El PP pide a la Fiscalía que cite a Irene Montero por un comentario sobre el temor al contagio en el 8-M
“Ahora ya constatamos que el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas”, ha asegurado la dirigente popular Cuca Gamarra
El PP solicitó este lunes la comparecencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la Comisión de reconstrucción de la covid-19 del Congreso. Y reclamó que la Fiscalía cite a Montero como testigo tras conocerse unas manifestaciones suyas —que realizó en un off the record, en una conversación informal con periodistas realizada con el entendimiento de que no se iba a publicar— sobre la repercusión del miedo de la pandemia en la asistencia al 8-M. La exministra Ana Pastor y la vicesecretaria de Asuntos Sociales, Cuca Gamarra, indicaron que tanto Montero como la mayoría de los ministros deberían “dimitir o ser dimitidos [sic]” en general por la gestión de esta crisis. Gamarra no quiso comentar si era procedente el uso político de una grabación previa a una entrevista en Eitb en el que Montero hablaba de la “bajada” de asistentes a aquella marcha por un posible temor al contagio de la covid-19. Sí subrayó que su partido exige explicaciones porque entiende que lo admitido por la ministra es muy relevante: “Ahora ya constatamos que el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas”.
El Gobierno respaldó el lunes a Montero tras publicarse sus declaraciones en Abc. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido los comentarios informales de la ministra, que ha calificado de “bastante sensatos”, y ha criticado la petición de comparecencia. Ábalos ha recordado que en esos días no había datos de contagios intracomunitarios, ya que se pensaba que los casos contagiados “venían de fuera, de China y de Italia”.
La televisión pública vasca ha asegurado que no es responsable de la filtración de la conversación y ha anunciado que se “reserva” la posibilidad de plantear acciones judiciales por esta polémica. En un comunicado, lamenta, además, “el daño reputacional que la difusión de esa conversación haya podido causar al Ministerio de Igualdad y a Irene Montero como ministra de Igualdad”.
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