Unidas Podemos se suma a otros ocho partidos para pedir al Gobierno excarcelar presos por la pandemia

Unidas Podemos, socio en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha firmado junto a otros ocho partidos con representación parlamentaria un escrito en el que reclama al Ejecutivo la excarcelación de cientos de presos para evitar los contagios por coronavirus dentro de las prisiones. En concreto, las nueve formaciones firmantes ―además de la coalición de izquierdas, están PNV, ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, Más País, la CUP, el BNG y Compromís― piden la puesta en libertad de aquellos reclusos “que presenten especial vulnerabilidad ante la covid-19”, entre los que sitúa aquellos que sufran “patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad ―mayores de 65 años―, por conformar grupos de riesgo ante el contagio de la pandemia”. El documento esgrime para ello las recomendaciones en este sentido de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic.

El escrito también reclama que aquellos que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena (a partir de la cual un interno puede pedir la libertad condicional) sean excarcelados cuando “no presenten alto riesgo de reincidencia y/o presenten pronóstico favorable de reinserción social” independientemente de “la tipología o gravedad del delito” que hubieran cometido, en clara referencia a los presos de ETA. De los 211 etarras actualmente recluidos en cárceles españolas (hay otros 35 en prisiones de Francia), al menos 64 se encuentran en esta situación. Por Unidas Podemos firma el documento el dirigente de En Común Podem Jaume Asens, quien hace unas semanas ya pidió al Gobierno que se adoptaran medidas excepcionales para permitir a todos los presos clasificados en segundo ―régimen ordinario― y en tercer grado penitenciario ―semilibertad― que estuvieran disfrutando de permisos de salida antes de estallar la crisis pasaran a cumplir las penas en sus domicilios mientras dure la pandemia. Parte de estas medidas ya las había adoptado Interior a partir de marzo, al extender a más del 77% de los 7.182 presos en semilibertad la modalidad de cumplimiento de sus penas en casa vigilados mediante pulseras de control telemático.

De hecho, en el escrito conocido este lunes, los partidos admiten que Interior puso rápidamente “medidas para parar los contagios y evitar la propagación del virus, de cuya necesidad y oportunidad nadie duda”, pero reclama que se adopten otras nuevas. Entre ellas, “generalizar medidas de protección, examen de síntomas preventivo y diagnóstico rápido de personas en prisión”. También pide que se deriven “inmediatamente a centros hospitalarios de la red pública a quienes presenten síntomas o den positivo por enfermedad de covid-19”, y no se mantengan en las enfermerías de los presidios como se hace ahora con aquellos que no tienen síntomas de gravedad. También solicita que se facilite a los presos “conocimiento actualizado y accesible del desarrollo de la pandemia y de las medidas adoptadas, a nivel general y, en particular, dentro de las prisiones para prevenir y contener su propagación”.

Además, y tras la suspensión de las comunicaciones presenciales entre los internos y sus familias tras decretarse el estado de alarma a mediados de marzo, el escrito pide extender la gratuidad de las llamadas telefónicas entre los presos y sus allegados ―ya adoptada por Interior al inicio de la crisis para los reclusos sin recursos― y ampliar el recurso de las videollamadas “más allá de las actuales restricciones limitadas a circunstancias de enfermedad o urgencia familiar”. Instituciones Penitenciarias adquirió 205 teléfonos smartphone para facilitar estos contactos, aunque determinó que tenían preferencia aquellos internos con patologías graves que “hagan aconsejable un contacto con la familia y permitir dar a conocer visualmente a los familiares la evolución de su enfermedad”, de los que se tenga constancia que sufren “problemas familiares que no pudieran ser paliados por otras vías” y los que hayan sufrido el fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, o cuya pareja haya tenido un hijo. Antes de la epidemia, el reglamento preveía para estos casos permisos extraordinarios de salida, ahora suspendidos.

Finalmente, los nueve partidos reclaman que “cuando se inicie la desescalada” ―este lunes comienza en buena parte de España―, “se tengan en cuenta a las personas privadas de libertad y se aceleren las decisiones encaminadas a que las personas presas retomen las comunicaciones directas con sus familias y abogados”, suspendidas tras el decreto del estado de alarma. En este sentido, añaden la necesidad de proceder a un “acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que así lo soliciten, ya que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos”. Este acercamiento, añade el texto, “debiera iniciarse con los reclusos más alejados de sus domicilios y con los padres y madres de hijos mayores”. Para ello, pide que se retomen las llamadas conducciones (traslados en vehículos de la Guardia Civil de presos entre cárceles, reducidos a los imprescindibles desde el estallido de la pandemia) “con medidas higiénicas y de seguridad similares a las de otro tipo de transportes”.

Interior informó a finales de abril en una nota de prensa de que el impacto de la pandemia en las cárceles era cuatro veces inferior al impacto en la población general. El número de positivos total entre la población reclusa era, hasta este domingo, de 60 en una población de 50.800 internos, lo que supone una tasa de algo más de uno por cada mil internos, mientras que entre la población general esa tasa es de 4,3 positivos por cada mil habitantes. Hasta ahora se han producido seis fallecimientos por coronavirus en el ámbito penitenciario (dos reclusos y cuatro funcionarios). Además, Instituciones Penitenciarias tenía confirmados 318 contagios (258 trabajadores y 60 internos), de los cuales 158 ya han recibido el alta médica (144 trabajadores y 14 internos), según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias.

La plataforma Etxerat, integrada por familiares de presos de ETA y que reivindica su acercamiento, ha valorado “la implicación de los grupos firmantes respecto a los derechos de personas privadas de libertad” e incide en que “no se han tomado las medidas necesarias para garantizar su derecho a la salud y su derecho a la vida”, informa Juan Navarro. El colectivo aprecia la “preocupación” de los partidos por la desescalada y apoya las medidas propuestas. Etxerat ha aseverado que si no se acercan dichos presos “se repetirá la situación de marginación y vulnerabilidad que ya se ha dado en la gestión de la pandemia”.

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