La crisis del coronavirus

Interior decide aislar sus 69 centros penitenciarios

La medida afecta a los 50.800 reclusos y 23.000 funcionarios de prisiones

La cárcel de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid.
La cárcel de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid.Álvaro García

Solo 48 horas después de aislar los 12 centros penitenciarios de Madrid, La Rioja y Vitoria para evitar la propagación de coronavirus, y de extender después la medida a otras cuatro prisiones, el Ministerio de Interior decidió aplicar este jueves medidas de restricción de movimientos a sus 69 cárceles y Centros de Inserción Social (CIS). En ellas trabajan unos 23.000 funcionarios y permanecen recluidos 50.800 presos, catalogados como “colectivos de alto riesgo” ante la enfermedad. Hasta la fecha hay confirmados dos casos de infección dentro de las prisiones: una trabajadora del jardín de infancia de la cárcel de Aranjuez (Madrid) encargada de trabajar con los niños menores de tres años que conviven son sus madres recluidas, y un interno de la prisión alavesa de Zaballa. La medida no afecta a las prisiones de Cataluña, que gestiona la Generalitat.

A partir de ahora, en los 69 centros penitenciarios estarán prohibidas todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas (los llamados vis a vis) y solo se permitirá a los presos contactar con sus familiares, amigos y abogados a través de locutorios separados por una mampara de cristal. La asistencia religiosa también será en estos espacios. Además, solo podrán acceder desde el exterior los funcionarios de prisiones, trabajadores o personal extra penitenciario “cuya labor sea imprescindible”. No podrán entrar, por ejemplo, voluntarios de ONG u otras entidades colaboradoras.

La actividad docente dentro de las cárceles quedará a expensas de las decisiones de las autoridades educativas y se suspenderán las salidas programadas para actividades incluidas en los tratamientos de reinserción en las que los reclusos van acompañados de funcionarios. También se han suspendido con carácter general los traslados de internos fuera de las cárceles (las llamadas conducciones) y solo se mantendrán aquellos que obedezcan “a razones excepcionales, sanitarias o judiciales”. Las medidas están siendo comunicadas a los reclusos mediante charlas y anuncios en los tablones de anuncios por la dirección de cada uno de los centros, los equipos técnicos y los funcionarios de vigilancia, sin que se hayan registrado incidentes hasta el momento, según Prisiones.

Las medidas no suponen, sin embargo, suspender los permisos ni las salidas contempladas en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el que se aplica a Iñaki Urdangarin. No obstante, tanto los que disfruten de estos beneficios penitenciarios como los nuevos ingresos serán sometidos a controles sanitarios en módulos separados del resto de internos. Los penados en tercer grado continuarán con su régimen de semilibertad. También continuará las actividades en los talleres productivos existentes dentro de las prisiones, aunque se restringirá la entrada de monitores de empresas externas al “mínimo indispensable”.

Para compensar las restricciones en las comunicaciones de los internos —previstas inicialmente para 14 días—, Interior permitirá a los reclusos realizar más llamadas telefónicas a la semana, según admiten desde Prisiones. Así, ahora podrán realizar 15 llamadas cada siete días, en lugar de las 10 habituales. Y a los presos sometidos por orden judicial al control de sus comunicaciones se les permitirán 12 frente a las ocho que podían hacer hasta ahora. Prisiones ha pedido a los directores de las cárceles que den “la máxima publicidad entre la población reclusa” a esta última medida para evitar situaciones como los graves incidentes registrados recientemente en las cárceles italianas.

Los sindicatos de funcionarios de prisiones creen que las medidas adoptadas son insuficientes y reclaman más restricciones. Acaip-UGT, el mayoritario entre los trabajadores penitenciarios, ha solicitado a Interior que no se concedan permisos y se impida la entrada de paquetes para los reclusos, además de reclamar que se paralice la actividad en los talleres en los que trabajan dentro de las cárceles los internos, entre otras medidas.

Las cárceles, al concentrar un elevado número de personas en régimen de reclusión, es uno de los principales puntos de riesgo para la expansión de la enfermedad. De hecho, desde que estalló la crisis del coronavirus, Instituciones Penitenciarias ya ha dictado tres instrucciones internas en las que ha ido endureciendo de manera progresiva las medidas de control. En la primera, del 4 de febrero ―cuando aún no se había registrado ningún caso positivo de coronavirus en España―, se recalcaba la necesidad de adoptar las medidas de higiene difundidas por el Ministerio de Sanidad e indicaba cuándo se debían utilizar mascarillas y guantes desechables tanto por los funcionarios como por los presos. La circular ya apuntaba que en el caso de detectarse que un interno pudiera estar enfermo “se le aislará en celda individual y la puerta permanecerá cerrada”.

Trabajadora en la prisión de Aranjuez

Esta instrucción estuvo en vigor un mes, hasta que la semana pasada, justo un día antes de que se conociera que una trabajadora de la cárcel de Aranjuez había dado positivo, Prisiones remitió un oficio a todas las cárceles con nuevas “medidas de prevención y actuación” ante el coronavirus. En el documento, Instituciones Penitenciarias recomendaba tomar medidas preventivas en el caso de “internos procedentes de las zonas de riesgo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) y las autoridades nacionales determinen” o aquellos que “hayan tenido contacto con personas procedentes de dichas zonas”, además de todos aquellos que muestren “algún síntoma compatible con la infección por la Covid-19”.

Así, ordenaba que en estos casos se les aislase durante 14 días en el módulo de ingresos “en celda individual” y que se evitase que entrasen en contacto con otros internos. También prohibía que fueran trasladados a otras cárceles durante la cuarentena y, en caso de que fueran requeridos por un juzgado, ordenaba que se informase a este de la situación en que se encontraban. Si se decretaba su libertad, ordenaba que se comunicara "urgentemente a la autoridad sanitaria y judicial correspondiente” la excarcelación para que fueran estás las que determinaran cómo actuar.

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