La juez cita a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid por la marcha del 8-M

Para entender el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, hay que dirigir la mirada al juzgado de Instrucción número 51 de la capital. La magistrada que encabeza dicho órgano judicial, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una investigación por permitir manifestaciones en la Comunidad durante la expansión del coronavirus y, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha citado al delegado del Gobierno José Manuel Franco a declarar como imputado el próximo 5 de junio a las nueve de la mañana. Además, según han confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tomado la decisión de apartar a Cobos después de que el instituto armado enviase a la juez un informe donde se incluyen graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al que incluso atribuye actitudes que suponen presuntos delitos. Pero, ¿en qué contexto?

¿Qué investiga el juzgado? La juez Rodríguez-Medel, conocida por impulsar otras causas muy mediáticas —como el caso máster que acabó con la carrera política de Cristina Cifuentes—, abrió el 23 de marzo una investigación sobre las concentraciones multitudinarias permitidas en la Comunidad durante la expansión del coronavirus. Entre otras, la marcha feminista del 8-M. Tras admitir una denuncia del abogado Víctor Valladares, la magistrada quiere averiguar si la delegación del Gobierno contaba con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”.

¿Quién está imputado? Aunque el letrado que impulsó la causa pedía que se actuara contra todos los delegados autonómicos del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, la juez limitó su actuación al representante del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, líder también del Partido Socialista de Madrid (PSM). Rodríguez-Medel detalló que solo tenía competencias para investigarle a él. Por un lado, Sánchez se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo; y, por otro, la magistrada carece de competencias territoriales sobre el resto. Por ello, solo ha imputado a Franco, al que mantiene investigado por un delito de prevaricación.

¿Qué iniciativas ha tomado la juez? Desde que arrancase la investigación, la magistrada ha pedido diferentes informes y documentos a los forenses, a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno. De hecho, tras recibir un primer documento forense donde se decía que no estaba acreditada la “causalidad” entre la marcha feminista del 8-M y los contagios, Rodríguez-Medel ya decidió rebajar la inicial imputación de Franco. Descartó el delito de lesiones imprudentes que le atribuyó en un primer momento y mantuvo solo el de prevaricación. Según fuentes de la Guardia Civil, en otro documento enviado a la juez, el instituto armado también incluía las valoraciones que ha provocado el cese de Pérez de los Cobos.

¿Cuál es el estado de las pesquisas? Según el escrito de la juez firmado este lunes y al que tuvo acceso EL PAÍS, la magistrada sigue adelante con la investigación y ha puesto en marcha una nueva batería de iniciativas. En este documento, pide nuevos datos y expedientes a la Delegación del Gobierno de Madrid, al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad. A su vez, solicita un nuevo informe al forense. Y fija las primeras declaraciones en la causa: la de Franco como imputado; pero también las de tres testigos: el secretario general y el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, así como el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

La juez pretende recabar todos los informes sobre manifestaciones que tramitó la delegación del Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo. “Con independencia de la fecha para la que estuvieran convocadas”, incide la magistrada en su escrito, donde insiste en que no solo quiere saber cuáles se permitieron o prohibieron, sino también las que se conocían pero no se dictó una resolución. A Sanidad, por su parte, se le requieren todos los avisos que hiciera público antes del 14 de marzo sobre los riesgos de las concentraciones multitudinarias o “la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria”.

La magistrada también aprovecha este escrito para recordar a las partes personadas que “la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal”. Y recuerda a la Policía Judicial de la Guardia Civil que debe “guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan". “De modo que solo se informará a esta magistrada, oficiándose en su caso a los efectos oportunos”, escribe Rodríguez-Medel, después de que un alto cargo de Interior reclamase a Pérez de los Cobos datos sobre estas pesquisas, según fuentes del instituto armado.

¿Quién es el denunciante? Víctor Valladares es un abogado muy crítico con la actuación del Gobierno, al que ha llevado ante los tribunales por la gestión de la pandemia y su permisividad con la convocatoria del 8-M. Entre sus mensajes en Twitter se encuentran declaraciones como esta: “Y los izquierdosos se reían de mi denuncia...”. Según publicó la cadena SER, ha sido condenado y sancionado antes por estafar a clientes.