El Supremo prevé rechazar la pretensión del fiscal de inhabilitar ya a Quim Torra

El Tribunal Supremo se decanta por admitir y deliberar el recurso de Quim Torra contra la sentencia que lo inhabilitó durante un año y medio por desobediencia, lo que implica que el presidente de la Generalitat tiene asegurado poder mantenerse en el cargo hasta después del verano, según fuentes el alto tribunal. Aunque el Supremo tiene amplia jurisprudencia de desobediencia y Torra ha admitido que desobedeció, el tribunal considera que al tratarse de un aforado que no tiene otra opción de recurso se debe admitir a trámite su caso, lo que alarga los plazos para hacer firme la sentencia.

Quim Torra seguirá teniendo en su mano durante unos meses el calendario de los comicios autonómicos de Cataluña. Aunque si retrasa la convocatoria mucho más allá del verano puede acabar perdiendo la posibilidad de convocar elecciones. El futuro político del presidente de la Generalitat está pendiente del Tribunal Supremo, que tiene que decidir sobre el recurso presentado por Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a 18 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, al negarse a retirar de un balcón de la Generalitat una pancarta en apoyo a los presos del procés. Fuentes del alto tribunal señalan que el recurso no se rechazará de plano, lo que habría acelerado la inhabilitación definitiva de Torra, sino que se tramitará y se deliberará tras celebrar una vista que, previsiblemente, no se pueda señalar para antes del verano.

Aunque el caso de Torra no tiene especial interés casacional porque el Supremo tiene jurisprudencia de desobediencia (la más reciente, de cuatro miembros del Govern en la época de Artur Mas, incluido el expresidente), y pese a que el propio Torra admitió en el juicio que desobedeció la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos, el tribunal considera que se debe estudiar su caso para garantizar el derecho a la segunda instancia, siempre según las fuentes consultadas.

La decisión de la Sala de lo Penal va en contra de la opinión de la Fiscalía del Supremo, que en febrero pasado pidió que no se admitiera a trámite el recurso. Según el ministerio público, no debe ser admitido ninguno de los motivos alegados por el presidente catalán para impugnar el fallo, entre otros, que sufra “persecución política”, que la orden de la Junta Electoral vulnerara su libertad de expresión o que el tribunal catalán tuviera una decisión “predeterminada” sobre su causa.

Si el Supremo siguiera el criterio de la Fiscalía, se acortarían los plazos y Torra sería inhabilitado de forma exprés. La intención del tribunal, sin embargo, es celebrar una vista pública con la presencia del ministerio público y la defensa de Torra, una sesión que se prevé breve y tras la cual el caso quedaría visto para sentencia. Pero el tribunal ve difícil encajar esta vista en el calendario antes de que acabe julio. Los magistrados de la Sala de lo Penal han aprovechado el parón en los tribunales por el estado de alarma para avanzar en el estudio de las causas y la redacción de las resoluciones que cada uno de ellos tenían pendientes, pero después de un año en el que siete magistrados estuvieron muchos meses dedicados casi en exclusiva al procés, la sala tiene trabajo acumulado que en otras circunstancias ya habría terminado de resolver.

El plazo medio para dictar sentencia de la Sala de lo Penal oscila entre los ocho y los 11 meses a partir de la presentación del recurso. Pero esos plazos se han visto algo ralentizados en los últimos tiempos. Con todo, las fuentes consultadas señalan que el caso de Quim Torra, con un único acusado y un delito que cuenta con una amplia jurisprudencia, no tiene especial complejidad. La sentencia podría estar lista unas semanas después de celebrarse la vista.

Una vez que el presidente catalán admitió que desoyó la orden de la Junta Electoral al negarse a retirar los lazos y las pancartas de apoyo a los presos en plena campaña para las elecciones generales del 28 de abril, lo que tendrá que resolver el Supremo es si Torra estaba obligado a obedecer al órgano de control electoral. El tribunal catalán y la Fiscalía coinciden en que sí.