La patronal CEOE suspende el diálogo con el Gobierno y anula las reuniones previstas en protesta por el pacto con Bildu

El sindicato CC OO llama a huir de “voluntarismos” y UGT admite que el acuerdo parlamentario dificulta las negociaciones con la patronal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma del acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de junio con los líderes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos UGT y CCOO, el pasado 11 de mayo. En vídeo, la patronal abandona la mesa de diálogo social. EFE / Vídeo: ATLAS

Casi a la misma hora que se conocía el pacto alcanzado ayer entre el PSOE y Podemos con Bildu, acababa una reunión del diálogo social para estudiar la prolongación de los ERTE por sectores más allá del 30 de junio. Ese diálogo es lo que ahora CEOE y Cepyme, una de sus partes, señala como dinamitado con el acuerdo que habla de derogar “de forma íntegra” la reforma laboral de 2012. El comunicado de las organizaciones empresariales, emitido antes de las ocho de la mañana, es muy duro. Habla del texto conocido ayer como “irresponsabilidad mayúscula” y “desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita”. Era solo un aperitivo de lo que estaba por venir, a mediodía, en una reunión telemática de la cúpula de la patronal (presidente y vicepresidentes), que ha decidido paralizar las relaciones que mantienen con el Gobierno.

La decisión tiene consecuencias ya este mismo jueves. Estaba previsto que la patronal se reuniera con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para conocer de primera mano el diseño casi definitivo del ingreso mínimo vital. La cita ha sido suspendida, confirman fuentes de CEOE y del Gobierno. Las réplicas pueden continuar estos días. Desde que ha comenzado la crisis, los líderes de los agentes sociales se reúnen semanalmente con los ministros del área económica. No hay un día fijo -suelen ser jueves o viernes- y la de esta semana todavía no estaba fijada, pero ahora está claro que si el Ejecutivo tenía intención de celebrarla, no cumplirá su deseo.

Algo temían -o ya sabían- los sindicatos sobre la determinación que iban a tomar los empresarios. Una hora antes de que saberse la decisión, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, admitía en conversación telefónica con este periódico que el pacto de los partidos que integran el Gobierno con Bildu iba a suponer un obstáculo en el diálogo social: “Engañaría si dijera que esto ayuda. Va a generar tensión con CEOE. No hay que ocultarlo”. No obstante, este dirigente sindical sí que comparte el primer punto del pacto que ha provocado la polémica: la derogación de la reforma laboral de 2012. “Vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para conseguirlo”, advierte Álvarez.

También el otro gran sindicato, CC OO, está de acuerdo con remover esa norma, pero en sus declaraciones el secretario general, Unai Sordo, se distancia claramente de ese acuerdo político. El sindicalista, que pide huir de “voluntarismos”, defiende “meter en agenda” la derogación, pero justo a continuación añade: “[Hay que hacerlo] en cuanto salgamos de esta situación tan delicada y prioritaria que es hacer frente a la pandemia, que es salvaguardar empleo y empresas, y negociar acuerdos de reactivación de la economía porque este va a ser un año muy delicado”. Sordo deja claro el orden temporal de tareas: primero superar la emergencia sanitaria, después afrontar la crisis económica que provoca el coronavirus y después abordar esa contrarreforma, “que tiene que hacerse desde el marco del diálogo social”.

No solo Escrivá y el ingreso mínimo vital van a sufrir las consecuencias del enfado de CEOE y Cepyme por el pacto que recoge la derogación “íntegra” de la reforma laboral. Donde más se va a notar, al menos a corto plazo, es en el Ministerio de Trabajo. Su titular, Yolanda Díaz, que es probablemente la más firme partidaria de esa derogación en el Gobierno pero, al mismo tiempo, siempre ha advertido de la imposibilidad técnica de hacerlo de golpe, tiene ya casi listos dos anteproyectos de ley que pretende llevar a las mesas de diálogo social: la regulación del teletrabajo y la aclaración de que los repartidores o riders son asalariados y no autónomos. Su intención es llevarlos a las mesas de diálogo social, ahora suspendidas.

También está la negociación del mantenimiento de los ERTE más allá del 30 de junio, que coordina Trabajo. Este miércoles se celebró la primera reunión a tres bandas, en teoría el siguiente encuentro debería celebrarse dentro de dos semanas. Pero eso ahora parece improbable.

La indignación de CEOE se palpaba desde primera hora de la mañana. Su comunicado era muy duro. El pacto supone “un desprecio indignante al diálogo social, al que dinamita; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario”. Y recuerdan que llega cuando el Gobierno, la patronal y los sindicatos están negociando “medidas de flexibilidad en el ámbito laboral para garantizar la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos, en los sectores más castigados por el covid-19”.

Más allá del contenido del acuerdo, esta reacción empresarial también obedece a que el movimiento de los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos estrechaban mucho el margen de maniobra del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El acuerdo al que llegó con los sindicatos y Trabajo para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio había encontrado resistencias internas, sobre todo en las patronales regionales más grandes, Madrid y Cataluña. Y ha sido precisamente el presidente de la primera, Miguel Garrido, quien ha declarado este jueves que el pacto supone “una agresión sin precedentes” al diálogo social. La patronal catalana Foment del Treball, por su parte, dice que crea inseguridad jurídica. “Demuestra desprecio muy preocupante sobre los procesos de diálogo con la patronal con el objetivo de obtener ventajas parlamentarias”, manifiesta la organización que preside Josep Sánchez Llibre.

También otras organizaciones empresariales, como el Instituto de la Empresa Familiar y la Cámara de Comercio de España, han mostrado su indignación. “Más allá del alcance de la rectificación por el propio Gobierno, resulta incomprensible que se haya negociado una cuestión de semejante importancia fuera del adecuado marco político y, sobre todo, a espaldas de los agentes sociales y de las empresas, máxime, cuando desde el comienzo de esta crisis todos hemos demostrado nuestra responsabilidad, compromiso y capacidad para llegar a acuerdos para salvar el mayor número posible de puestos de trabajo”, ha remachado el instituto que agrupa a muchas de las grandes empresas españolas.

Por su parte, la Cámara de España sostiene que “pretender llevar a cabo una modificación de ese alcance en medio de una profunda crisis económica y con millones de puestos de trabajo en el aire es una absoluta irresponsabilidad”. “La Cámara lamenta profundamente la confusión creada ante una cuestión que afecta directamente a las empresas, que necesitan más que nunca certidumbre y estabilidad para reemprender su actividad y pide al Gobierno que ponga orden y aclare sin dejar lugar a dudas cuál es la situación en torno a la normativa laboral”, completa.

El acuerdo con Bildu ha provocado, incluso, la reacción del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Con un tono más pausado que las organizaciones empresariales, el primer ejecutivo de esta entidad, participada mayoritariamente por el Estado, ha señalado que cree que “no toca hacer una enmienda a la totalidad [en referencia a la reforma laboral de 2012] y, mucho menos, en unos momentos tan delicados como los actuales". Además, el financiero ha querido pedir que se deje el protagonismo a los agentes sociales: “Lo más importante es que dejemos discutir a quienes saben de esto, los representantes de los trabajadores y de los empresarios, que con el diálogo social han demostrado en el pasado que tienen gran capacidad de llegar a acuerdos”.

Más información

Lo más visto en...

Top 50