Unidas Podemos pide a Interior que todos los presos que disfrutaban de permisos cumplan la condena en casa

Unidas Podemos pidió al Gobierno hace unas semanas que se adoptaran medidas excepcionales para permitir a todos los presos de segundo y tercer grado penitenciario que estuvieran disfrutando de permisos de salida antes de estallar la crisis del coronavirus cumplir las penas en sus domicilios mientras dure la pandemia. La medida beneficiaría a los líderes independentistas condenados por el procés. La iniciativa, liderada por En Comú Podem, fue trasladada al Ministerio del Interior en un documento que justifica que las medidas adoptadas en las cárceles para prevenir los contagios por la pandemia, como la suspensión de visitas de familiares o la suspensión de los permisos de salida, representan "un riesgo seguro para el equilibrio físico y psíquico de los penados”.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido en una entrevista en Europa Press que, de salir adelante, la aprobación podría “tener un efecto colateral” con los presos independentistas que cumplen condena si la Generalitat, con competencia en prisiones, aplica también esta medida. Asens ha recordado que, entre otros, reclusos como el hijo de Jordi Pujol e Iñaki Urdangarin podrían beneficiarse de su aprobación. Fuentes de la formación señalan que, a pesar de que han pasado varias semanas desde que se le hizo llegar esta petición al Ministerio, aún no han recibido respuesta.

Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, apela a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) que, según detalla el documento, “acentúan la necesidad de afrontar la pandemia en el sistema penitenciario con la máxima flexibilidad y urgencia”. Interior impuso las primeras restricciones en las cárceles antes del decreto del estado de alarma y las endureció el 15 de marzo, prohibiendo visitas de familiares y permisos de salida, así como la entrada de personal ajena a Instituciones Penitenciarias. Además, comenzó a permitir a los presos en tercer grado o semilibertad poder cumplir sus condenas en prisión sometidos a control telemático. Hasta la fecha, cerca de 3.000 reclusos se han beneficiado de esta medida tras comprometerse por escrito a cumplir el confinamiento.

Unidas Podemos incide en esta medida y pretende extenderla a los reclusos en segundo grado u ordinario, que en la actualidad son cerca de 35.000 de los 50.800 que hay en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior. Para ello propone que la policía pueda “efectuar controles aleatorios” para vigilar que el confinamiento domiciliario de los presos se cumple y que, de no ser respetado, se les advierta de que incurrirían en delitos de desobediencia y de quebrantamiento de condena. Además, el texto señala que la estancia en el domicilio “computará en la liquidación de condena” y perdurará hasta que sea restituida la normalidad.

La propuesta también apela a que la reducción de población reclusa permitirá “reducir los riesgos de contagio” en las cárceles. Sin embargo, el Ministerio del Interior informó el pasado miércoles de que el impacto de la pandemia en estos centros es cuatro veces inferior al impacto en la población general. El número de positivos total entre la población reclusa es de 53, lo que supone una tasa de poco más de uno por cada mil internos, mientras que entre la población general esa tasa es de 4,3 positivos por cada mil habitantes. Hasta el pasado jueves, se habían producido cinco fallecimientos por coronavirus en prisiones (dos reclusos y tres funcionarios). Además, Instituciones Penitenciarias tenía confirmados 302 casos (249 trabajadores y 53 internos), de los cuales 111 habían recibo ya el alta hospitalaria (98 trabajadores y 13 internos).

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