Del ‘caso máster’ al 8-M: la juez que advierte a Interior

El portazo más sonado que ha recibido en su carrera Carmen Rodríguez-Medel llegó desde el Tribunal Supremo. De un plumazo, los magistrados del alto órgano judicial tumbaron su exhaustiva investigación sobre el caso máster al concluir que Pablo Casado, entonces ya líder del PP, podría haber obtenido un “trato de favor” de la trama, pero que no veían indicios suficientes para abrirle una causa. La juez de Madrid, que llevaba ya meses inmersa en la instrucción y había dedicado infinidad de horas, no se cortó en la respuesta. Y en el auto en el que se vio obligada a archivar dejó varios recados directos a las alturas: “Al modesto entender de esta instructora, se están elevando notablemente las exigencias habituales”, ironizó. “Aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los Juzgados de Instrucción”, añadió.

Rodríguez-Medel, que abrió una causa por la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus y ha imputado al delegado del Gobierno, no da puntada sin hilo. Muy minuciosa, solicita ingente cantidad de informes y documentación para estudiar. Y sus escritos están plagados de detalles que revelan el camino que está dispuesta a emprender. Hace apenas 24 horas volvió a demostrarlo. El Ministerio del Interior había comunicado el domingo su cese al coronel Diego Pérez de los Cobos por un informe enviado al juzgado que encabeza la magistrada y, el mismo lunes, ella redactaba un nuevo documento donde, no solo impulsaba las pesquisas, sino que recordaba a la Policía Judicial de la Guardia Civil que solo debían informarle a ella del resultado de sus averiguaciones. Decidió, además, comunicarle lo mismo personalmente al secretario de Estado de Seguridad y le envió una misiva para advertirle. Firmada de su puño y letra.

Familiar de guardias civiles, la magistrada que está poniendo en apuros a la actual cúpula de Interior entró en la carrera judicial a finales de los noventa. Su primer destino fue Santoña (Cantabria). Aunque su nombre empezó a saltar a las páginas de los periódicos más tarde, cuando ocupó la plaza del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella y le tocó enfrentarse a las tramas de corrupción urbanística que asolaban la ciudad malagueña. Llamó a declarar, por ejemplo, a Juan Antonio Roca, el que más tarde se demostraría cerebro del caso Malaya.

Su salto a Madrid no llegaría a la primera. En 2010, cuando ya había cambiado de despacho y se encontraba destinada en un juzgado de Violencia contra la Mujer de Marbella, se postuló para ocupar la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dejaba Baltasar Garzón, que se encontraba entonces suspendido. Rodríguez-Medel quedó entre los tres finalistas, pero el puesto recayó en Pablo Ruz. Finalmente, aterrizaría en el Juzgado de Instrucción número 3 de Fuenlabrada y, posteriormente, en el número 51 de Madrid, cargo que actualmente ocupa. También pasó por la jefatura del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en la época de Rafael Catalá (PP) al frente del Ministerio de Justicia, ejerció como asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

En una de las últimas remodelaciones de Interior por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska, el nombre de Rodríguez-Medel sonó para ocupar el puesto de directora general de la Guardia Civil. Aunque la investigación del caso máster se llevó también por delante a la ministra socialista Carmen Montón, en el PSOE la ponían en el foco por su capacidad para acorralar por partida doble a dos altos dirigentes del PP, Pablo Casado y Cristina Cifuentes, que se encuentra pendiente de la celebración del juicio. Entonces, en los corrillos de los populares, disgustados con ella, corrían otras teorías muy distintas: como que la juez los había puesto contra las cuerdas porque Catalá nunca la promocionó.

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