Calviño sale reforzada por el fiasco del pacto con Bildu

El mayor fiasco de gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus se ha saldado con una única victoria: la de Nadia Calviño. La vicepresidenta económica recupera la iniciativa en el Ejecutivo al haber forzado la rectificación del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos con Bildu que incluía la derogación íntegra de la reforma laboral del PP. Calviño, cuyas tesis no han prevalecido en algunas políticas clave de la pandemia, se decidió a dar este paso para evitar el colapso del diálogo social. Su golpe en la mesa, al menos de momento, zanja el debate.

Pocas cosas incomodan más a la responsable de Asuntos Económicos del Gobierno que la confrontación política en público. Pese a sus indisimulados recelos hacia las posiciones defendidas por Podemos, especialmente las del vicepresidente Pablo Iglesias, Calviño aplica grandes dosis de pragmatismo a su labor y suele renunciar a dar la batalla para hacer valer sus postulados cuando hay micrófonos delante. Hasta esta semana. Por primera vez, la vicepresidenta tercera ha expresado en público su malestar con una decisión política controvertida aun sabiendo que esa iniciativa no podía haber prosperado sin el conocimiento del presidente del Gobierno.

Calviño eligió un contexto empresarial —un acto telemático del Cercle d’Economia en el que intervino el jueves— para expresar con rotundidad su parecer sobre una derogación inmediata de la reforma laboral: “Nos enfrentamos a la mayor recesión de nuestra historia. Con esta realidad, sería absurdo y contraproducente abrir un debate sobre esta materia”, dijo. En el acto participaba el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, lo que le permitió amplificar el mensaje hacia el ámbito comunitario, del que ella proviene y con el que mantiene el nexo.

La media docena de fuentes consultadas para esta información admiten —algunas con más satisfacción que otras— que Calviño ha ganado esta batalla. Pese a acceder a aportar sus puntos de vista, todas exigen anonimato por lo delicado del enfrentamiento entre diferentes sensibilidades del Ejecutivo, por un lado, y la conexión de este con los grupos parlamentarios —incluido el del PSOE— por otro.

Aunque las primeras versiones apuntaban a una conversación entre la vicepresidenta y el líder de la patronal, Antonio Garamendi, como detonante de esa rectificación que impuso Calviño, las fuentes consultadas aseguran que no hubo ningún contacto entre ambos la noche del miércoles. No fue necesario. Calviño tiene una relación suficientemente engrasada con el presidente de la CEOE como para intuir que cualquier compromiso parlamentario relativo a la reforma laboral sin consultar con los agentes sociales constituye un ataque directo al diálogo social, un puente que se mantiene en pie pese a la polarizada atmósfera política en el Parlamento. “Su éxito es el momento que elige para dar este paso y las circunstancias que lo rodean. Y su intervención hay que leerla en la clave de evitar que se dinamite el diálogo social”, sostienen fuentes socialistas respecto al papel de la vicepresidenta.

Aunque la representante del Gobierno en el diálogo social con sindicatos y patronal es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Garamendi mantiene una interlocución preferente tanto con Calviño como con la ministra de Industria, Reyes Maroto. La implicación de los empresarios resulta fundamental en un momento en que el coronavirus ha puesto patas arriba la economía y el mercado de trabajo y hay que modificar de urgencia instrumentos como los ERTE, que impactan directamente en la vida de las empresas y de los empleados.

Inseguridad jurídica

“No se trata de ir en contra de los acuerdos de investidura, sino de ser consciente de que la realidad del país es hoy diferente a la que había entonces. Cuando la actividad económica e incluso la movilidad están limitadas, no parece el momento de introducir un elemento de inseguridad jurídica”, argumentan fuentes gubernamentales. Otras voces oponen que, pese a la coreografía de estos días, la ministra de Trabajo seguirá dialogando con los agentes sociales para revertir la reforma laboral y que lo firmado en el acuerdo con Bildu —derogación de ese marco laboral “antes de la finalización de las medidas extraordinarias” derivadas de la covid— puede cumplirse porque las medidas excepcionales se prolongarán mucho en el tiempo.

El gesto de mando de Calviño contrasta con la secuencia de otras pugnas políticas desarrolladas en el Consejo de Ministros. Debates como la introducción del ingreso mínimo vital para personas sin recursos o la hibernación de la economía en el momento más crítico del coronavirus relegaron algunos de sus planteamientos a un segundo plano. En el primer caso, venció la posición defendida por Pablo Iglesias —aunque luego muy matizada por la del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que abogó por perfeccionar la herramienta aun a costa de retrasarla— frente a las advertencias del área económica sobre el elevado coste de la medida. En el segundo caso, el presidente, Pedro Sánchez, también optó por decretar un cierre de toda la actividad no esencial pese a las alertas de Calviño sobre las consecuencias económicas. El episodio de la reforma laboral eleva ahora su predicamento.

Fuentes conocedoras de su paso por Bruselas y de su labor en el Gobierno aseguran que la experiencia de Calviño en las instituciones europeas le otorga un peso específico en el seno del Ejecutivo, incluso en esta etapa del Gobierno de coalición. Su reciente defensa de la inyección de fondos europeos alejados del esquema clásico de los préstamos también es bien valorada por algunas voces que recelaban de su perfil de tecnócrata.

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