La juez rastrea los datos sobre coronavirus que manejó la Delegación del Gobierno de Madrid antes del 8-M

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga las concentraciones multitudinarias permitidas en Madrid durante la expansión del coronavirus, ha ordenado recabar toda la información sobre la pandemia que manejaba la Delegación del Gobierno antes de la celebración de la marcha feminista del 8 de marzo. La juez ha tomado esta decisión después de que el secretario general de dicho organismo afirmase que no consta ninguna comunicación sanitaria antes del 14 de marzo, cuando el Ejecutivo central declaró el estado de alarma que entró en vigor esa medianoche. En este caso se encuentra imputado por un delito de prevaricación el actual delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco.

Según consta en una nueva providencia dictada este martes por la juez, la Delegación del Gobierno deberá responder a la Guardia Civil sobre varias incógnitas. Entre otras, cuándo recibieron la “primera comunicación, indicación, alerta o noticia” por escrito de una Administración relacionada con la Covid-19 y, en el caso de que no tuvieran conocimiento de ninguna antes del 14 de marzo, exige al secretario general de la Delegación que lo ratifique.

Pero la magistrada no se queda ahí y, paralelamente, solicita que la Delegación explique cuándo recibió dos resoluciones de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, dictadas el 6 de marzo, donde se adoptaban algunas medidas en los centros de mayores y centros sanitarios. “Fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 7 de marzo de 2020 y se ordena ponerlas en conocimiento de la Delegación del Gobierno”, recuerda Rodríguez-Medel.

La juez, que ha impulsado otros procesos mediático relevantes —como el caso máster, que acabó con la carrera política de Cristina Cifuentes— también pide al organismo encabezado por Franco si en algún momento tuvieron conocimiento por escrito de unas medidas de precaución relacionadas con el brote emitidas por el Gobierno regional el 5 de marzo. Y exige, a su vez, que se aporte toda “recomendación, instrucción u orden dada” por el delegado del Gobierno al personal a su cargo o en el ejercicio de sus funciones en relación con la covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2020.

Esta investigación se abrió a finales de marzo, después de que Rodríguez-Medel recibiese la denuncia de un particular donde se detallaba que la Comunidad permitió 77 reuniones multitudinarias —entre otras, la marcha feminista del 8-M— pese a la existencia de un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) que llamaba, a principios de ese mes, a “evitar” este tipo de actos. La juez pretende averiguar si la delegación del Gobierno contaba con “suficientes datos para prohibirlos legalmente por razones sanitarias”.

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