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Los últimos 69 niños en las cárceles españolas

La pandemia acelera el descenso del número de reclusas que permanecen junto a sus hijos menores de tres años en recintos penitenciarios

Óscar López-Fonseca
Entrada a la Unidad externa de Madres Jaime Garralda, en Madrid, para reclusas con hijos menores de tres años.
Entrada a la Unidad externa de Madres Jaime Garralda, en Madrid, para reclusas con hijos menores de tres años.Ó. L.-F.

Las medidas de aislamiento impuestas por el Ministerio del Interior para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus en las cárceles ha acelerado el progresivo descenso registrado en los últimos años del número de reclusas encarceladas en recintos penitenciarios junto a sus hijos. De las 87 presas que permanecían con sus pequeños –siempre menores de tres años– en los diferentes módulos y unidades externas de madres dependientes de Instituciones Penitenciarias a finales de 2019 se ha pasado, cuatro meses después y tras el decreto del estado de alarma, a 69, según datos penitenciarios a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La reducción se ha producido tras instalar pulseras de control telemático a parte de las madres para que sigan cumpliendo las penas en sus domicilios y trasladando a otras a pisos de acogida gestionados por ONG que colaboran en la reinserción de estas mujeres.

De las madres que permanecen en prisión con sus hijos, 61 de ellas están ingresadas en los módulos específicos existentes para ellas en las prisiones de Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde hay 14; la de Valencia, con 16; y la de Aranjuez (Madrid) –incluidas las que están en el módulo de familia de la misma cárcel–, con 31. Se trata de instalaciones separadas arquitectónicamente del resto de la cárcel y en las que existen escuelas infantiles para los pequeños. Estas mujeres son o presas preventivas –y, por tanto, su situación depende el juez que instruye su causa– o están clasificadas en primer o segundo grado penitenciario por haber sido condenadas por delitos muy graves o tener aún largas penas que cumplir, aclaran fuentes penitenciarias.

Las que sí han quedado casi vacías son las tres unidades de madres externas existentes, recintos situados junto a sendos Centros de Inserción Social (CIS) y “cuyo objetivo es crear un ambiente adecuado para que los niños puedan desarrollarse emocional y educativamente durante el tiempo que tengan que permanecer en el centro”. A estas unidades, cuyas instalaciones no tienen aspecto de prisión, son destinadas a internas clasificadas en tercer grado o semilibertad o que, aunque están en segundo grado, se les aplica el artículo 100.2 de Reglamento Penitenciario que permite flexibilizar su régimen de vida en prisión. Así, en la unidad externa de madres de Palma de Mallorca permanecen únicamente dos presas con sus hijos; en la de Sevilla, otras dos, y en la de Madrid, cuatro.

Prisiones admite que el número de presas en estas unidades externas podía ser incluso menor, pero la falta de arraigo de algunas de ellas o la ausencia de una vivienda donde pudieran alojarse para seguir cumpliendo sus penas han aconsejado mantenerlas junto a los menores en estos recintos mientras duren las medidas de confinamiento. Otras internas con hijos han sido trasladas a pisos de acogida, donde en la actualidad hay 10, o se les ha enviado a sus domicilios sometidas a control telemático mediante una pulsera electrónica o llamadas de teléfono. En esta situación se encuentran ya 37 mujeres, incluidas las que había antes de que estallara la crisis sanitaria.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias destacan que la tendencia a reducir el número de menores en los centros penitenciarios no es nueva, aunque admiten que se ha acelerado por la situación sanitaria creada por el coronavirus. En una reciente respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ministerio del Interior ya señalaba que desde el departamento "se favorece, siempre que las circunstancias lo permitan, la progresión de grado de las madres [a la semilibertad] para que los menores estén el menor tiempo posible en los centros penitenciarios”. Una postura que es confirmada por Lourdes Gil, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria: “Cuantos más niños podamos sacar de prisión mejor, pero no siempre se puede aplicar la medida”.

Las cifras de los últimos 11 años, recogidos en la respuesta parlamentaria del Gobierno, recogen esa reducción. Así, en 2009 había 193 reclusas junto a sus hijos en módulos y unidades específicas. Al año siguiente eran 166 y en 2011, 137. La cifra se mantuvo por encima de 100 hasta 2016, año que terminó con 89. Para entonces, Instituciones Penitenciarias ya había cerrado por falta de ocupación cuatro de los siete módulos de madres que tenía en otras tantas cárceles. Desde entonces el número de reclusas encarceladas junto a sus hijos ha sido siempre inferior 90 hasta que, ahora, se ha situado en su cifra más baja: 67. “Tratamos que las juntas de tratamiento valoren caso a caso la situación de cada madre y su hijo, y se suele aceptar la propuesta que hagan sobre su clasificación, pero solo se las pasa al tercer grado [o semilibertad] si reúnen los requisitos. Con la crisis del coronavirus ha pasado lo mismo”, aclara la coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.

Desde el inicio de la pandemia y hasta el pasado martes, Instituciones Penitenciarias ha confirmado la infección por el coronavirus de 254 trabajadores y 56 internos. Sin embargo, no ha habido ningún caso de reclusa que conviva con sus hijos. No obstante, el primer positivo de un trabajador fue el de una técnico del jardín de infancia de la cárcel de Aranjuez que cuidaba a los niños de las presas. Entonces, Prisiones aisló el módulo de madres entero y, al menos, una presa y dos menores que habían estado en contacto con esta empleada y presentaron un cuadro de fiebre fueron sometidos a un estrecho control médico. Las pruebas posteriores descartaron que la mujer o los pequeños se hubieran contagiado.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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