendrían que aceptar una serie de comparecencias tanto de políticos como de expertos en distintos ámbitos. En la mayoría de la documentación que los partidos avanzan que requerirían para su estudio se cita el nombre de Felipe González para conocer su presunta implicación en aquellos hechos pero ninguno adelanta si llamaría a declarar al expresidente.

El líder del PP, Pablo Casado, ya adelantó en la sesión de control al Ejecutivo de este miércoles en su pregunta a Sánchez que su formación no permitirá que se cite a González porque dijo que le tiene más respeto que el actual jefe del Ejecutivo. El PSOE tampoco aceptará en la Mesa esa iniciativa que está condenada de nuevo al fracaso porque ambos partidos tienen una mayoría sobrada en el órgano de gobierno de la cámara.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, preguntado este jueves en Los Desayunos de TVE, apuntó que los informes de la CIA ahora desclasificados no revelan nada nuevo y que sobre los GAL “todo el mundo sabe lo qué pasó”. Podemos, en cualquier caso, aún no ha decidido al menos oficialmente qué votará cuando el asunto llegue a la Mesa del Congreso y manifiesta que quiere estudiarlo con detalle porque mantiene buenas relaciones políticas con algunos de los partidos que lo plantean.

El Congreso de los Diputados ya rechazó una petición de una comisión de investigación sobre los GAL en octubre de 1995 por una apretada votación. Unos días más tarde, sin embargo, sí salió adelante en el Senado, pero nunca llegó a aprobar un informe final de conclusiones aunque sí determinó que había habido una participación de fondos y cargos públicos en el montaje de esa trama que después establecieron los jueces en varios juicios y sentencias sobre el caso. A partir de la llegada al poder de José María Aznar, cargos socialistas encabezados por Felipe González reclamaron la liberación de los ex máximos responsables en aquella etapa en el Ministerio del Interior, el secretario de Estado Rafael Vera y el exministro José Barrionuevo, condenados por el caso Marye, y finalmente el Gobierno de Aznar les concedió el indulto parcial en 1998.