Hacienda abre la puerta a dar más manga ancha fiscal a los Ayuntamientos

Los Ayuntamientos españoles quieren ganar protagonismo con medidas anticrisis para paliar las lesiones económicas causadas por el coronavirus. La Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP) presiona para desbloquear los fondos que las corporaciones locales llevan acumulando desde 2012 a golpe de superávit: 28.000 millones de euros. Hacienda está estudiando la propuesta. Y la Autoridad Fiscal Independiente ve razonable esa solicitud, pero con matices: está a favor de dar manga ancha fiscal, pero sin incurrir en déficit ni convertir esos desembolsos en gasto estructural, según asegura a este diario.

Las corporaciones locales ya tienen más dinero en la hucha que deuda: los ahorros que guardaban en depósitos al cierre de 2019 superaban los 28.000 millones de euros, según el Banco de España, frente a un endeudamiento de unos 23.000 millones, la mayoría con el Estado. Esa pequeña fortuna —que supera la caída de ingresos estimada para 2020 por el Gobierno— es sin embargo intocable por el corsé de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. A la fuerza ahorcan: ante una crisis sin precedentes y bajo la presión de la FEMP, Hacienda estudia liberar por lo menos parte de ese dinero.

Ya en marzo, el Gobierno permitió que los municipios emplearan hasta 300 millones de los más de 3.800 millones de superávit conjunto logrado en 2019 ante la crisis. Hacienda impuso entonces ciertas restricciones para que no se gastaran de cualquier forma. Pero los Ayuntamientos quieren abrir más ese grifo. “Una infausta de ley de Montoro nos obliga a pedir permiso para gastar ese dinero. No puede ser que los vigilantes no cumplen y los vigilados sí”, lamenta el socialista Abel Caballero, presidente de la FEMP y alcalde de Vigo.

Los Ayuntamientos han acumulado ahorros durante los últimos años mientras comunidades y Seguridad Social agrandaban su agujero. La regla de gasto es el gran cerrojo que impide invertir más: este mecanismo, calculado a partir de los ingresos estimados del ejercicio, frena la expansión de los desembolsos en épocas de bonanza para garantizar la estabilidad presupuestaria. Los municipios, que tienen prohibido incurrir en déficit, piden ahora gastar sus ahorros sin que esto compute para calcular los objetivos fiscales, y contribuir así en la fase de recuperación.

La FEMP, en fin, pide manga ancha fiscal y a la vez reclama un fondo adicional al Gobierno para cubrir las necesidades de los Ayuntamientos menos virtuosos. “Son medidas razonables, que fueron planteadas con anterioridad a la crisis; somos mayores de edad administrativamente hablando”, apunta el popular José María García Urbano, alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP. Los municipios llevan años reclamando más flexibilidad, y el año pasado Hacienda se mostró dispuesta a hacer ciertas concesiones. Los alcaldes no contemplan asumir más competencias, como la dependencia, sin tener aparejado un aumento de la financiación. Algo que la Airef sugirió en 2017, con el actual ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, aún al mando.

El buen comportamiento fiscal de los Ayuntamientos no solo es fruto de rigor; los impuestos municipales, como el IBI, están menos sujetos a los vaivenes cíclicos y su recaudación no caen tanto en momentos de crisis como otras figuras que se resienten cuando aumenta del paro (IRPF) o baja del consumo (IVA). “También su gasto es menos sensible al ciclo, porque en parte tiene que ver con servicios como el alumbrado o la recogida de basuras”, añade Ángel de la Fuente, director de Fedea. “Ahora que ese dinero ahorrado se necesita no tiene por qué estar congelado, mientras los alcaldes no se salten la regla de gasto”.

Fuentes de la Airef explican que la Ley de Estabilidad prevé una cláusula de escape en circunstancias excepcionales, al igual que las reglas europeas, pero solo para Estado y comunidades. El organismo no ve razonable que los Ayuntamientos queden excluidos de esta posibilidad. Y aboga por emplear los remanentes a cambio de que no incurran en déficit en 2020 y que los gastos sean temporales y destinados a la crisis. “Lo que pase en 2020 bienvenido sea para sostener las rentas de las familias y el tejido productivo. Por lo tanto habrá que aprobar un plan de reequilibrio con una senda creíble para los próximos años y volver a la estabilidad en 2021”, dicen las mismas fuentes a este diario.

Una posición que comparte Raymond Torres, de Funcas. “La filosofía general es hacer todo lo que sea necesario para suavizar el impacto sobre la economía”. Pero, subraya, tiene que ser “de manera temporal”. Sin las corporaciones locales, España no hubiera logrado mantener en 2019 el déficit por debajo del umbral del 3% del PIB que fija Bruselas. Y la nueva normalidad que se asoma tras tempestad implicará un día u otro la necesidad de apretarse el cinturón.

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