La Guardia Civil sugiere sin aportar pruebas que Simón oculta documentación a la juez del 8-M
El último informe policial incorporado a la causa critica el retraso en la entrega de la información por parte del Sanidad
El último informe entregado por la Guardia Civil a la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, sugiere sin aportar pruebas que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información clave para determinar el grado de conocimiento que tenía el Gobierno de la epidemia del coronavirus en las fechas anteriores a la celebración de las manifestaciones del Día de la Mujer. El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, mantiene la línea de investigación de su primer informe, pese a los errores que este recogía. Los agentes critican los retrasos en la entrega de la información reclamada al organismo dirigido por Simón y muestran su convencimiento de que la misma no incluye todos los emails intercambiados sobre la covid-19 desde las diferentes direcciones de correo electrónico del organismo, entre ellos los de su propio director. Los agentes aseguran que esta “imprecisión” en la información aportada “hace que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones”.
La juez Rodríguez-Medel ha rechazado ya en dos ocasiones imputar a Simón en la causa, al considerar que la investigación no se dirige contra él. El único imputado en este caso es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Otros dos magistrados también han rechazado sendas querellas contra el director del CCAES.
En el nuevo documento policial, los agentes destacan que el primer requerimiento de información hecho al Centro de Alerta Sanitaria tiene fecha del 16 de abril y que, pese a que supuestamente este organismo se comprometió a entregarlo el 5 de mayo, finalmente no lo hizo hasta el 21 de mayo. La Guardia Civil apunta en varias ocasiones directamente al director del centro como supuesto responsable de los retrasos, al afirmar, en primer lugar, que fue un “un funcionario del Ministerio de Sanidad próximo a Fernando Simón” quien les comunicó un primer aplazamiento y, posteriormente, al destacar que el último se motivó porque faltaba su "supervisión” para que Sanidad procediera a su entrega. Los autores del informe destacan que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir al juzgado y personarse en el Centro de Alerta con una providencia del juzgado para exigirlo.
A partir de ahí, el informe policial hace un estudio de 36 de los correos electrónicos así como de varios informes sobre la enfermedad manejados por Sanidad con el objeto de elaborar un “análisis cronológico de conocimiento del covid-19” que tuvo el Centro de Alerta antes del 8 de marzo. Los agentes resaltan que entre la documentación entregada hay varios avisos de organizaciones internacionales que alertaban del peligro que suponía la celebración de actos multitudinarios y terminan concluyendo que el organismo que dirige Simón “dispone de un gran caudal de información acerca del covid-19 en fechas muy tempranas a la aparición de la enfermedad” y que, de hecho, el 21 de enero ya hay una propuesta para celebrar una videoconferencia donde “tratar la situación del nuevo coronavirus”. Con este dato y unas declaraciones que el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, hizo en una entrevista con el estado de alarma ya decretado, los agentes concluyen que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.
El informe sugiere en este punto una supuesta ocultación de documentación por parte del Centro de Alertas Sanitarias. Así, destaca que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de “todas las recomendaciones, instrucciones o directrices” que se hicieron durante aquellos días, la Guardia Civil “deduce” que entre el material finalmente entregado por el organismo dirigido por Simón “podrían faltar documentos”. Los agentes justifican este comentario en que el material facilitado por Sanidad incluye los mensajes enviados a través únicamente de dos cuentas de correo electrónico genéricas del organismo, pero no desde las de sus directivos, entre ellos el del propio Simón, de la que destacan que no se les ha facilitado ninguna información. También critican que el Centro de Alerta Sanitaria acompañase la documentación del comentario es “localizada hasta la fecha” y dejase abierta la posibilidad de futuras entregas según aparezcan nuevos datos. La Guardia Civil cree que este hecho “arroja una sensación de incertidumbre” a los investigadores.
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