La juez rebaja la imputación contra el delegado del Gobierno de Madrid por permitir la marcha del 8-M

La juez Carmen Rodríguez-Medel, que abrió una investigación a finales de marzo sobre las concentraciones multitudinarias permitidas durante la expansión del coronavirus, ha decidido retirar el delito de lesiones imprudentes imputado en un primer momento al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. La magistrada ha tomado esta decisión después de recibir un informe forense donde se apunta que no se ha acreditado “causalidad” entre la marcha feminista del 8-M y los contagios, según informan fuentes jurídicas, que precisan que las pesquisas siguen abiertas. Al dirigente político ya solo se le atribuye un posible delito de prevaricación.

Esta causa penal se puso en marcha a finales del pasado marzo, después de que Rodríguez-Medel recibiese la denuncia de un particular donde se relataba que en la Comunidad de Madrid se permitieron 77 reuniones multitudinarias pese a la existencia de un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que llamaba, a principios de ese mes, a “evitar” este tipo de concentraciones. La magistrada, responsable del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid e impulsora de otros procesos de gran trascendencia mediática —como el caso máster—, acordó entonces abrir las pesquisas y solicitar toda una batería de informes a la Guardia Civil y a los forenses.

Según consta en uno de sus escritos, la juez pretende averiguar si la delegación del Gobierno contaba con “suficientes datos para prohibir legalmente por razones sanitarias” estos eventos multitudinarios. En un auto ponía sobre la mesa las siguientes preguntas: “¿El informe del Centro Europeo fue remitido oficialmente a España?, ¿a qué autoridades?, ¿lo recepcionó oficialmente la delegación del Gobierno de Madrid?, ¿se le instó oficialmente a prohibir estas concentraciones en base al mismo o a otro documento oficial que alertara sobre los peligros para la salud pública debido al coronavirus?; por el contrario ¿se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibirlas?”.

Desde el estallido de la pandemia en España, la oposición ha cargado duramente contra el Gobierno por respaldar la marcha feminista del 8 de marzo. El PP, que se sumó también a la movilización, ha vinculado la concentración con el aumento de contagios por coronavirus en Madrid y ha pedido incluso que se elabore un estudio científico que analice su relación. Vox también ha participado de los ataques al Ejecutivo: “El Gobierno ha ocultado información”, dijo Santiago Abascal, presidente de la formación de extrema derecha, que ese mismo día celebró un acto multitudinario en el Palacio de Vistalegre.

Ciudadanos, con un tono más suave, ha solicitado explicaciones a La Moncloa. El Gobierno, por su parte, ha repetido que entonces no existía ninguna “circunstancia” o “dato objetivo” aportado por las autoridades médicas que aconsejaran la suspensión de la marcha del 8-M. manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo.

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