Grande-Marlaska: juez, ministro y viceversa

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) no es el primer juez que ocupa la cartera de Interior, pero sí al que más le han recordado que vistió toga. También es el ministro del que más se ha puesto en duda su sintonía ideológica con el Gobierno del que forma parte. “Es más de izquierdas de lo que parece”, le defienden miembros de su equipo, conscientes de que su pasado como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP sale a relucir frecuentemente. “Podría haber sido ministro del Gobierno de [Mariano] Rajoy sin problemas”, replica un diputado de izquierdas que ve en el magistrado planteamientos “poco acordes” con un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos. Hay quien recuerda que cuando se supo su nombramiento en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, en las filas socialistas hubo malestar: “No es uno de los nuestros”. No olvidaban que fue el juez que exoneró al equipo de Federico Trillo en la causa del Yak-42 y que investigó a cargos socialistas por el chivatazo a ETA del bar Faisán.

Ahora, dos años después de su llegada al ministerio —que se cumplen, precisamente, este domingo— y con la polémica de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos y la posterior marejada en el instituto armado aún reciente, estos pecados parecen olvidados entre los socialistas, que han cerrado filas en torno a él. “No tiene carné, pero es del PSOE”, señala un diputado socialista que destaca la “fidelidad” de Grande-Marlaska a Sánchez. Sin embargo, ese cierre de filas no oculta el malestar en ciertos sectores del partido sobre cómo ha gestionado —“mal y a destiempo”— la crisis con la Guardia Civil. “Todavía cree que está en un juzgado dictando autos a los que todos asienten”, critica otro parlamentario.

Quienes han trabajado con él dudan de que, precisamente por su condición de juez, él reclamase al coronel el informe sobre el 8-M que le ha puesto en el centro de la polémica. Sin embargo, también coinciden en señalar que el peso de la toga y su falta de experiencia política ha pesado, y mucho, en lo ocurrido: “En política, hay que crear equipo, escucharlo y ser capaz de dar marcha atrás. Él, sin embargo, ha optado por seguir el sistema de trabajo de un juzgado, en el que el juez lleva todo el peso y decide sin consultar”. “Que sea poco político es su gran virtud”, rebate el entorno del ministro.

Grande-Marlaska fue una de las sorpresas del bautizado como el “Gobierno bonito”, al que llegó de la mano del presidente, que meses antes le había ofrecido ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. A la propuesta de dar el salto a la política municipal, con nulas posibilidades de triunfo, Grande-Marlaska dijo que se lo pensaría. “Cuando el ofrecimiento fue el de dirigir Interior, no dudó ni un instante”, reconoce un colaborador. Así desembarcó en un ministerio en el que el partido le diseñó parte del equipo —empezando por quién sería su número dos, Ana María Botella, que se hizo cargo del puesto clave de secretaria de Estado de Seguridad— y en la que otra ministra con toga, Margarita Robles, eligió al director general de la Guardia Civil, el magistrado Félix Azón. Grande-Marlaska solo impuso a su jefe de gabinete, Rafael Pérez, otro juez sin experiencia política con el que había trabajado en el CGPJ y al que le une una gran amistad y “admiración mutua”, apuntan.

Ni siquiera hizo muchos cambios en la decoración del despacho del ministerio. Al llegar, sobre la mesa colocó dos objetos. Uno, la fotografía del juez José María Lidón, asesinado por ETA en noviembre de 2001 y en el traslado de cuyo féretro participó el propio Grande-Marlaska. La segunda, más adelante, una imagen suya de la campaña de 2007 para promover el uso del preservativo en las relaciones homosexuales. “Estos objetos definen sus dos prioridades: justicia y activismo social”, añade una persona cercana a él.

En aquella primera etapa, el trabajo en Interior fue “en equipo y armonía”, destaca un colaborador. Se pusieron los cimientos de lo que todo el mundo considera que ha sido su mayor logro al frente de la cartera: la lucha contra la inmigración irregular, que ha conseguido reducir en un 50%. Fueron los meses en los que anunció la eliminación de las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla, puso en marcha el plan policial para acabar con la impunidad del narco en el Campo de Gibraltar y elaboró los planes estratégicos para los próximos años en la lucha contra terrorismo y la delincuencia. “También consiguió eliminar la politización que había dejado en el ministerio los anteriores Gobiernos del PP”, añade un diputado socialista.

Ya entonces tuvo que lidiar con una polémica destitución, la del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), el coronel Manuel Sánchez Corbí, en agosto de 2018. Una fuente de Interior achaca a Grande-Marlaska en esta decisión un error que, considera, ha repetido con Pérez de los Cobos: “Él cree conocer a las Fuerzas de Seguridad de su etapa de juez, pero nunca ha entendido que es muy diferente el trato con ellas desde un juzgado que cuando se es ministro del Interior”. También lidió con un enfrentamiento con Ciudadanos, por sus críticas a sus acuerdos con Vox y aquella alusión a que esos pactos tendrían “consecuencias”, justo antes de la manifestación del Orgullo Gay que acabó con empujones y escupitajos a los miembros del partido de Albert Rivera.

En aquellos meses, Grande-Marlaska creó poco a poco su núcleo duro dentro del ministerio y apartó, entre otros, a la secretaria de Estado, Ana Botella, sobre la que debía pivotar buena parte del funcionamiento del departamento. “Asumió todo el protagonismo. No le gustaba que cuestionaran sus decisiones”, añade una fuente conocedora de la trastienda del ministerio. “No tiene mano izquierda y le pierden las formas”, señala otro cargo de Interior que recuerda haberle visto, y sobre todo oído, gritar en reuniones, pero también pedir disculpas inmediatamente después.

Organigrama a su medida

Con su confirmación como ministro en el Gobierno de coalición, Marlaska llevó al organigrama de Interior lo que ya era un hecho en la práctica. Cayó su número dos y puso a su hombre de confianza, Rafael Pérez, de secretario de Estado de Seguridad. También destituyó al director general de la Guardia Civil y otros cargos, y colocó a gente de su confianza. “Exige lealtad recíproca”, señalan en su entorno. Mantuvo al director de la Policía, Francisco Pardo —por la coordinación con los Mossos durante los altercados tras la sentencia del procés— y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz —que ha dirigido el acercamiento de presos de ETA sin irritar a las asociaciones de víctimas—. “Es inexplicable que el partido haya dejado un ministerio de Estado como es Interior en manos de independientes. El PSOE ha desaparecido del Paseo de la Castellana, 5 [sede del departamento]”, se queja un diputado socialista. Este parlamentario cree que parte de la culpa de lo que ha pasado estos días es consecuencia, precisamente, de que “no hay ese contrapeso político en Interior”.

Quienes le conocen aseguran que Grande-Marlaska “sabe que Sánchez lo respalda” y que, por ello, nunca pensó en dimitir pese al cisma con la Guardia Civil, que precisamente desarticuló en 2008 el comando de ETA que planeaba atentar contra él. En el PSOE destacan que durante las campañas electorales de 2019, en las que fue cabeza lista por Cádiz, se implicó como pocos y fue allí donde se le pidió que diera un mitin: “Se metió a la militancia en el bolsillo”. “Gana en las distancias cortas”, admite un diputado de la oposición. “No es consciente de que ahora es ministro y no lleva toga”, recrimina un excolaborador.

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