Caso 8-M

PP, Vox y Cs cargan con dureza contra Marlaska y piden su dimisión por el cese de Pérez de los Cobos

El ministro del Interior se ha enfrentado a siete preguntas de una oposición que le ha tachado de “indigno”, “miserable” y “traidor”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en el pleno del Congreso, este miércoles. En vídeo, rifirrafe entre Grande Marlaska y diputados del PP, Vox y Ciudadanos, este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EDUARDO PARRA | Vídeo: EPV

Ha sido una sesión casi monográfica y dura. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sufrido este miércoles en el Congreso el acoso sin concesiones y con los peores calificativos de siete preguntas de diputados de la oposición ―cuatro del PP, dos de Vox y una de Ciudadanos― que le han increpado por cómo se ha ejecutado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, exjefe de la Guardia Civil en Madrid, vinculada a un informe muy negativo sobre la autorización de concentraciones, como la manifestación feminista del 8-M, pocos días antes de decretarse el estado de alarma. Al ministro le han llamado de todo y casi de manera simultánea “indigno”, “miserable” y, sobre todo, “traidor”, tanto al cuerpo de la Guardia Civil como a sus principios, aludiendo a su pasado de 30 años como juez, una trayectoria por la que el PP le valoraba bastante. PP, Vox y Cs han exigido su dimisión. Marlaska ha rechazado cualquier injerencia política, ha negado conocer siquiera ese informe y ha argumentado que los ceses practicados en su equipo obedecen solo a razones de “remodelación interna de equipos” y de confianza en puestos de libre designación.

En el primer día de luto oficial decretado en España por los fallecidos por coronavirus el ambiente político en el Congreso ha sido agrio y de extrema dureza con ataques de gran calado al Gobierno. “Roldán ―en referencia al ex director general de la Guardia Civil de los Gobiernos de Felipe González condenado a 31 años de prisión― no pudo con la Guardia Civil y ustedes tampoco podrán”, le ha espetado el presidente del PP, Pablo Casado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. “Nadie desde Roldán había manchado tanto a la Guardia Civil", ha sido la vuelta de tuerca que ha dado en esa línea el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y ahí añadió que acabará "sentado en el banquillo”. Esa advertencia, además, le sirvió a Iglesias para concluir que Egea se había “echado al monte” y estaba “llamando a la insurrección a las fuerzas del orden” para que incumpliesen mandatos del Ejecutivo si al PP no le parecían convenientes.

Ese preámbulo sirvió para que los diputados del PP, Vox y Cs que habían cambiado el día anterior sus preguntas ya tramitadas las redirigieran a Marlaska, para intentar acorralarle por el caso Pérez de los Cobos, exigieran su restitución en el cargo y demandasen la dimisión del ministro. Vox, incluso, anunció que ha presentado querellas al respecto contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

La sesión de control al Gobierno del Congreso empezó con dos preguntas del líder de la oposición, Pablo Casado, y del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al presidente oficialmente sobre otras cuestiones como la reforma laboral o los objetivos de la legislatura. Pero eran un trampantojo. Casado giró rápidamente sobre el objetivo del día y le echó en cara a Sánchez la destitución de Pérez de los Cobos incluso relacionándolo con algunos acuerdos recientes con Bildu porque entiende que el presidente es capaz de engañar a todo el mundo: “El que sobra en esta farsa convertida en tragedia no es un coronel, es su ministro”. El dirigente popular advirtió así que su partido llegará hasta el final con este asunto y avisó: "No conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales”.

El presidente eludió entrar a esa polémica y respondió a Casado, como tenía previsto, sobre su promesa programática y de investidura de cambiar la reforma laboral para “recuperar derechos laborales y reconstruir consensos rotos”. Eso sí, le reprochó al líder del PP que esté más pendiente de su concurso de posados fotográficos con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y le conminó a distanciarse más de Vox: “Si actúa como Vox y habla como Vox podemos inferir así que si no es lo mismo sí actúa como la ultraderecha”.

El debate, sin embargo, se enmarañó definitivamente cuando entró en acción la primera diputada de base de la bancada popular que se dirigió contra Marlaska. No fue una cualquiera. El PP seleccionó ahí a Teresa Jiménez Becerril, hermana de la víctima de ETA Alberto Jiménez Becerril, quien acusó al ministro del Interior de haber “perdido la decencia, la memoria y la dignidad” por los pactos del Ejecutivo con Bildu. También le señaló por haber cambiado de bando de los héroes en ese combate frente a ETA a ahora con los villanos. Marlaska se reconoció incómodo por enfrentarse a esa interlocutora pero le prometió no haber cambiado y seguir ocupado solo en que se cumpla siempre la ley y estar pendiente ahora de la reconstrucción del país tras la pandemia.

Mario Garcés, también del PP y teóricamente con buena relación personal con el ministro, atacó a Marlaska por su falta de “conciencia, coherencia y competencia” en alusión en este caso a la aprobación ahora por decreto de un tercer tramo de equiparación salarial para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado justo cuando ha estallado con toda contundencia esta polémica sobre la destitución de Pérez de los Cobos y la dimisión posterior del teniente general Laurentino Ceña. Fue ahí cuando el ministro esgrimió por primera vez en su favor que la “remodelación” la habían llevado a cabo con total libertad los miembros de su equipo entre el personal de libre designación. Algo que repitió más tarde ante otras cuestiones similares y donde aprovechó para subrayar que cuando eso lo practican Ejecutivos del PP se justifica por necesidades de “eficiencia y eficacia”. A Eloy Suárez, del PP, le debió parecer poco y elevó las sospechas al asegurar que el ministro había ordenado los cambios por “venganza” y que ahora pretendía “comprar el honor de la Guardia Civil” con el aumento salarial.

Marlaska intentó justificar la aceleración del decreto para la equiparación salarial, frente a los problemas observados en el Gobierno hasta ahora por falta de presupuesto, en que nada tenía que ver ese asunto con la polémica por los ceses, que se había llevado ya el jueves pasado a la comisión de subsecretarios y por tanto no era improvisado y, especialmente, en que los Gobiernos del PP habían tenido mucho tiempo en el pasado para ejecutarlo y lo dejaron pendiente y sin planificar.

Para terminar la batería de andanadas del PP, la diputada Carolina España recriminó a Marlaska por haber tocado fondo y “caído tan bajo” con esta actuación, le llamó “irresponsable” y “contaminado de ineptitud”, le preguntó si no sentía “vergüenza por haber traicionado así a la Guardia Civil” y le increpó “por haber traficado sin escrúpulos” con la equiparación ahora de los salarios. Y acabó con el corolario preferido ahora en el argumentario popular: “Si le queda algo de dignidad dimita y si no, también, márchese, señor Marlaska”.

La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, le preguntó con tono agrio al ministro si él mismo había llamado el pasado domingo al general José Antonio Berrocal, al teniente general Fernando Santafé y a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para pedirles que se interesaran ante el coronel Pérez de los Cobos sobre el informe de las marchas del 8-M. Marlaska no respondió a nada de eso. Olona le recordó entonces su actuación como juez en el caso Faisán para refrescarle que los jueces no deben dejarse presionar por el poder político. Ignacio Gil Lázaro, ahora en Vox, quiso ponerle el colofón a la jornada tachando al ministro varias veces de “miserable”. Marlaska optó ahí por recordar que todos los ciudadanos y también los responsables públicos deben respetar las normas y los mandatos para proteger la salud pública, en alusión a algunos comportamientos en las manifestaciones de protesta alentadas por Vox, y les criticó por intentar patrimonializar a la Guardia Civil y a otras instituciones del Estado.

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