El Gobierno justifica nuevos gastos en el panteón de Franco en su “evidente singularidad”

El Gobierno esgrime la “evidente singularidad” y “repercusión pública” que tiene el panteón del cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo Madrid) en el que fue enterrado Francisco Franco el 24 de octubre para justificar el desembolso de 51.546 euros, IVA incluido, que hará en los próximos dos años para dar seguridad tanto a la construcción funeraria como al “entorno en el que se sitúa”. En Mingorrubio se encuentran enterrados, además de Franco, numerosos dirigentes de su dictadura. Así lo recoge el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado de EH-Bildu Jon Iñarritu, en la que también recuerda que el panteón forma parte desde abril de 2019 del patrimonio de la Administración General del Estado y, por tanto, corresponde al Estado “hacerse cargo del coste de las reparaciones, limpieza y contratación de la seguridad que puedan ser necesarias”.

Esta es la tercera partida que se destina a vigilar el panteón después de que a finales del año pasado se instalasen dispositivos electrónicos de seguridad en el cementerio en el que invirtieron 6.532 euros, y que en enero el Gobierno reemplazara a los policías que habían custodiado el lugar por vigilantes privados. Entonces, se formalizó un contrato por 54 días por el que se pagaron 17.424 euros. Anteriormente el Estado había gastado en la exhumación del dictador otras partidas, entre ellas cerca de 40.000 euros en “obras de adecuación del lugar”, 2.069 en los servicios de inhumación o 34.000 euros en el programa especial que el día del traslado de los restos de Franco realizó TVE.

Dos ofertas

Antes del primer contrato de seguridad, el Ministerio de Hacienda ya había iniciado la licitación del contrato de vigilancia del panteón para los próximos 24 meses. Al concurso, realizado sin publicidad, fueron invitadas ocho empresas, de las que solo dos presentaron ofertas. Finalmente se hizo con la adjudicación por presentar “la oferta económica más ventajosa” la unidad temporal de empresas Ariprem, formada por las sociedades Ariete Seguridad, Aime Seguridad y Prem. La primera fue la que se había hecho con el contrato de 54 días. El contrato se formalizó el 9 de marzo y entró en vigor dos días más tarde. Estará en vigor hasta marzo de 2022. El Ejecutivo había fijado un valor máximo para el contrato de 67.166 euros.